El gobierno de Javier Milei avanzó con un nuevo ajuste sobre partidas destinadas a obras públicas clave en distintas provincias aliadas, mediante la decisión administrativa 20/2026 publicada este lunes en el Boletín Oficial con las firmas del jefe de Gabinete Manuel Adorni y del ministro de Economía Luis “Toto” Caputo.
La medida implica recortes millonarios en proyectos de infraestructura social básica vinculados al acceso al agua potable, saneamiento y obras viales, muchas de ellas contempladas dentro de las partidas aprobadas en el Presupuesto votado por el Congreso durante las sesiones extraordinarias del año pasado.
El recorte golpeó especialmente a gobernadores que habían acompañado al oficialismo en votaciones clave, entre ellas el Presupuesto y la reforma laboral, en medio de negociaciones políticas impulsadas por el diputado Diego Santilli para garantizar respaldo legislativo a la Casa Rosada.
Pese al impacto económico y político de la decisión, la mayoría de los mandatarios provinciales optó por mantener silencio público o evitar confrontar directamente con el Gobierno nacional.
Entre las obras afectadas aparece el recorte de $7.359 millones para el Acueducto Vipos en Tucumán, una obra considerada estratégica para el saneamiento y abastecimiento de agua.
También se eliminó una partida de $4.713 millones destinada al sistema de agua potable en Concordia, provincia de Entre Ríos, y otros $4.284 millones que iban a financiar la planta depuradora de Rafaela, en Santa Fe.
El ajuste alcanzó además a Chubut, donde se recortaron $4.121 millones para el Acueducto Sarmiento-Comodoro Rivadavia.
En Catamarca, otra de las provincias que había respaldado al oficialismo en el Congreso, la poda afectó la obra sobre la Ruta Nacional 38, en el tramo limítrofe con Tucumán.
A pesar de que el ajuste impacta directamente en obras de infraestructura esenciales, varios gobernadores optaron por minimizar el conflicto o justificar la decisión del Gobierno nacional.
Uno de los casos fue el del gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, cuya provincia perdió financiamiento para el Acueducto Vipos, aunque evitó escalar políticamente el tema.
Cerca de los gobernadores Ignacio Torres y Rogelio Frigerio señalaron que sus provincias habían sido beneficiadas previamente por mecanismos de compensación de deuda impulsados por Nación, en un intento de relativizar el impacto del recorte.
Sin embargo, distintos sectores políticos remarcan que los acuerdos financieros y la ejecución de obras públicas responden a planos diferentes de la relación entre Nación y provincias.
Dentro del grupo de mandatarios dialoguistas, uno de los pocos cuestionamientos públicos llegó desde Santa Fe.
El gobernador Maximiliano Pullaro delegó la respuesta en su vocera Virginia Coudannes, quien criticó el impacto del ajuste nacional sobre áreas sensibles.
“Vivimos de recorte en recorte: medicamentos, insumos y tecnología, prevención y tratamiento de cáncer, enfermedades transmisibles como VIH, lepra y otras herramientas para trabajar sobre salud sexual”, sostuvo.
La funcionaria también cuestionó el desconocimiento del Gobierno nacional sobre la situación del sistema sanitario y el impacto concreto de las decisiones presupuestarias.
El nuevo recorte vuelve a poner en tensión la relación entre el Gobierno libertario y las provincias que vienen acompañando a Milei en el Congreso.
La decisión administrativa publicada en el Boletín Oficial contiene apenas cuatro artículos, pero incorpora dos anexos de más de 500 páginas con modificaciones presupuestarias que afectan distintas áreas y jurisdicciones.
Además de Tucumán, Santa Fe, Entre Ríos, Chubut y Catamarca, también hubo ajustes sobre obras y partidas vinculadas a saneamiento en Salta, Río Negro y Chaco.
El escenario abre interrogantes sobre la continuidad de los acuerdos políticos entre Casa Rosada y los gobernadores dialoguistas, en un contexto marcado por caída de la recaudación, ajuste fiscal y creciente presión sobre las provincias.