La difusión en redes sociales de una imagen falsa de la periodista Luciana Geuna esposada, generada con inteligencia artificial, volvió a encender la discusión sobre el clima de hostigamiento hacia periodistas en Argentina. La polémica escaló aún más luego de que el contenido fuera republicado por el presidente Javier Milei en sus redes sociales, en un contexto de creciente confrontación del Gobierno con medios y comunicadores.
La situación aparece vinculada a un escenario más amplio: la reestructuración del sistema de inteligencia argentino, el aumento de fondos reservados para la SIDE y la incorporación de herramientas de inteligencia artificial para análisis de datos y vigilancia digital.

Según la investigación difundida esta semana, distintos periodistas denunciaron seguimientos, recopilación de información y elaboración de “carpetas” sobre comunicadores críticos del oficialismo.
El decreto firmado por Javier Milei, Manuel Adorni y varios ministros a fines de 2025 reorganizó el esquema de inteligencia nacional. Entre otros puntos, creó el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC) y la Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC).
Además, el Gobierno avanzó en una mayor centralización de información estratégica bajo la órbita estatal y amplió las facultades operativas del sistema.
La investigación sostiene que desde el inicio de la gestión libertaria crecieron los fondos reservados de la SIDE y se profundizó el carácter secreto de las operaciones de inteligencia, bajo el argumento del “riesgo estratégico nacional”.
Otro de los puntos cuestionados es la habilitación para que agentes puedan intervenir en “aprehensiones en flagrancia”, una atribución que especialistas consideran sensible por su posible impacto sobre garantías constitucionales.
En paralelo, el Ministerio de Seguridad creó en 2024 la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS), orientada al procesamiento masivo de información y detección de patrones.
El informe vincula esta expansión tecnológica con la reciente incorporación del sistema SINTyS a la órbita de la Jefatura de Gabinete, una base que articula datos tributarios, sociales y patrimoniales de millones de argentinos.
La publicación también recuerda la filtración masiva de datos ocurrida en los últimos meses, que incluyó registros de ANSES, ARCA y automotores, considerada por especialistas como una de las más grandes de la historia argentina.
Uno de los aspectos más delicados del informe son las denuncias sobre presuntas tareas de vigilancia contra periodistas.
Según el texto, fuentes vinculadas al sistema de inteligencia describieron operativos de seguimiento físico y digital, geolocalización en tiempo real y análisis de comunicaciones.
La investigación asegura además que existirían “carpetas técnicas” con información personal y profesional de comunicadores, que incluso circularían en ámbitos políticos y privados.
Hasta el momento no hubo una respuesta oficial detallada del Gobierno sobre estas acusaciones.
El trabajo periodístico también pone el foco en la relación del oficialismo con referentes tecnológicos internacionales.
Aparecen mencionados empresarios y ejecutivos ligados a compañías como Palantir, Tesla, Meta, Google, OpenAI y otras firmas de Silicon Valley.
El nombre que sobresale es el de Peter Thiel, cofundador de Palantir y empresario cercano al entorno de Donald Trump, quien mantuvo reuniones con Milei y funcionarios argentinos.
La investigación plantea que Argentina podría transformarse en un laboratorio regional para tecnologías de vigilancia, procesamiento de datos y control algorítmico.
Palantir es una de las compañías tecnológicas más influyentes del mundo en materia de inteligencia artificial aplicada a seguridad y defensa. Trabaja con organismos estadounidenses, fuerzas militares y agencias de inteligencia internacionales.
El informe sostiene que el eventual acercamiento entre Argentina y la firma abre interrogantes sobre privacidad, soberanía de datos y libertades individuales.
En ese marco, distintos analistas advierten sobre un modelo de “tecnofascismo”, basado en vigilancia masiva, control de información y utilización de algoritmos para influir sobre la opinión pública.
A un año de las próximas elecciones presidenciales, el debate ya ingresó de lleno en la agenda política nacional.