El conflicto por una banca de diputado nacional en Neuquén escaló al máximo nivel judicial. El dirigente Martín Pedemonte confirmó que su reclamo llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de que instancias inferiores rechazaran su planteo.
El eje de la disputa gira en torno a la vacante que dejó la renuncia de Nadia Márquez. Pedemonte sostiene que, de acuerdo al orden oficial de las elecciones 2023, le corresponde asumir como segundo titular de la lista.
Sin embargo, sectores políticos impulsaron la designación de la suplente Gabriela Muñoz, lo que desató una fuerte controversia jurídica e institucional.
Según el planteo presentado ante la Corte, reemplazar a un titular por una suplente sin respetar la lista original implicaría alterar la voluntad popular expresada en las urnas.
El caso también abre un debate sobre:
Pedemonte fue claro al advertir el impacto del expediente:
“Este caso, más allá del resultado, va a sentar un precedente jurídico sobre quién debe ocupar una banca cuando el titular decide asumir otro cargo”.
La Corte deberá ahora resolver si admite el recurso extraordinario. En caso de avanzar, el fallo podría transformarse en un leading case para futuras disputas en todo el país.
La figura de Gabriela Muñoz quedó en el centro de la polémica no solo por esta disputa, sino también por su designación en la ANSES Neuquén.
Sin antecedentes en gestión pública, su perfil tomó notoriedad por su actividad como cantante en redes sociales y su cercanía con el espacio de Javier Milei.
El nombramiento reavivó cuestionamientos internos dentro de La Libertad Avanza, especialmente tras denuncias del ex candidato neuquino Carlos Eguía, quien había advertido sobre presuntos pedidos de cargos para personas del entorno presidencial.
Eguía incluso afirmó que recibió presiones para designaciones políticas tras las elecciones de 2023, lo que derivó en su alejamiento del espacio.
La decisión de la Corte no solo resolverá una disputa puntual en Neuquén. También podría redefinir las reglas sobre:
Por ahora, no hay plazos definidos para el fallo. Pero en el ámbito político ya coinciden en algo: lo que se decida marcará el rumbo de futuros conflictos similares en todo el país.