Una cadena de decisiones tardías derivó en una situación insólita para la administración pública: el embargo de cuentas municipales por una deuda que ya había sido saldada, pero fuera de término.

El hecho fue expuesto por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires al analizar la rendición de cuentas 2022, donde se identificó un gasto extra originado por el incumplimiento de una sentencia judicial firme.

La historia se remonta a 2017, cuando la comuna fue condenada en una causa iniciada por Unilever de Argentina SA bajo una “pretensión anulatoria”. La Justicia ordenó el pago en 2019, pero el municipio recién lo concretó en julio de 2020.

Ese retraso fue determinante. Para entonces, la empresa ya había iniciado la ejecución de sentencia, un mecanismo legal que se activa cuando la parte condenada no cumple en tiempo y forma.

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Embargo y aumento del costo original

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El impacto más visible fue el embargo de las cuentas municipales, una medida judicial destinada a garantizar el cobro de la deuda.

Pero el problema no terminó ahí. La demora generó una escalada de costos:

Lo que tenés que saber:

• La deuda original rondaba los $60.000
• Con intereses y honorarios, superó los $107.000
• El perjuicio económico estimado fue de $74.000
• El incremento se debió exclusivamente a la mora administrativa

Según el organismo de control, no se trató de un nuevo conflicto judicial, sino de costos evitables derivados de no cumplir a tiempo una obligación ya definida.

La propia municipalidad reconoció la situación mediante un decreto en 2022, en el que ordenó saldar el monto restante para cerrar el expediente.

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Responsabilidades bajo la lupa

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El Tribunal de Cuentas avanzó con cargos económicos contra el intendente Guillermo Britos y la directora de Asuntos Legales, Carmen Norma La Ruina.

Los intentos de trasladar la responsabilidad a un abogado externo no prosperaron. El organismo consideró que no hubo un control adecuado del proceso judicial.

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Una falla de gestión, más allá del juicio

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El caso deja una conclusión clara: el problema no fue solo perder el juicio, sino la gestión posterior.

La demora administrativa generó un efecto en cadena:

• Ejecución judicial
• Embargo de fondos
• Intereses por mora
• Honorarios legales

Todo por no cumplir en tiempo y forma.

Se trata de un caso de bajo impacto económico, pero significativo en términos de gestión pública: el municipio terminó pagando más y enfrentando un embargo por una obligación que ya estaba resuelta.