El avance de liderazgos y discursos de derecha en América Latina dejó de ser una anomalía para convertirse en una tendencia estructural, impulsada principalmente por el temor social a la inseguridad. Así lo advierte un análisis del Financial Times, que detecta un respaldo ciudadano creciente a propuestas de mano dura, incluso cuando estas implican un fuerte endurecimiento policial o penitenciario.

El fenómeno se profundizó tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro el 3 de enero, en un operativo de los Estados Unidos en Caracas que obtuvo un 60 % de aprobación regional, según una encuesta de AtlasIntel. El dato resulta revelador: una mayoría de la ciudadanía latinoamericana avaló una intervención extranjera directa en nombre del combate al crimen.

Lejos de la narrativa histórica que asociaba estas políticas exclusivamente a la derecha, hoy la seguridad pública atraviesa todo el arco ideológico, empujando también a dirigentes progresistas a revisar sus posturas frente al delito organizado.

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El “efecto Bukele” y la legitimación del encarcelamiento masivo

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El caso del presidente salvadoreño Nayib Bukele se convirtió en el principal faro del nuevo consenso regional. Su política de encarcelamiento masivo logró reducir drásticamente los homicidios y transformar a El Salvador de uno de los países más violentos del mundo en uno de los más seguros de América Latina.

Ese resultado otorgó legitimidad política a un modelo que hoy inspira a mandatarios y candidatos de toda la región. El Financial Times señala que figuras como Javier Milei y el chileno electo José Antonio Kast reconocen influencias —directas o indirectas— del esquema impulsado desde San Salvador.

Los datos acompañan el giro: según Ipsos, el 55 % de los latinoamericanos considera a la delincuencia y la violencia como su principal preocupación, muy por encima del 34 % promedio mundial. En Chile, esa cifra asciende al 62 %.

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Centroamérica, Chile y el giro regional

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En Chile, Kast logró una victoria arrolladora frente a una candidata comunista al centrar su campaña en el control de fronteras, la migración irregular y el combate a las bandas criminales. Su estrategia incluyó una visita a la mega-cárcel Cecot de El Salvador, con capacidad para 40.000 internos, símbolo del modelo Bukele.

En Costa Rica, un país históricamente reacio a la militarización, el mandatario saliente Rodrigo Chaves anunció junto a Bukele la construcción de una cárcel de máxima seguridad de USD 35 millones, destinada a 5.100 reclusos. La candidata oficialista Laura Fernández, favorita en las encuestas, promete un enfoque aún más estricto contra el crimen organizado.

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Argentina y Perú: la inseguridad como prioridad electoral

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La percepción de inseguridad también reordena la agenda pública en países tradicionalmente dominados por la discusión económica. En Argentina, un sondeo de D’Alessio Irol indica que dos tercios de los ciudadanos ubican a la violencia como prioridad desde diciembre.

Milei incorporó la seguridad como eje central de su “batalla cultural”, responsabilizando al peronismo de haber “convertido este país en un baño de sangre”.

En Perú, el favorito presidencial Rafael López Aliaga propone cadena perpetua para delitos graves y define la situación como “terrorismo urbano”. Los números respaldan la alarma: en los primeros nueve meses de 2025 se registraron 20.705 casos de extorsión, un 29 % más que en 2024, y 2.213 asesinatos, el máximo desde 2017.

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Colombia, México y Brasil: endurecimiento con límites

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En Colombia, el abogado ultraconservador Abelardo de la Espriella lidera el espacio de derecha con el 22 %, según Gad3, prometiendo combatir al crimen con “puño de hierro”. Su principal rival es el senador Iván Cepeda, respaldado por el presidente Gustavo Petro.

Incluso gobiernos de izquierda endurecieron su discurso. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum abandonó la consigna de “abrazos, no balazos”, mientras que en Uruguay Yamandú Orsi llegó a citar a Bukele como “ejemplo a estudiar”.

Brasil aparece como la excepción relativa. El presidente Lula da Silva, con 46 % de aprobación, se beneficia de mejoras económicas —ingresos reales en alza y desempleo mínimo— que podrían frenar un giro conservador pleno, según el analista Christopher Garman.

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Violencia, política y el riesgo de infiltración criminal

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La centralidad de la seguridad trae consecuencias preocupantes. En Río de Janeiro, la policía mató a 420 civiles en los primeros 11 meses de 2025, mientras que en México se documentaron 37 asesinatos de candidatos antes de las elecciones de 2024, de acuerdo con Integralia.

Para la analista Elizabeth Dickinson, el problema es claro: “predomina un instinto de mano dura por sobre planes sólidos y sostenidos”.