La situación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) volvió a quedar en el centro de la polémica tras nuevas denuncias por recortes presupuestarios, designaciones cuestionadas y posibles avances privatizadores sobre áreas estratégicas del desarrollo científico argentino.
Desde distintos sectores internos del organismo advierten que, desde la llegada del ingeniero Martín Porro a la presidencia de la CNEA en 2026, se profundizó un proceso de reestructuración que desplazó el foco histórico de la institución: la investigación, el desarrollo tecnológico y la soberanía nuclear.
0 pesos devengados en estos proyectos de la CNEA desde enero de 2025.
— DefendamosLaCienciaArgentina (@DefLaCienArg) May 13, 2026
Sumémosle a esto el abandono del SMR más avanzado del continente, el abandono del acuerdo con China por una 4ta central con transferencia de tecnología y la firma del programa FIRST. ¿Quién gobierna? https://t.co/JvsXBHo0sP pic.twitter.com/29OVwkp64V
Según denuncian trabajadores y especialistas, la nueva conducción incorporó funcionarios sin experiencia técnica en energía atómica a puestos clave de administración, asuntos jurídicos y relaciones institucionales, mientras áreas científicas estratégicas enfrentan recortes y paralización de proyectos.
El escenario genera preocupación dentro del sistema científico nacional, especialmente por el impacto sobre proyectos vinculados al enriquecimiento de uranio, tecnología nuclear y formación de recursos humanos altamente calificados.
Entre las incorporaciones más cuestionadas aparece la designación de León Javier Grinspun al frente de la Gerencia de Asuntos Jurídicos.
De acuerdo con las críticas internas, el abogado tuvo participación en procesos de auditoría y reorganización en organismos estatales, incluyendo tareas en el INADI hasta diciembre de 2025. También fue incorporado al directorio de Nucleoeléctrica Argentina.
Otro de los nombres señalados es el de Felipe Randle, designado en la Gerencia de Área de Articulación Institucional. Según las objeciones planteadas desde sectores gremiales y técnicos, no cuenta con antecedentes específicos en el área nuclear.
En paralelo, también surgieron cuestionamientos hacia Ignacio Bruera, mencionado en las denuncias como uno de los funcionarios con influencia en decisiones vinculadas a desarrollos tecnológicos y estructuras empresariales asociadas al sector.
El deterioro presupuestario aparece como uno de los ejes centrales de la crisis denunciada dentro de la CNEA.
Según datos expuestos en informes internos y difundidos públicamente, el Centro Atómico Bariloche mantiene deudas superiores a 1.200 millones de pesos con la Cooperativa de Electricidad Bariloche y más de 138 millones con Camuzzi Gas del Sur hasta abril de 2026.
En ese contexto, trabajadores cuestionaron la autorización de gastos administrativos y de servicios mientras permanecen frenadas compras de insumos básicos y equipamiento científico.
Además, especialistas del sector advirtieron que proyectos considerados estratégicos para la soberanía tecnológica argentina registran niveles mínimos de ejecución presupuestaria durante 2026.
Entre ellos aparecen iniciativas vinculadas al desarrollo de máquinas centrífugas y módulos de enriquecimiento de uranio, áreas consideradas clave dentro del programa nuclear argentino.
La falta de financiamiento y previsibilidad también impactó sobre el personal técnico y científico. Según los datos difundidos, más de 300 trabajadores calificados dejaron el organismo en los últimos dos años.
El conflicto también se profundizó tras la difusión de información sobre supuestos procedimientos internos orientados a facilitar la privatización parcial de áreas vinculadas a la CNEA.
En ese marco, distintos sectores cuestionaron los alcances de la Ley Bases y alertaron sobre la posibilidad de habilitar participación privada en sectores relacionados con la explotación minera de uranio y empresas derivadas del sistema nuclear estatal.
Las críticas también alcanzan a la situación histórica de empresas asociadas a la CNEA como NASA, Dioxitek, Conuar, FAE y ENSI, señaladas en el texto como estructuras utilizadas políticamente durante distintas gestiones.
El documento base utilizado para estas denuncias incluye además fuertes posicionamientos sindicales y políticos que reclaman la organización de asambleas y medidas de fuerza dentro del sector científico estatal.
Hasta el momento, la conducción de la CNEA no difundió respuestas públicas detalladas sobre las acusaciones de “vaciamiento” ni sobre los cuestionamientos vinculados a la reorganización interna del organismo.
Mientras tanto, el debate sobre el futuro del sistema científico y tecnológico argentino suma tensión en medio del ajuste presupuestario impulsado por el Gobierno de Javier Milei y el impacto de las reformas estatales sobre organismos estratégicos.