El gobierno municipal de Florencio Varela resolvió revocar la concesión que durante años mantuvo la empresa Transportes San Juan Bautista, perteneciente al grupo MOQSA, un conglomerado con fuerte presencia en el sur del Conurbano bonaerense.
La decisión quedó plasmada en un decreto firmado por Watson, donde se establece que la empresa debe garantizar la continuidad del servicio mientras dure el proceso de readecuación de las líneas y regularizar el pago de salarios adeudados a los trabajadores. El texto es claro: ante nuevos incumplimientos, el Municipio avanzará con acciones legales.
La medida se inscribe en un conflicto de larga data entre la gestión local y la compañía, marcado por interrupciones reiteradas del servicio, deficiencias graves en las unidades y demoras salariales que derivaron en paros y barrios aislados.
El conflicto escaló luego de operativos municipales que detectaron alrededor de 35 colectivos fuera del límite de antigüedad permitido. Entre noviembre y enero, el intendente envió varias cartas documento exigiendo la renovación del parque automotor, sin obtener respuestas concretas.
Posteriormente, nuevas inspecciones determinaron que 66 unidades presentaban fallas estructurales y de seguridad. A esto se sumó un incumplimiento clave: la empresa nunca instaló cámaras de seguridad en los colectivos, pese a tratarse de una exigencia legal en la provincia de Buenos Aires.
Estas irregularidades fueron analizadas la semana pasada en una mesa de trabajo institucional, integrada por funcionarios del Ejecutivo, concejales y representantes del sector empresario.
En enero, Watson había decretado la emergencia en el Transporte Público, un instrumento legal que permitió comenzar a intervenir de forma más directa en el sistema. Lejos de descomprimirse, el conflicto se profundizó: aumentaron los paros, se redujeron frecuencias y varios barrios de Varela quedaron prácticamente incomunicados.
“El proceso fue complejo y respetó los plazos institucionales necesarios para construir un diagnóstico certero”, explicó Christian Rodríguez, secretario general de Gestión Pública del Municipio.
La emergencia fue, según el oficialismo local, el primer paso para reconfigurar el mapa del transporte, romper lógicas monopólicas y avanzar hacia un esquema más controlable y eficiente.
El escenario se agrava porque en Florencio Varela también opera la línea 148, explotada por la empresa El Halcón, que también integra el grupo MOQSA. A diferencia de las líneas locales, esta es de jurisdicción nacional, por lo que el Municipio no tiene potestad directa.
Según fuentes del sector, la línea “agoniza” y no hay intervención del Gobierno nacional, lo que podría generar un efecto arrastre sobre el resto del sistema de transporte en el distrito y la región.
Se revocó la concesión de 9 líneas de colectivos en Florencio Varela.
La empresa deberá seguir prestando el servicio durante la transición.
Se detectaron 66 unidades con fallas graves y 35 fuera de norma por antigüedad.
Nunca se instalaron cámaras de seguridad, pese a estar reglamentadas.
El Municipio analiza empresas locales más chicas para reemplazar recorridos.
El reemplazo de las líneas que dejará Transportes San Juan Bautista no será inmediato. En el radar del gobierno local aparecen empresas más pequeñas, con estructuras acotadas pero capacidad para absorber algunos recorridos estratégicos.
El objetivo oficial es evitar un nuevo monopolio, garantizar frecuencias estables, mejorar las condiciones laborales y recuperar la confianza de los usuarios, en un distrito donde el colectivo es un servicio esencial para miles de vecinos.