El gobierno de Santa Fe endureció su postura frente a la Sociedad Rural de Rosario luego del rechazo de la entidad al fideicomiso vial que impulsa la gestión de Maximiliano Pullaro para financiar el mantenimiento de rutas y accesos a los puertos agroexportadores.

Desde la Casa Gris calificaron el comunicado ruralista como “una manifestación política de La Libertad Avanza” y remarcaron que varios dirigentes de la entidad participaron como candidatos libertarios en las últimas elecciones constituyentes provinciales, aunque con resultados electorales adversos.

La tensión se da en medio de las negociaciones que la provincia mantiene con municipios portuarios y la Bolsa de Comercio de Rosario para avanzar con un fondo específico destinado al sostenimiento de corredores estratégicos para la exportación.

La iniciativa contempla un esquema de financiamiento mediante un cargo de 1,5 dólares por tonelada transportada, con el objetivo de sostener obras y mantenimiento vial en una región que concentra buena parte del movimiento agroexportador del país.

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El conflicto por las rutas y el retiro de Nación

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La polémica escaló después de que la Sociedad Rural de Rosario denunciara que el fideicomiso representa “nuevas retenciones encubiertas” para el sector productivo.

Sin embargo, desde el gobierno provincial rechazaron esa interpretación y apuntaron directamente contra la administración nacional de Javier Milei por la paralización de fondos para infraestructura vial.

En Santa Fe sostienen que el impuesto del 30% a los combustibles líquidos ya debería destinarse al mantenimiento de rutas, pero remarcan que esos recursos son recaudados por Nación y no regresan a las provincias.

Además, advierten que gran parte de la infraestructura vial quedó bajo responsabilidad provincial luego del retiro del Estado nacional de obras y tareas de mantenimiento.

Lo que tenés que saber

• El gobierno de Pullaro impulsa un fideicomiso vial para rutas portuarias.
• La Sociedad Rural de Rosario rechazó la medida y habló de “retenciones encubiertas”.
• La provincia acusó a dirigentes rurales de responder a La Libertad Avanza.
• El fondo se financiaría con un cargo de 1,5 dólares por tonelada transportada.
• Santa Fe reclama fondos nacionales para infraestructura y mantenimiento vial.

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Lisandro Enrico, uno de los más duros contra la Casa Rosada

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Dentro del gabinete santafesino, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, aparece como uno de los funcionarios con mayor confrontación pública hacia la gestión libertaria.

El dirigente viene reclamando de manera sostenida que el Gobierno nacional transfiera recursos para obras viales y mantenimiento de rutas estratégicas para la producción.

La provincia sostiene que el crecimiento del tránsito pesado hacia las terminales cerealeras aceleró el deterioro de caminos y accesos portuarios, generando un problema logístico y económico que requiere inversión permanente.

En ese marco, el fideicomiso aparece como una alternativa impulsada por Pullaro para sostener obras que, según remarcan desde Santa Fe, quedaron desfinanciadas tras el freno nacional a la obra pública.

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Pullaro busca sumar al sector agroexportador

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Luego de la fuerte reacción de la entidad rosarina, el gobierno provincial abrió nuevas instancias de diálogo con agroexportadoras y entidades vinculadas al sector agrícola.

La intención de la gestión de Pullaro es ampliar la negociación iniciada con municipios portuarios y la Bolsa de Comercio para encontrar un mecanismo consensuado que permita sostener la infraestructura vial de la región.

En Santa Fe consideran que los corredores hacia los puertos son estratégicos para la economía nacional y advierten que el deterioro de las rutas impacta directamente sobre la competitividad exportadora.

La disputa también expone tensiones políticas dentro de la coalición oficialista provincial, donde sectores del PRO y de la UCR presionan para avanzar en acuerdos con La Libertad Avanza, mientras otros dirigentes endurecen sus cuestionamientos contra la Casa Rosada.

Por ahora, el conflicto por el fideicomiso vial suma un nuevo capítulo en medio de la pelea entre provincias y Nación por el financiamiento de obras públicas e infraestructura estratégica.