La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) quedó en el centro de una investigación judicial tras detectarse presuntos sobreprecios millonarios en compras de insumos médicos realizadas durante 2025. Un informe técnico elaborado por el Ministerio de Salud reveló diferencias de hasta 4239% entre los valores pagados por el Estado y los precios de referencia utilizados por los auditores oficiales.

La documentación ya fue incorporada al expediente que investiga un supuesto fraude dentro de la agencia y expone posibles maniobras irregulares en contrataciones de sillas de ruedas, prótesis, andadores y equipamiento médico.

Según el relevamiento oficial, las diferencias detectadas oscilaron entre el 300% y el 1000%, aunque algunos casos superaron ampliamente esos números. El episodio más extremo señalado en la auditoría corresponde a un andador adquirido con un incremento superior al 4200% respecto al valor técnico de referencia.

“El análisis de la documentación respaldatoria revela desvíos de precios injustificables y una red de conexiones societarias y familiares entre los proveedores”, sostiene el documento firmado por la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud el pasado 10 de abril.

La investigación también apunta a un supuesto esquema de direccionamiento de licitaciones y posibles vínculos entre funcionarios, operadores y empresas proveedoras del Estado.

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Las compras bajo sospecha y las diferencias millonarias

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Entre los casos incluidos en el expediente aparece una contratación realizada el 8 de julio de 2025, cuando una empresa contratista de Andis recibió $425 millones por un sistema de “válvulas bicaval transcatéter”, utilizado en tratamientos cardíacos.

El informe comparó esa operación con una compra realizada previamente por el PAMI del mismo producto, que había costado $124,2 millones. La diferencia detectada fue del 242%.

La auditoría también puso la lupa sobre adquisiciones de sillas de ruedas realizadas por distintas firmas proveedoras.

Uno de los ejemplos más resonantes involucra a la empresa Artrobone, que facturó cerca de $19 millones por una silla de ruedas destinada a un paciente de Córdoba, cuando el valor de referencia fijado oficialmente rondaba los $1,2 millones.

Una situación similar fue atribuida a Bymax Medical, señalada por facturar equipamiento médico muy por encima de los precios considerados razonables por el área sanitaria.

Lo que tenés que saber

• La auditoría detectó sobreprecios de hasta 4239% en compras de Andis.
• El expediente investiga contratos por más de $18.100 millones.
• Hay 49 personas llamadas a indagatoria.
• La causa involucra a funcionarios, empresarios y operadores externos.
• El juez Ariel Lijo ordenó peritar audios incorporados al expediente.

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Las empresas investigadas y el rol de los funcionarios

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El informe oficial analizó un total de 37 facturas emitidas por seis empresas proveedoras del Estado: Farma Salud, Artrobone, Bymax Medical, Cirugía y Ortopedia Imnova, Expo Trauma y Ortopedia Bernat.

Entre todas recibieron pagos por más de $18.100 millones.

La firma que más fondos percibió fue Farma Salud, con cerca de $7900 millones. Uno de sus principales socios, Osmar Mariano Caballi, ya fue citado a declaración indagatoria.

También declararon los otros socios de la empresa, Hernán Darío Rasmussen y Maximiliano Ariel Perdiechizi, quienes rechazaron las acusaciones ante la Justicia.

Otro nombre central en la investigación es Patricio Oscar Acosta, gerente de Bymax Medical y pareja de la exfuncionaria de Andis Lorena Di Giorno, quien ya se encuentra procesada en el expediente.

Según la reconstrucción judicial, Di Giorno respondía políticamente a Miguel Ángel Calvete, señalado por la fiscalía como uno de los operadores vinculados a droguerías bajo sospecha.

La causa también menciona reuniones mantenidas entre Calvete y el entonces titular de Andis, Diego Spagnuolo, durante 2025.

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El sistema de contrataciones y las licitaciones simuladas

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La investigación judicial también apunta contra el funcionamiento del Siipfis, el sistema utilizado para agilizar contrataciones dentro de la agencia.

La hipótesis fiscal sostiene que el mecanismo habría sido manipulado para beneficiar de manera anticipada a determinados proveedores y excluir competidores reales de las compulsas de precios.

Según la acusación, en algunos casos competían empresas pertenecientes a un mismo grupo familiar y en otros directamente se simulaban ofertas para justificar contrataciones con valores inflados.

El fiscal Franco Picardi sostuvo en uno de sus dictámenes que el sistema “terminó funcionando como una herramienta” para favorecer maniobras irregulares “de manera ilícita y orquestada”.

Dentro de la causa aparece además un grupo denominado “grupo museo”, identificado a partir de un chat de WhatsApp compartido entre varios de los acusados.

Allí figuran conversaciones entre empresarios, exdirectivos y operadores que, según la acusación, coordinaban qué empresas serían invitadas a participar en determinadas licitaciones.

La causa ya suma 49 personas llamadas a indagatoria y continúa avanzando en distintos juzgados federales. A fines de abril, el juez Ariel Lijo ordenó realizar peritajes sobre audios atribuidos a Spagnuolo, donde se mencionaría un supuesto esquema de coimas dentro de la agencia.

Hasta el momento, varios de los acusados impulsaron pedidos de nulidad y cuestionaron el origen de las grabaciones incorporadas al expediente judicial.