El escenario político nacional suma un nuevo foco de conflicto. El senador José Mayans propuso que la Cámara de Diputados analice la posibilidad de iniciar un juicio político contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la polémica por su patrimonio y su ausencia en el Congreso.

Según explicó el legislador, el proceso debe comenzar en Diputados —encargada de formular la acusación— y, en caso de prosperar, continuar en el Senado, donde se llevaría adelante el juzgamiento.

Mayans ya había anticipado su postura durante la última sesión, donde acusó a Adorni de “violar la Constitución Nacional” por no presentarse a brindar el informe de gestión correspondiente a marzo. La crítica también alcanzó al presidente Javier Milei y a la secretaria general, Karina Milei, en el marco de una cuestión de privilegio.

“El jefe de Gabinete ya violó la Constitución porque no vino a Diputados ni a Senadores”, sostuvo el senador.

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Investigación por patrimonio y nuevas pruebas

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El planteo político se da en paralelo a una investigación judicial que analiza un presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni, con nuevos elementos que podrían complicar su situación.

En las últimas horas, dos mujeres —Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio— declararon ante la Justicia que existe una deuda pendiente de 70 mil dólares, vinculada a la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito.

Según sus testimonios:

• Otorgaron un préstamo privado de 100 mil dólares.
• Parte del dinero no fue devuelto.
• La operación está ligada a un inmueble ubicado sobre avenida Asamblea.

La causa está en manos del fiscal Gerardo Pollicita, quien busca determinar el origen de los fondos utilizados por el funcionario y las condiciones reales de la operación.

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Lo que tenés que saber

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• José Mayans impulsa evaluar un juicio político.
• Manuel Adorni fue acusado de no cumplir con su obligación constitucional.
• La Justicia investiga su patrimonio y operaciones inmobiliarias.
• Hay una deuda declarada de 70 mil dólares por un préstamo.
• Se esperan nuevas declaraciones que podrían ampliar la causa.

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Próximas declaraciones y rol de la UIF

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La investigación continuará en los próximos días con la declaración de otras dos jubiladas, quienes habrían participado en la venta del inmueble bajo un esquema de adelanto e hipoteca sin intereses.

En paralelo, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires recordó que todas las operaciones inmobiliarias realizadas por Personas Expuestas Políticamente (PEP) deben ser informadas a la Unidad de Información Financiera (UIF).

Su presidenta, Magdalena Tato, fue contundente: “Si sos PEP, tenés que informar sí o sí, sin importar el monto”.

Este punto será clave para determinar si la compra cumplió con los controles legales o si existieron irregularidades en la trazabilidad del dinero.