A mediados del año pasado, Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, quedó en el centro de una fuerte controversia tras protagonizar un choque que terminó con la destrucción total de un vehículo oficial 0 kilómetro asignado a su función.
El hecho ocurrió sobre la Panamericana, donde el legislador —referenciado políticamente en Javier Milei— circulaba solo al momento del impacto. Según pudo reconstruirse a partir de fuentes legislativas, el episodio no fue informado públicamente y se manejó con extremo hermetismo dentro de la estructura política.
El rodado siniestrado era una Volkswagen Taos 0km, dominio AG929QA, recientemente entregada como parte de la flota oficial destinada a autoridades de bloque en la Cámara baja bonaerense.
De acuerdo a las fuentes consultadas, el nivel de daño fue total. La violencia del impacto obligó a declarar el vehículo en condición de destrucción completa, con intervención de Provincia Seguros, la aseguradora estatal.
Sin embargo, la indemnización no habría alcanzado a cubrir el valor real del vehículo. Esto generó cuestionamientos internos sobre el perjuicio económico:
Las imágenes del hecho —enviadas a la aseguradora— muestran un nivel de daño extremo. Según fuentes cercanas, “es un milagro que haya salido vivo”.
Uno de los puntos más sensibles del caso es la falta de transparencia posterior al incidente. Según reconstrucciones internas, no se inició ninguna investigación pública ni se difundieron detalles oficiales del siniestro.
Lejos de eso, tras el choque, al diputado se le asignó otro vehículo oficial 0km del mismo modelo, perteneciente a una nueva tanda adquirida por la Legislatura bonaerense.
Este punto abre interrogantes sobre:
En paralelo, el nombre de Agustín Romo aparece vinculado a casi 2 millones de pesos en infracciones de tránsito impagas en registros bonaerenses.
Las actas —todas vencidas— se asocian a dos dominios:
Este último figura a nombre de una particular, Natalia Domínguez, y de la firma Bernardiner SRL, lo que suma un nuevo elemento de análisis.
El dato genera dudas adicionales: aunque las multas están asociadas al legislador, no figura como titular del vehículo, mientras que la empresa mencionada aparece en registros vinculados a presuntas irregularidades fiscales.