El cuarto paro general convocado por la CGT dejó un dato político central: el nivel de adhesión fue alto y superó al de la medida anterior. Ese respaldo reabrió un interrogante de fondo dentro del sindicalismo argentino: qué hacer ahora frente a la inminente sanción de la reforma laboral.
La discusión se aceleró por el calendario parlamentario. El proyecto será tratado el viernes 27 en el Senado y el margen para definir una respuesta es limitado. Por eso, la conducción cegetista prevé una reunión entre lunes y martes, donde se evaluarán distintas alternativas de protesta y la estrategia a mediano plazo.
A diferencia de otros debates, esta vez la discusión no pasará por el Consejo Directivo —un ámbito de casi 50 integrantes, señalado por su dificultad operativa— sino por la mesa chica, integrada por entre 8 y 10 dirigentes. El objetivo es evitar sobreactuaciones y concentrar la toma de decisiones.
Para el actual triunvirato, que asumió el 5 de noviembre, el paro funcionó como una validación política. Hasta ahora, sectores internos cuestionaban su experiencia para conducir un conflicto de esta magnitud. El nivel de acatamiento fortaleció su liderazgo en un momento crítico.
Uno de los elementos decisivos fue la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor. El gremio de colectiveros, históricamente reacio a sumarse a paros generales, tuvo esta vez un rol clave.
El sindicato que conduce Roberto Fernández había quedado fuera de la CGT meses atrás, pero una gestión directa del cotitular Jorge Sola logró torcer la postura. Con la excepción de dos empresas, el jueves circularon pocos colectivos, amplificando el impacto de la huelga.
El paro fue impulsado por los tres cotitulares de la central, entre ellos Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, en un contexto marcado por el rechazo social a artículos sensibles del proyecto, como el artículo 44, que reducía ingresos ante accidentes o enfermedades laborales.
En la conferencia de prensa posterior a la medida, Jerónimo elevó el tono político al cuestionar a los “gobernadores inescrupulosos” que acompañaron la reforma y advertir que “recién empieza el plan de acción”. La frase “no vamos a parar hasta que cambie el rumbo político y económico” encendió alertas incluso dentro del sector dialoguista.
Puertas adentro, el escenario está abierto. Las alternativas que se discutirán incluyen:
Otro paro de 24 horas el día de la sesión en el Senado.
Paro de 36 horas con movilización.
Movilización al Congreso sin paro general.
Postergar medidas y apostar a una estrategia judicial, con una marcha al Palacio de Tribunales cuando se impugne la ley, como ocurrió el 27 de diciembre de 2023 contra el DNU 70.
Un directivo cegetista resumió el clima: “Está todo sobre la mesa. La movida fue muy importante y ahora hay que ser estratégicamente exitosos”.
El debate se da bajo la presión creciente del ala más combativa. El titular de la Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlán, avanzó con un paro propio y se movilizó al Congreso junto al Frente de Sindicatos Unidos, que impulsa un paro de 36 horas con movilización inicial.
Desde ese espacio también surgieron propuestas de paro por tiempo indeterminado, planteadas por Daniel Yofra y Omar Maturano, referentes que buscan radicalizar la protesta.
En paralelo, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte propone una estrategia de paros sectoriales rotativos, inspirada en el modelo francés, para evitar un “paro dominguero”, según el entorno de Juan Carlos Schmid.
Del otro lado, el sector moderado plantea capitalizar el paro para seguir negociando. Con la reforma laboral casi sancionada y algunos puntos sensibles a salvo —como las cuotas solidarias y los fondos de obras sociales—, hay dirigentes que priorizan influir en la reglamentación y preservar la gobernabilidad sindical hasta 2027.
La interna quedó en pausa por el paro, pero todo indica que volverá a tensarse en los próximos días. Y a ese escenario se suma otro foco de conflicto: a menos de 10 días del inicio de clases, sin oferta salarial, los gremios docentes de la CGT, encabezados por la Unión Docentes Argentinos que lidera Sergio Romero, evalúan medidas que podrían complicar el comienzo del ciclo lectivo.