El Gobierno nacional oficializó la venta de la participación estatal en Citelec, la sociedad controlante de Transener, y abrió un nuevo frente de debate político alrededor de las privatizaciones impulsadas por la gestión de Javier Milei.
La operación fue formalizada mediante la Resolución 673 del Ministerio de Economía, que adjudicó la participación estatal a las firmas Edison Energía y Genneia por un monto de U$S 356 millones, cifra que, según el texto base difundido por sectores críticos al oficialismo, supera en un 70% la tasación oficial previa.
Transener es considerada una empresa estratégica porque opera la red troncal de alta tensión que conecta gran parte del sistema eléctrico argentino. Hasta ahora, el esquema incluía participación estatal y control operativo privado a través de Pampa Energía, el grupo encabezado por Marcelo Mindlin.
La privatización generó fuertes cuestionamientos políticos y reactivó denuncias sobre supuestos vínculos entre empresarios beneficiados y figuras clave del oficialismo libertario.
Las críticas apuntan especialmente al Grupo Neuss, señalado como uno de los principales actores detrás de Edison Energía.
Según las acusaciones difundidas desde sectores opositores, los hermanos Juan y Patricio Neuss mantienen una relación personal histórica con Santiago Caputo, uno de los principales asesores políticos del presidente Milei y figura central dentro de la estructura de poder de La Libertad Avanza.
El texto también menciona presuntos vínculos entre el holding empresario y la Fundación Faro, organización señalada en distintos ámbitos políticos y mediáticos como cercana al armado libertario. Sin embargo, no se aportan documentos judiciales ni investigaciones oficiales que acrediten irregularidades en la operación.
Además de la compra de participación en Transener, el Grupo Neuss ya había quedado vinculado en los últimos meses a negocios energéticos estratégicos, entre ellos las represas hidroeléctricas Alicurá y Cerros Colorados, además de activos energéticos en Mendoza.
En paralelo al debate por Transener, distintos sectores políticos y empresariales observan con atención el proceso vinculado a la futura concesión de la Hidrovía del Paraná, una de las principales rutas logísticas y exportadoras de la Argentina.
El Gobierno nacional impulsa una nueva privatización para el dragado y balizamiento de la vía navegable por un período de 25 años, un negocio multimillonario vinculado al comercio exterior y la salida de exportaciones agroindustriales.
Según el texto base, el Grupo Neuss buscaría posicionarse también en esa disputa, donde aparecen otros empresarios ligados a terminales portuarias y sectores logísticos de Rosario, Bahía Blanca y otros puntos estratégicos del país.
La Hidrovía representa uno de los corredores económicos más importantes de Sudamérica y concentra buena parte del comercio de granos y productos industriales argentinos.
Las críticas contra la operación de Transener se enmarcan en un debate más amplio sobre el programa económico del Gobierno libertario y la política de privatizaciones impulsada por la Casa Rosada.
Desde sectores opositores sostienen que la venta de activos estratégicos responde a la necesidad de obtener divisas para afrontar compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y sostener el esquema financiero del Ejecutivo nacional.
El oficialismo, por su parte, defiende la reducción de participación estatal en empresas públicas y sostiene que la apertura al capital privado permitirá mejorar eficiencia, inversión y funcionamiento de sectores clave de infraestructura.
Hasta el momento no hubo respuestas públicas específicas del Gobierno sobre las acusaciones políticas vinculadas a Santiago Caputo ni sobre los cuestionamientos planteados alrededor del Grupo Neuss.
Mientras tanto, el debate sobre soberanía energética, control de infraestructura y privatización de activos estratégicos vuelve a ocupar un lugar central dentro de la discusión política y económica argentina.