La provincia de Córdoba avanzó con una reforma profunda de su Código de Convivencia, una iniciativa que endurece las sanciones contra los llamados “trapitos”, limpiavidrios ilegales y organizadores de picadas clandestinas. La medida, que ya quedó oficializada, abre además una discusión política y social que podría extenderse a otras provincias, incluida la provincia de Buenos Aires.
El nuevo esquema contempla arrestos de hasta seis días para quienes ejerzan de manera informal tareas de cuidado de vehículos o limpieza de vidrios sin habilitación oficial. También incorpora sanciones más severas para casos de reincidencia, utilización de menores de edad o explotación de personas vulnerables.
La reforma llega en un contexto donde distintas ciudades del país vienen reclamando mayores herramientas para ordenar el uso del espacio público y combatir situaciones vinculadas a extorsión, violencia urbana o descontrol vehicular.
Uno de los puntos centrales de la reforma es el cambio en el sistema de investigación y sanción de contravenciones. A partir de ahora, las actuaciones quedarán bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, mientras que la Policía tendrá funciones preventivas y de intervención inmediata.
Además, se establecen procesos abreviados de hasta cinco días, lo que busca acelerar definiciones judiciales y evitar demoras en la aplicación de sanciones.
La normativa también habilita:
En el caso de las reuniones vehiculares ilegales, el endurecimiento apunta especialmente a las concentraciones nocturnas que generan denuncias vecinales por ruidos, maniobras peligrosas y ocupación indebida del espacio público.
La decisión del gobierno cordobés rápidamente impactó en la agenda política nacional. La regulación de trapitos y cuidacoches es un tema que viene generando tensión en grandes centros urbanos como Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Rosario y distintos municipios del Conurbano.
En varias jurisdicciones existen ordenanzas parciales o controles esporádicos, pero Córdoba avanzó con un esquema integral que combina sanciones, control judicial y programas sociales.
Más allá del endurecimiento sancionatorio, la reforma incorpora un apartado social orientado a la reconversión laboral de personas que actualmente trabajan en la informalidad.
El texto prevé programas de capacitación, inclusión y asistencia para quienes desarrollan actividades callejeras vinculadas al cuidado de autos o limpieza de vidrios, en un intento por evitar que la respuesta estatal quede limitada únicamente al castigo.
Este punto aparece como uno de los principales argumentos oficiales para defender la reforma frente a las críticas de organizaciones sociales y sectores que cuestionan el perfil punitivo de la normativa.
La iniciativa también obliga a los municipios cordobeses a adecuar sus ordenanzas en un plazo breve, generando una coordinación provincial inédita en materia de convivencia urbana.
Con este movimiento, Córdoba se posiciona como un posible modelo para otras provincias que buscan avanzar sobre conflictos vinculados al espacio público, seguridad urbana y control de actividades informales.