En los pasillos del Senado no se habló de otra cosa. Mientras afuera el Gobierno sigue vendiendo épica libertaria y motosierra fiscal, adentro se cocinó una jugada de fondo que puede modificar para siempre la discusión sobre soberanía territorial en la Argentina.

Con lo justo, negociando voto por voto y transpirando el quórum como pocas veces desde que arrancó la gestión de Javier Milei, el oficialismo consiguió dictamen para avanzar con la llamada ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Traducido al castellano político real: abrir la puerta para que privados extranjeros compren tierras rurales sin los límites que regían desde 2011.

El texto salió con respaldo de La Libertad Avanza, sectores de la UCR, el PRO, bloques provinciales y aliados dialoguistas. Fueron 10 firmas en Asuntos Constitucionales y 9 en Legislación General. El número alcanzó raspando. Hubo llamados, promesas y rosca de último minuto.

En la Casa Rosada lo venden como una señal al mercado. En la Patagonia lo leen distinto: muchos creen que empezó una nueva etapa del remate silencioso del sur argentino.

Porque no se trata solamente de hectáreas. Se discuten lagos, reservas de agua dulce, minerales críticos, acceso energético y control territorial en una de las regiones más codiciadas del planeta.

Y eso, aunque el Gobierno intente maquillarlo de “federalismo”, en la política argentina nunca pasa inadvertido.

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La Patagonia ya cambió de dueño

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La ley vigente, la 26.737, había sido sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner. Ponía límites concretos: un máximo del 15% de tierras rurales en manos extranjeras y restricciones por nacionalidad y cantidad de hectáreas.

Ahora esos topes vuelan por el aire.

El nuevo esquema deja la regulación en manos de las provincias. Cada gobernador decidirá cuánto quiere abrir la tranquera.

Ahí aparece la verdadera discusión política.

Porque en provincias golpeadas económicamente, con cuentas fiscales atadas con alambre y desesperadas por inversiones, la presión para habilitar operaciones millonarias puede ser feroz.

En el sur el antecedente ya existe. Y no es menor.

Luciano Benetton controla cerca de 900 mil hectáreas en la Patagonia. Joe Lewis convirtió el conflicto por el acceso al Lago Escondido en un símbolo nacional sobre soberanía y privilegios. Ted Turner acumuló miles de hectáreas entre Neuquén y Tierra del Fuego. Capitales qataríes avanzaron sobre zonas sensibles con reservas hídricas estratégicas.

La discusión no es ideológica. Es geopolítica.

Mientras el Gobierno habla de “capital fresco”, muchos gobernadores miran de reojo cómo se consolida un mapa donde el territorio argentino empieza a administrarse con lógica de enclave privado.

En despachos legislativos del peronismo lo dicen sin maquillaje: “la Patagonia se convirtió en un activo financiero global”.

Y no exageran.

En los últimos años crecieron los negocios vinculados al turismo premium, parques privados, bonos verdes, explotación minera y proyectos energéticos asociados a fondos internacionales.

Todo eso ocurre en paralelo con incendios forestales cada vez más frecuentes y operaciones inmobiliarias que aparecen después del desastre.

Ahí es donde varios especialistas empiezan a poner la lupa.

Porque el proyecto habilita cambios de uso de suelo en zonas afectadas por incendios. Y eso, en el sur, toca una fibra extremadamente sensible.

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La rosca y el relato

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En el Gobierno saben que el tema incomoda. Por eso eligieron envolver la discusión en una narrativa libertaria clásica: menos Estado, más inversiones y provincias empoderadas.

La encargada de militar el expediente fue Patricia Bullrich, hoy alineada de lleno con el oficialismo. La ministra se movió personalmente para garantizar apoyos y sumar senadores dialoguistas.

El peronismo quedó partido.

Hay sectores que ven riesgos evidentes sobre recursos estratégicos. Otros gobernadores, en cambio, observan una oportunidad para atraer dólares en medio de una economía devastada.

La tensión ya atraviesa a provincias petroleras, mineras y turísticas.

En Río Negro, Chubut y Neuquén nadie ignora que el negocio de la tierra viene creciendo hace años. Tampoco desconocen que muchos empresarios extranjeros ya operan con estructuras jurídicas locales para esquivar restricciones.

La diferencia ahora sería otra: el Estado nacional dejaría prácticamente de intervenir.

Y ahí aparece el interrogante que sobrevuela todo el debate.

¿Qué pasa cuando el mercado termina definiendo zonas estratégicas sin planificación política de largo plazo?

En la Argentina de Milei esa pregunta parece molestar.

Porque el oficialismo cree que cualquier regulación es sospechosa de “estatismo”. Incluso cuando se trata de recursos naturales.

Mientras tanto, en el Senado ya preparan la próxima batalla.

Dentro de quince días el proyecto llegará al recinto. El Gobierno necesita mostrar fortaleza legislativa después de semanas de desgaste político y económico.

Pero debajo de la discusión jurídica se mueve algo más profundo: la sensación de que la Argentina empieza a rifar activos estratégicos para sobrevivir la coyuntura.

Y eso, en un país acostumbrado a vender patrimonio en épocas de crisis, nunca termina del todo bien.

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El sur bajo presión

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En la Patagonia el clima ya cambió.

Hay intendentes que hablan en voz baja. Empresarios turísticos que celebran. Comunidades mapuches que vuelven a ponerse en alerta. Gobernadores que hacen cuentas fiscales mirando inversiones futuras.

Todo ocurre mientras la política nacional discute en modo tuitero.

La escena tiene algo muy argentino: un Senado negociando hectáreas estratégicas entre operaciones parlamentarias, discursos sobre libertad económica y provincias fundidas buscando oxígeno financiero.

El problema es que después esas decisiones quedan.

Y el mapa también.