En línea con la política de reducción del gasto público impulsada por el gobierno de Javier Milei, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) puso en marcha un nuevo sistema de retiro voluntario destinado a trabajadores de planta permanente del organismo.
La medida fue aprobada por el Consejo Directivo del ente durante la madrugada y quedó formalizada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina. El esquema comenzó a regir el pasado 4 de mayo de 2026 y estará vigente hasta el 31 de mayo, aunque el texto oficial dejó abierta la posibilidad de extenderlo una única vez por otros 15 días.
El nuevo programa aparece como parte del proceso de reestructuración estatal promovido por la administración libertaria y se suma a antecedentes recientes dentro del sector público nacional, como el régimen implementado anteriormente en la ANSES.
La resolución fue firmada por Nicolás Bronzovich el 7 de mayo de 2026 y establece que únicamente podrán adherirse los trabajadores que integren la planta permanente del organismo.
El esquema se apoya en el artículo 38 inciso h) del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado mediante el Decreto Nº 214/06, que contempla el retiro voluntario como una causal de finalización del vínculo laboral.
Según la normativa oficial, el cálculo económico tomará como referencia los haberes liquidados a enero de 2026 y la antigüedad reconocida hasta el 31 de marzo de 2026.
Desde el organismo precisaron que el incremento salarial acumulado utilizado para calcular las compensaciones asciende al 10,30% sobre la base salarial de enero de este año.
La gratificación extraordinaria contemplará el pago equivalente a una vez y media la remuneración bruta mensual por cada año trabajado o fracción superior a tres meses, computados hasta el 31 de mayo de 2026.
Sin embargo, el sistema establece límites según la edad del trabajador:
La liquidación incluirá únicamente conceptos remunerativos mensuales, normales y permanentes. Quedarán excluidos viáticos, movilidad, ayuda escolar, guardería y el Sueldo Anual Complementario (SAC).
La resolución también detalló una extensa lista de exclusiones para el acceso al régimen de retiro voluntario.
No podrán adherirse trabajadores que hayan cumplido 65 años antes del 31 de mayo de 2026, empleados procesados o condenados por delitos contra la administración pública ni agentes con acciones judiciales iniciadas contra el Estado por cuestiones laborales, salvo causas vinculadas a riesgos del trabajo.
También quedarán afuera:
El documento oficial establece además que la aprobación del retiro implicará el cese definitivo de la relación laboral a partir del 15 de junio de 2026.
Hasta esa fecha, los trabajadores deberán continuar prestando tareas normalmente.
Uno de los puntos más relevantes de la normativa es la prohibición de reingreso al Sector Público Nacional durante un período de cinco años para quienes acepten el retiro voluntario.
La restricción alcanza cualquier modalidad de contratación, incluyendo cargos políticos, asesorías, funciones extraescalafonarias y programas financiados por organismos internacionales. La única excepción prevista corresponde a cargos docentes en universidades nacionales.
La resolución también contempla algunos beneficios posteriores al egreso.
Los hijos de trabajadores que asisten a guarderías y jardines maternales del organismo podrán continuar allí hasta finalizar el ciclo lectivo 2026. Además, quienes adhieran quedarán exceptuados de devolver fondos vinculados a programas de capacitación y perfeccionamiento financiados por el organismo.
En el expediente intervinieron áreas administrativas, jurídicas y presupuestarias del Estado nacional, además de organismos dependientes del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. Según se consignó en los considerandos publicados en el Boletín Oficial, ninguna de esas dependencias presentó objeciones al nuevo esquema.
La medida vuelve a poner en el centro del debate el alcance del ajuste estatal impulsado por el Gobierno nacional y el impacto que podría tener sobre organismos estratégicos vinculados al desarrollo científico y productivo del país.