La discusión por el futuro de la Ruta Nacional 3 ya dejó de ser un expediente técnico para especialistas en infraestructura. En el sur bonaerense se convirtió en una pelea política concreta, con intendentes que, aun acompañando la lógica privatizadora de la Casa Rosada, empezaron a poner reparos porque el deterioro vial ya no se puede maquillar con conferencias de prensa ni slogans libertarios.

El intendente de Monte Hermoso, Hernán Arranz, salió a respaldar la concesión impulsada por el gobierno nacional, aunque dejó una advertencia que en el fondo funciona como un pase de factura. “Mantener una sola vía ya no alcanza”. Traducido al castellano político del interior: la ruta quedó vieja, colapsada y peligrosa.

En declaraciones a LU2, el jefe comunal sostuvo que el esquema de “ruta segura” puede servir como transición, pero remarcó que la discusión real pasa por construir una autovía. No es un detalle menor. La Ruta 3 es uno de los corredores más transitados del país y conecta buena parte de la producción, el turismo y el transporte pesado entre el centro y el sur argentino.

Cualquiera que haya manejado un fin de semana largo rumbo a la Costa Atlántica o hacia Bahía Blanca sabe de qué hablan los intendentes. Camiones pegados al guardarraíl, banquinas destruidas, sobrepasos suicidas y kilómetros eternos sin mantenimiento. La postal de abandono ya forma parte del paisaje bonaerense.

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Peajes sí, abandono no

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Arranz evitó confrontar de lleno con el gobierno libertario. Se movió con la cintura típica de los intendentes que necesitan sostener diálogo con Nación porque saben que la billetera provincial tampoco sobra. Pero igual dejó varios tiros por elevación.

El alcalde relativizó el impacto económico del futuro peaje, estimado en unos mil pesos más IVA, y aseguró que el costo termina siendo menor frente al gasto de combustible o al riesgo permanente de circular por una ruta detonada. “La seguridad vial también tiene un precio”, deslizan cerca del municipio.

El problema es otro: en el interior ya nadie cree en concesiones sin obras. Y ahí aparece la memoria larga del bonaerense. Peajes hubo siempre. Lo que nunca llegó en tiempo y forma fueron las inversiones prometidas.

En esa línea se expresó el intendente de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin, otro dirigente que evitó romper con la idea de concesionar, aunque dejó una frase que sintetiza el hartazgo regional. “Si vamos a pagar, la ruta tiene que estar nueve o diez puntos”.

La definición pega donde más le molesta al oficialismo. Porque mientras el Gobierno nacional repite que la obra pública es un curro, los municipios del interior conviven con rutas destruidas, sin banquinas y con mantenimiento mínimo.

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El ajuste llegó al asfalto

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La administración de Javier Milei frenó gran parte de la obra pública nacional bajo la lógica del déficit cero. El problema es que el relato anti Estado empieza a chocar contra la realidad cuando los vecinos ven que los pozos siguen ahí, que el pasto tapa la visibilidad y que viajar por algunas rutas provinciales se transformó en una ruleta rusa.

Matzkin fue especialmente duro con el estado de la Ruta Provincial 51, sobre todo en la zona del dique Paso de las Piedras camino a Bahía Blanca. La calificó como “caótica”. Y no exagera.

En los despachos municipales del sudoeste bonaerense vienen advirtiendo hace meses que el deterioro vial afecta producción, turismo y logística. El campo pierde plata, los transportistas rompen vehículos y los distritos turísticos sienten el impacto cuando viajar se vuelve una odisea.

El intendente pringlense también apuntó contra distintos tramos de la Ruta 3 entre Azul, Las Flores y San Miguel del Monte, sectores que conoce de memoria por sus viajes permanentes hacia Capital Federal.

Ahí aparece otro dato político interesante: los reclamos ya no vienen solamente desde la oposición. Empiezan a emerger desde dirigentes que, con matices, acompañan parte de la agenda libertaria. Y eso en la política argentina siempre es una señal.

Porque una cosa es militar el ajuste en televisión y otra muy distinta explicarle a un vecino por qué tiene que pagar más caro para circular por un camino destruido.

En el fondo, la discusión excede a la Ruta 3. Lo que está en debate es quién financia la infraestructura en la Argentina que viene. Si el Estado se retira y el privado entra solamente donde hay rentabilidad garantizada, el interior corre el riesgo de quedar otra vez mirando desde la banquina.

Y en la provincia de Buenos Aires, donde las distancias son enormes y la economía depende del movimiento permanente de mercadería y turismo, las rutas no son un lujo. Son una necesidad básica.