La política de Tierra del Fuego entró en una nueva fase de conflicto tras una sesión cargada de tensión. Minutos antes de las 4 de la mañana del viernes, la Legislatura provincial derogó el decreto que convocaba a elecciones para reformar la Constitución, previstas para el 9 de agosto.
La decisión sorprendió porque el mismo cuerpo había aprobado el proceso en diciembre de 2023. Sin embargo, esta vez el resultado fue negativo y dejó al gobierno de Gustavo Melella en una situación crítica.
Desde el Ejecutivo provincial ya adelantaron que vetarán la derogación y buscarán sostener la convocatoria electoral, lo que anticipa un nuevo capítulo de disputa institucional.
El proyecto impulsado por el oficialismo incluía cambios estructurales en más de 70 artículos de la Constitución provincial. Entre los puntos centrales se destacaban:
La iniciativa había sido aprobada el 13 de diciembre de 2023 y promulgada días después. En un primer momento, las elecciones se habían fijado para noviembre de 2024, pero fueron frenadas por la Justicia tras una presentación del bloque opositor.
El conflicto tuvo un giro clave el 5 de agosto de 2025, cuando el Superior Tribunal de Justicia provincial avaló la convocatoria.
En una sentencia de 81 páginas, el máximo tribunal:
En cumplimiento de ese fallo, el gobernador firmó el decreto que establecía los comicios para el 9 de agosto, lo que ahora quedó en el centro de la disputa política.
Detrás de la votación en la Legislatura aparece un dato clave: la fractura del peronismo fueguino.
La derrota electoral frente a La Libertad Avanza profundizó las diferencias internas y debilitó los acuerdos que habían permitido avanzar con la reforma. Además, el vínculo con sectores como La Cámpora se deterioró en los últimos meses.
En la oposición sostienen que la reforma podía abrir la puerta a una eventual reelección de Melella, algo que el gobernador niega públicamente. Su mandato finaliza en 2027 y actualmente no tiene posibilidad de reelección.
El oficialismo asegura que el proceso constitucional “ya está en marcha” y buscará sostenerlo mediante el veto.
Sin embargo, el escenario es incierto. Si la Legislatura rechaza ese veto, el conflicto podría escalar a una nueva instancia judicial o derivar en una crisis institucional más profunda en la provincia.
Por ahora, la reforma constitucional en Tierra del Fuego quedó en suspenso, pero el enfrentamiento político está lejos de terminar.