La relación entre el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires atraviesa uno de sus momentos más delicados. La tensión escaló tras la presentación de un proyecto de “Fortalecimiento del Poder Judicial”, impulsado por la cúpula judicial, que insiste en dos puntos clave: la autarquía financiera y la cobertura de las vacantes en el máximo tribunal.
Actualmente, la Corte funciona con solo 3 de sus 7 miembros, una situación que arrastra años sin resolución. La respuesta oficial no tardó en llegar, aunque sin definiciones concretas.
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, fue tajante al marcar la postura del Ejecutivo: “Es una facultad del gobernador definir el envío de pliegos al Senado, según criterios de oportunidad y mérito”.
El reclamo fue encabezado por el presidente del tribunal, Sergio Torres, quien expuso con cifras contundentes:
El acto tuvo fuerte respaldo del ámbito judicial, pero sin presencia del Ejecutivo, lo que evidenció la distancia entre ambos poderes.
El último ingreso al máximo tribunal fue el propio Torres, designado en abril de 2019 durante la gestión de María Eugenia Vidal, en el marco de un acuerdo político con el espacio de Sergio Massa.
Hoy, ese tipo de consensos aparece lejano. La interna del peronismo y la falta de acuerdos legislativos complican cualquier avance.
Uno de los puntos más sensibles es el pedido de autarquía financiera, es decir, que el Poder Judicial maneje su propio presupuesto sin depender del Ejecutivo.
Torres fue claro:
“No hay independencia judicial posible sin autarquía financiera”.
Sin embargo, un encuentro previo con el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, no arrojó resultados positivos. Según trascendió, no hubo avances concretos ni consenso sobre la viabilidad del planteo.
Tras el acto judicial, tampoco se registraron contactos entre los poderes, lo que profundiza el conflicto institucional.
El problema no es solo político, sino también operativo. La Legislatura bonaerense aún no formalizó sus comisiones, lo que bloquea el tratamiento de nuevos pliegos judiciales.
Toda designación debe pasar por la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdo (ACA) del Senado, hoy inactiva.
Pese a este escenario, desde ambos sectores destacan que en el último tiempo se aprobaron 412 designaciones judiciales, y proyectan otras 200 antes de fin de 2026, aunque con obstáculos evidentes.
En paralelo, la conferencia también incluyó anuncios de gestión y cuestionamientos a la administración de Javier Milei.
El ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, destacó que el programa Mercados Bonaerenses creció un 17% interanual, ofreciendo precios hasta 25% más bajos.
Por su parte, el titular de ARBA, Cristian Girard, alertó sobre una caída sostenida de la actividad económica y anunció medidas:
Girard advirtió que los niveles económicos actuales son comparables a los de la pandemia, reforzando el tono crítico hacia Nación.