La Coalición Cívica ARI, encabezada por el diputado Maximiliano Ferraro, expresó un rechazo contundente al proyecto de reforma de la Ley 26.639 de Glaciares, que será tratado este miércoles 8 de abril en la Cámara de Diputados. Según el espacio opositor, la iniciativa oficialista no es una simple aclaración normativa, sino una modificación de fondo que podría reducir los estándares de protección ambiental vigentes.
En un documento público, Ferraro sostuvo que la propuesta “introduce una alteración sustantiva de la arquitectura protectoria” de la ley. En particular, advirtió que redefine el objeto de tutela, relativiza el rol del Inventario Nacional de Glaciares y traslada prohibiciones legales a decisiones administrativas posteriores, que podrían variar según cada jurisdicción.
Ratifico todo lo que dije en el plenario de comisiones. El Secretario de Minería de la Nación expuso hoy en un claro y abierto conflicto de intereses.
— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) April 8, 2026
Su reciente trabajo de asesoramiento jurídico para decenas de empresas mineras le impide intervenir con la objetividad e…
El legislador remarcó que el debate no es técnico ni menor: “Se trata de definir si el Congreso mantendrá el piso uniforme de protección ambiental o habilitará una reforma que lo reduce”. Además, cuestionó la “ausencia de buena fe” en el proceso de elaboración del proyecto.
Ferraro también puso el foco en el origen de la iniciativa. Según señaló, no surge de una deliberación abierta ni plural, sino que refleja intereses de sectores directamente alcanzados por la norma.
“El proyecto está impulsado por los mismos actores que serán regulados”, afirmó. Para la Coalición Cívica, esto distorsiona el proceso legislativo y compromete la legitimidad de la reforma desde su inicio.
El diputado enfatizó que la protección de los glaciares “no es una consigna abstracta”, sino una decisión clave vinculada a la seguridad hídrica, la equidad intergeneracional y la preservación de recursos estratégicos como el agua.
Desde la Coalición Cívica advirtieron que la reforma podría tener un carácter “regresivo” en materia ambiental. Según Ferraro, al comprometer glaciares y zonas periglaciales, se pone en riesgo el acceso al agua para amplios sectores de la población.
Además, el legislador rechazó la idea de que el proyecto fortalezca el federalismo o genere mejores condiciones para la inversión. Por el contrario, sostuvo que la iniciativa:
“El proyecto no aporta seguridad jurídica ni desarrollo sostenible”, afirmó.
Otro de los ejes del rechazo es la calidad institucional. Ferraro sostuvo que la reforma se presenta como una ley interpretativa, pero en realidad modifica sustancialmente el alcance de la normativa vigente.
Según indicó, la iniciativa carece de fundamentación técnica suficiente, deliberación pública y una justificación constitucional acorde a la magnitud del cambio propuesto.
Finalmente, el espacio opositor pidió sostener la vigencia plena de la ley actual y rechazó la reforma. “El desarrollo no puede construirse reduciendo la protección de reservas estratégicas de agua”, concluyó Ferraro.