La Justicia de San Luis dispuso el embargo del salario del senador nacional y presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, por una deuda fiscal que asciende a 45 millones de pesos. La medida ya fue notificada a la Cámara alta, que deberá aplicar la retención mensual sobre su dieta hasta completar el monto reclamado.
El oficio judicial ingresó el último viernes al Senado, activando el procedimiento administrativo para descontar una parte de los ingresos del legislador libertario. La resolución fue firmada por el juez de Ejecuciones Fiscales, Alberto Spagnuolo, en el marco de una causa por falta de pago de impuestos inmobiliarios y otras tasas provinciales.
Actualmente, Abdala percibe una dieta cercana a los 11 millones de pesos mensuales, por lo que el embargo se aplicará de manera progresiva. El Senado queda así obligado a intervenir directamente en el cumplimiento de la orden judicial.
Tras conocerse la decisión, Abdala denunció una maniobra política en su contra y apuntó directamente al gobernador de San Luis, Claudio Poggi.
“Es una persecución política”, afirmó el senador, quien además vinculó la situación con sus intenciones de competir por la gobernación en 2027. En esa línea, también cuestionó el nivel de presión tributaria en la provincia y comparó la actual gestión con administraciones anteriores.
Según su última declaración jurada, el legislador posee un patrimonio cercano a los 197 millones de pesos, un dato que también se metió en la discusión pública tras el fallo judicial.
Desde el Ejecutivo provincial rechazaron las acusaciones y defendieron el accionar fiscal. La directora de Ingresos Públicos, Teresa Capiello, negó cualquier motivación política y sostuvo que el criterio aplicado responde a la capacidad contributiva de cada ciudadano.
“Si la crítica proviene de alguien que no cumple, pudiendo hacerlo, entendemos que estamos en el camino correcto”, aseguró la funcionaria, marcando una postura firme frente al reclamo del senador.
Además, destacó que los sectores de menores ingresos presentan, en general, mayores niveles de cumplimiento impositivo, en un mensaje que apunta directamente a la conducta del dirigente libertario.