El gobierno de Javier Milei abrió una negociación clave con gobernadores aliados para intentar eliminar las PASO nacionales. La jugada incluye un esquema de acuerdos electorales provinciales con campañas “de baja intensidad”, que favorezcan la continuidad de los mandatarios a cambio de respaldo en el Congreso.

En ese marco, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se sumó a las conversaciones que buscan garantizar votos en Diputados y el Senado. El objetivo libertario es claro: evitar una gran primaria opositora que pueda ordenar al peronismo y poner en riesgo el escenario electoral nacional.

La preocupación en Casa Rosada crece ante la posibilidad de una PASO competitiva que incluya figuras como Axel Kicillof y otros referentes del espacio.

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Córdoba, eje de la estrategia libertaria

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En Córdoba, la estrategia libertaria apunta a impulsar una lista “pura” de La Libertad Avanza, con el diputado Gabriel Bornoroni como candidato a gobernador.

El objetivo es evitar una alianza opositora más amplia que incluya a Luis Juez y al radicalismo liderado por Rodrigo de Loredo.

Sin embargo, el escenario está lejos de ordenarse. Mientras el radicalismo impulsa una interna opositora, Juez mantiene su cercanía con el espacio libertario, lo que complica cualquier acuerdo amplio.

Desde el peronismo cordobés observan con atención estas tensiones y apuestan a que la fragmentación opositora les permita sostener el poder.

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Lo que tenés que saber

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• Milei necesita votos para eliminar las PASO en el Congreso.
• Ofrece acuerdos electorales provinciales a gobernadores aliados.
• Córdoba aparece como caso testigo de la estrategia.
• La oposición local sigue dividida entre radicales, juecistas y libertarios.
• Hay desconfianza entre gobernadores y la Casa Rosada.

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Desconfianza y cálculo político

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Uno de los principales obstáculos en la negociación es la falta de confianza. Gobernadores aliados dudan de que, tras acompañar la eliminación de las PASO, el oficialismo no avance luego con candidatos propios para disputarles sus provincias.

Por eso, algunos sectores proponen postergar el tratamiento del proyecto hasta marzo de 2027, cuando el calendario electoral esté más avanzado y las candidaturas definidas.

En paralelo, el gobierno cordobés busca diferenciarse del rumbo nacional. Señalan como puntos críticos:

• La caída de la recaudación.
• La crisis del empleo formal.
• La inflación persistente.
• Problemas en áreas sensibles como el PAMI.

También cuestionan el incumplimiento de leyes clave, como el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad.

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La clave: oposición fragmentada

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La estrategia de Llaryora es clara: convocar a elecciones provinciales cuando su imagen alcance el 60% de aprobación, lo que podría traducirse en unos 40 puntos electorales.

Pero ese cálculo depende de una condición central: que la oposición llegue dividida.

Una boleta libertaria sin alianzas obligaría a radicales y juecistas a competir por separado o redefinir su estrategia, debilitando cualquier frente común.