La escena ya se volvió parte del paisaje bonaerense. Patrulleros municipales, agentes vestidos con uniformes tácticos, camionetas ploteadas y una promesa repetida hasta el cansancio: más prevención. Lo nuevo ahora no son las cámaras, ni los tótems, ni los drones. El salto político y operativo pasa por otro lado. Las armas no letales.

En silencio, casi sin discusión pública seria, varios municipios de la provincia empezaron a avanzar con compras de dispositivos similares a las pistolas Taser o armas Byrna. Lo hacen con el argumento de reforzar la seguridad urbana frente a una demanda vecinal cada vez más áspera. Pero también porque encontraron un terreno políticamente rentable: mostrar acción rápida en medio de una crisis que desborda a la Policía bonaerense.

 

 

 

 

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Una publicación compartida por Desconfiados Cadena Rio 88.7 (@desconfiadosrio)

El caso más reciente explotó en Pinamar. El Concejo Deliberante aprobó a las apuradas una ordenanza para equipar a la Guardia Urbana con dispositivos de control y disuasión no letales. La inversión supera los 57 millones de pesos y quedó envuelta en ruido político por un detalle nada menor: hubo un solo oferente válido.

La empresa beneficiada fue ASP Blindajes S.A., que terminó quedándose con la contratación después de una licitación pública prácticamente sin competencia. Desde el Ejecutivo municipal argumentaron que la firma cumplía con todos los requisitos técnicos. Pero la ausencia de otros participantes obligó a recurrir al famoso artículo 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, una herramienta legal que habilita excepciones cuando los procesos quedan desiertos o limitados.

En la política bonaerense nadie se escandaliza demasiado por esas maniobras. Son parte del folklore administrativo de cada distrito. El problema aparece cuando el expediente avanza a velocidad récord y el debate público queda reducido a un trámite de comisión.

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La seguridad garpa

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En el AMBA los intendentes ya entendieron algo hace rato: la seguridad garpa políticamente. No importa demasiado si las estadísticas bajan o suben. Lo central es transmitir sensación de control. Mostrar presencia. Generar impacto visual.

Por eso las guardias urbanas dejaron de ser simples cuerpos de prevención municipal para transformarse en mini fuerzas locales con lógica cada vez más policial.

En La Plata, la gestión de Julio Alak se subió rápido a esa tendencia. La comuna confirmó la compra de pistolas Byrna, dispositivos que funcionan con aire comprimido y disparan municiones plásticas o irritantes similares al gas pimienta.

La operación tiene un presupuesto de 115 millones de pesos y ya empezó a mover el tablero político local. Desde la oposición venían reclamando endurecer el equipamiento de la Guardia Urbana y el oficialismo decidió tomar esa bandera antes de quedar corrido por derecha.

En la capital provincial explican que las armas serán utilizadas únicamente por supervisores capacitados. El detalle no es menor. Las Byrna no requieren autorización específica del gobierno bonaerense, a diferencia de las Taser tradicionales. Ahí está el verdadero motivo del boom.

El vacío normativo abrió una ventana perfecta para los municipios. Y varios intendentes la están aprovechando.

En los pasillos comunales del conurbano ya hablan del “modelo Vicente López”. El distrito gobernado por el PRO fue uno de los primeros en incorporar este tipo de equipamiento. Sumaron pistolas Byrna y escopetas no letales para reforzar patrullajes municipales.

La movida tuvo impacto inmediato. Sobre todo en sectores medios urbanos donde el reclamo por inseguridad se convirtió en prioridad absoluta. Cada intendente mira de reojo lo que hace el vecino porque nadie quiere aparecer como blando frente al delito.

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Un negocio que crece

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Detrás de la discusión sobre prevención también aparece otro tema del que pocos hablan en voz alta: el negocio de la seguridad municipal.

Las empresas proveedoras encontraron un mercado gigantesco en los municipios bonaerenses. Un nicho nuevo, con intendencias desesperadas por mostrar gestión y vecinos reclamando respuestas inmediatas.

En Escobar, por ejemplo, la Policía Municipal ya protagonizó distintos episodios vinculados al uso de este tipo de armamento. El distrito de Ariel Sujarchuk fue uno de los pioneros en avanzar con una lógica de fuerza local más profesionalizada y con fuerte presencia territorial.

La discusión de fondo recién empieza. Porque mientras los municipios ganan autonomía operativa, también aparecen preguntas incómodas: quién controla esos dispositivos, qué protocolos existen, cómo se supervisa su utilización y hasta dónde puede avanzar una guardia urbana sin convertirse, en los hechos, en otra policía paralela.

En la Provincia observan el fenómeno con atención. En privado, varios funcionarios admiten que los intendentes están ocupando espacios que históricamente correspondían al Estado provincial. La inseguridad empuja. La política corre detrás.

Y en el medio aparece el ciudadano común, el vecino que vuelve tarde del laburo, el comerciante cansado de las entraderas, la madre que mira el celular hasta que el hijo llega a casa. Ahí es donde estos anuncios pegan fuerte.

Porque en la Argentina de hoy la seguridad dejó de ser solamente una política pública. Se convirtió en una mercancía electoral.