La crisis del PAMI escaló a un nuevo nivel político. Los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) tomaron distancia del Gobierno de Javier Milei y reclamaron soluciones urgentes frente al deterioro del sistema que atiende a millones de jubilados.
El caso más contundente fue el del cordobés, hasta ahora aliado clave del oficialismo. “No se escondan más, pongan la cara y pongan los recursos”, lanzó en una crítica directa a la Nación.

Llaryora advirtió que “no puede el PAMI estar abandonando a los abuelos” y cuestionó el rumbo del ajuste en salud. En esa línea, remarcó: “Los números cierran con la gente adentro”, en referencia a las políticas de recorte impulsadas por la gestión nacional.
Además, apuntó contra el Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, al señalar que “no puede estar dejándolos en este estado”.
El conflicto no quedó solo en declaraciones. Desde Córdoba, la diputada Alejandra Torres impulsó pedidos de informes para que el Gobierno explique la situación del organismo.
Según detalló, los reclamos se basan en:
A esto se sumó la senadora Alejandra Vigo, quien calificó la situación como “gravísima” y exigió explicaciones urgentes.
Desde Tucumán, Osvaldo Jaldo adoptó un tono menos confrontativo, pero dejó un mensaje claro: la Nación está trasladando el problema a las provincias.
“El PAMI le debe a la Provincia más de 50 mil millones de pesos y no nos paga”, denunció. A pesar de eso, aseguró que el sistema público provincial absorberá la demanda para evitar dejar sin atención a los jubilados.
“Jamás vamos a abandonar al abuelo porque la Nación no nos paga”, afirmó.
El conflicto se profundiza con un paro nacional de médicos de cabecera por 72 horas, que rechazan el nuevo esquema de pagos.
Según denuncian, el sistema de cápita de $2.100 por afiliado implica:
Mientras tanto, jubilados protagonizan protestas en distintas regiones por:
La crisis del PAMI se da en medio del ajuste del gasto público impulsado por la gestión de Milei. Prestadores denuncian atrasos en pagos y las provincias alertan que el costo sanitario se está trasladando a sus sistemas públicos.