La política de Río Negro quedó envuelta en un escándalo de alto impacto tras una revelación judicial que conecta capitales extranjeros, tierras en zona de frontera y vínculos con figuras del Golfo Pérsico.
En medio de un juicio por una presunta usurpación, el empresario Hugo Alberto Barabucci aseguró que compró una estancia de 14 mil hectáreas en la zona de El Bolsón gracias a una “donación” de 2 millones de dólares proveniente del emir de Abu Dabi, Mohamed bin Zayed Al Nahyan.
La declaración cayó como una bomba política en el entorno del gobernador Alberto Weretilneck, en un contexto donde ya existen cuestionamientos por vínculos con inversores extranjeros.
El dato surgió durante el proceso judicial contra la mujer mapuche Soledad Cayunao, finalmente absuelta. Allí, Barabucci —denunciante en la causa— explicó que la compra del campo se concretó en 2017, cuando adquirió las tierras al empresario Marcelo Mindlin, titular de Pampa Energía.
Según su testimonio, los fondos provinieron del gobierno de Emiratos Árabes Unidos, donde reside desde hace más de dos décadas.
La revelación cobra otra dimensión si se tiene en cuenta que la legislación argentina —Ley 26.737— prohíbe la compra de tierras en zonas de frontera por parte de extranjeros, incluso a través de terceros.
El episodio se conecta con un hecho reciente que ya había generado ruido político: la visita de Mohamed bin Zayed Al Nahyan a San Carlos de Bariloche.
El mandatario arribó en un avión oficial VIP y se trasladó a la estancia Las Marías, ubicada en la zona de El Manso, cerca del Río Manso.
Ese establecimiento es lindero a Lago Escondido, propiedad del magnate británico Joe Lewis, otro caso emblemático de विवाद por acceso a tierras y recursos naturales en la Patagonia.
El caso se da en paralelo a versiones sobre negociaciones del gobierno provincial con otro actor clave de Medio Oriente: Tamim bin Hamad Al Thani, en proyectos vinculados al Cerro Catedral.
Dentro del oficialismo rionegrino ya reconocen tensiones. Dirigentes del espacio deslizan que pudieron haberse flexibilizado normas ambientales y administrativas para permitir desarrollos en la zona.
Además, vecinos denuncian restricciones en caminos internos que atraviesan las estancias, lo que complica la circulación en áreas donde no existen rutas alternativas.
Por ahora, no hay resolución judicial firme sobre la legalidad de la compra. Sin embargo, el caso podría abrir una investigación más amplia sobre:
El tema promete escalar en la agenda nacional, en momentos donde el acceso a la tierra y la soberanía territorial vuelven al centro del debate.