La sesión venía caliente por la pelea alrededor de la Zona Fría, pero en los pasillos del Congreso varios diputados reconocían por lo bajo que el expediente verdaderamente delicado era otro. Mientras los flashes se iban detrás del tarifazo energético, el oficialismo avanzó con una reforma silenciosa que toca fibras sensibles del Estado.

La llamada “Ley Hojarasca” consiguió 138 votos afirmativos y ahora pasó al Senado. Hubo 96 rechazos y varias abstenciones que dejaron en evidencia que no todos los bloques dialoguistas están cómodos acompañando el plan de desregulación de Javier Milei.

En la bancada libertaria festejaron como si fuera una final ganada en tiempo suplementario. No es para menos. El proyecto es una de las banderas políticas de Sturzenegger, el hombre que desembarcó en el Gobierno con la misión de pasar la topadora sobre regulaciones, organismos y estructuras que considera parte de la “grasa militante” del Estado.

Desde hace meses el ministro viene machacando con la idea de limpiar “capas geológicas de burocracia”. Ayer logró un avance concreto. Pero también abrió una discusión mucho más áspera: quién define qué es hojarasca y qué es soberanía.

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El Congreso y la letra chica

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En el recinto hubo discursos encendidos. Algunos parecían escritos para TikTok. Otros dejaron planteadas preocupaciones bastante más terrenales.

La diputada Myriam Bregman fue una de las más duras. “Esto no es hojarasca, esto es una nueva entrega de soberanía”, disparó durante el debate, en una frase que rápidamente empezó a circular entre cuentas opositoras.

Detrás del impacto político aparece un dato concreto: el proyecto elimina más de 70 leyes que el oficialismo considera obsoletas, redundantes o directamente inaplicables.

El problema es que varios diputados aseguran que dentro de ese paquete hay normas sensibles. Una de las advertencias más fuertes llegó desde Unión por la Patria. El tucumano Pablo Yedlin denunció que la iniciativa deroga la Ley 26.688, que declara de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, vacunas y productos médicos.

No es un detalle menor.

Después de la pandemia, buena parte del sistema político argentino empezó a mirar con otros ojos la capacidad estatal para producir insumos sanitarios. En el conurbano bonaerense lo saben bien intendentes, secretarios de Salud y directores de hospitales que atravesaron el Covid contando camisolines, respiradores y ampollas.

Por eso el tema empezó a generar ruido incluso fuera de la oposición dura. Algunos legisladores dialoguistas reconocían anoche que el expediente llegó al recinto “demasiado empaquetado” y sin discusión técnica suficiente.

Ahí apareció otra crítica fuerte. El cordobés Juan Fernando Brügge, del bloque Provincias Unidas, cuestionó la falta de estudios previos. “No hay un análisis técnico profundo sobre la viabilidad de derogar estas leyes”, advirtió.

Y en esa frase aparece uno de los puntos centrales del debate: el Gobierno vende eficiencia administrativa, pero la oposición denuncia improvisación.

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La motosierra va por todo

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En el universo libertario la jugada tiene lógica política. Milei necesita mostrar que la motosierra sigue viva. Sobre todo ahora, cuando el ajuste empezó a pegar de lleno en sectores medios que acompañaron al oficialismo esperando otra velocidad en la recuperación económica.

La Casa Rosada viene detectando desgaste. En Balcarce 50 saben que ya no alcanza con pelearse con periodistas en redes sociales o subir gráficos de inflación. Necesitan sostener la épica anti Estado.

Por eso Sturzenegger se volvió una pieza central. En el oficialismo lo ven como el arquitecto del desarme regulatorio. Sus críticos, en cambio, lo describen como el gerente político de una poda que no distingue entre burocracia inútil y herramientas estratégicas.

Desde Viena, lejos del barro parlamentario argentino, el ministro festejó el resultado en X. “Gracias a toda la Cámara de Diputados por aprobar la ley hojarasca. Limpiar nuestro cuerpo normativo es fundamental”, escribió.

La escena tuvo algo muy libertario y muy argentino al mismo tiempo. Mientras en el Congreso se discutía si el Estado resigna capacidad sanitaria y soberanía regulatoria, el principal impulsor del proyecto celebraba desde Europa.

En los pasillos parlamentarios hubo otra lectura. Varios diputados opositores empezaron a advertir que el verdadero objetivo del Gobierno no es solamente simplificar leyes viejas. Creen que la administración libertaria está construyendo un nuevo paradigma jurídico donde el mercado tenga menos límites y el Estado pierda herramientas de intervención.

Eso explica por qué la discusión dejó de ser técnica y pasó a ser profundamente política.

Porque atrás de la palabra “hojarasca” aparece una pregunta bastante más pesada: qué cosas el Estado argentino deja de considerar importantes.