La Cámara Federal de Casación Penal ratificó el decomiso de bienes dispuesto en la causa Vialidad y dejó firme la decisión que alcanza a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y al empresario Lázaro Báez, condenado junto a otros implicados en el expediente por irregularidades en la obra pública.
En el fallo, los jueces remarcaron que “la esencia del decomiso es cumplir con el principio básico de justicia” y señalaron que la medida apunta a garantizar “la restitución de los bienes que resulten del beneficio de un delito”, en referencia a los hechos de corrupción investigados.

La resolución ratifica lo dispuesto previamente por el Tribunal Oral Federal N°2, que había establecido que los bienes decomisados deben responder por un monto cercano a los $685.000 millones, cifra actualizada en función del perjuicio económico calculado en la causa.
Según el detalle presentado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, el listado incluye propiedades y activos vinculados a los condenados y a empresas utilizadas en la maniobra investigada.
Además de los inmuebles particulares, la Justicia incluyó bienes muebles e inmuebles pertenecientes a firmas vinculadas a Báez, señaladas como piezas centrales de la estructura utilizada para concretar la maniobra defraudatoria.
Entre ellas aparecen:
Los fiscales sostuvieron que esta es una primera etapa de medidas patrimoniales y no descartaron futuras ampliaciones para alcanzar el monto total establecido por la Justicia.
La decisión de Casación vuelve a colocar a la causa Vialidad en el centro de la escena política nacional. El expediente es uno de los procesos judiciales más sensibles para el kirchnerismo y mantiene alta tensión entre el oficialismo y sectores de la oposición.
El decomiso confirmado por la Cámara representa uno de los aspectos económicos más relevantes del caso, ya que busca recuperar activos presuntamente obtenidos mediante maniobras de corrupción vinculadas a contratos de obra pública en Santa Cruz.
El fallo también refuerza el criterio judicial respecto de la recuperación de bienes en causas de corrupción, una herramienta que en los últimos años ganó peso en distintos expedientes federales.
Hasta el momento, no trascendieron nuevos planteos de la defensa tras la resolución conocida este lunes.