miércoles 27 de mayo de 2026 - Edición Nº5088

Nacionales | 27 may 2026

Reforma caliente en Entre Ríos

Frigerio mete mano en las jubilaciones y abre una guerra con gremios y jueces

11:00 |En Entre Ríos ya nadie discute si la Caja previsional está quebrada. La pelea ahora pasa por quién paga la factura política y económica de un sistema que hace años viene haciendo agua. El gobernador Rogelio Frigerio enviará en los próximos días una reforma previsional que toca intereses sensibles: eleva edades, endurece requisitos y apunta contra privilegios históricos. En esta nota te contamos cómo se cocinó el proyecto, quiénes resisten y por qué el conflicto ya empezó a escalar en la calle, en los tribunales y en la Legislatura.


La discusión previsional en Entre Ríos dejó de ser técnica hace rato. Entró de lleno en el barro de la política real. Ahí donde los gobernadores se juegan capital, los gremios salen a la calle y los legisladores empiezan a contar votos como si fueran lingotes.

Eso pasa hoy con Rogelio Frigerio. El mandatario decidió avanzar sobre uno de esos temas que todos reconocen como explosivos pero que casi nadie quiere tocar. Y en la provincia mesopotámica el tablero ya empezó a moverse.

La reforma previsional que prepara la Casa Gris no es una poda menor. Es un rediseño gradual del sistema jubilatorio provincial. El corazón del proyecto apunta a llevar la edad de retiro hacia parámetros nacionales y subir los años de aporte, con un cronograma que se extendería hasta 2046.

Traducido al castellano político argentino: ajuste largo, administrado y con costo diferido.

Hoy una mujer estatal puede jubilarse a los 57 años y un hombre a los 62, ambos con 30 años de servicio. El esquema que impulsa Frigerio mantiene esas condiciones hasta 2030. Después empieza el desarme progresivo: cada año se sumarán seis meses de edad y cada dos años aumentará un año de aportes hasta llegar a los 65 años y 35 de contribuciones para todos.

En el Gobierno entrerriano venden la iniciativa como una “armonización” con Nación. En los sindicatos la describen directamente como un ajuste clásico, de manual.

Y la verdad es que las dos cosas tienen algo de cierto.


Una caja detonada


En privado, dirigentes oficialistas admiten que la Caja de Jubilaciones provincial es un agujero fiscal difícil de sostener. Lo dicen sin vueltas: el sistema tiene menos de dos trabajadores activos por cada pasivo. Una ecuación inviable en cualquier despacho de Economía.

Frigerio viene usando un número que en la política provincial ya se volvió mantra: 1,8 activos por jubilado. Según el gobernador, deberían ser cuatro para sostener el equilibrio.

El problema no nació ahora. Eso también es verdad.

La Caja arrastra décadas de deterioro financiero, regímenes especiales mal cerrados y una dependencia cada vez más profunda de los fondos nacionales. El peronismo gobernó la provincia durante veinte años seguidos y nunca encaró una reforma de fondo. Nadie quiso pagar el costo.

Ahora le toca al exministro de Mauricio Macri, que llegó al poder prometiendo orden fiscal y modernización del Estado. Y encontró una provincia donde el gasto previsional funciona como una bomba de tiempo.

En la Casa Gris están convencidos de que si no hacen algo ahora, el problema se come cualquier posibilidad de gestión futura. El asunto es que tocar jubilaciones en Argentina siempre tiene el mismo efecto: incendia la política.


Los gremios ya olieron sangre


Los sindicatos estatales reaccionaron antes incluso de conocer el texto definitivo.

La conducción de Agmer, el gremio docente alineado con CTERA, salió a militar abiertamente contra la reforma. Hubo protestas, asambleas y presión sobre diputados provinciales para bloquear el proyecto.

En rigor, el conflicto no pasa solamente por la edad jubilatoria. La tensión real está en otra parte: los regímenes especiales y el temor a perder beneficios históricos.

Hay sectores que hoy pueden retirarse a los 52 años. El Ejecutivo pretende sostener formalmente esos sistemas, pero obligando a los beneficiarios a continuar aportando hasta llegar a la edad común. Ahí está uno de los focos más calientes.

Y después aparece el capítulo judicial. Un clásico de la política argentina.

Actualmente los haberes del Poder Judicial entrerriano están enganchados a las subas salariales que define la Corte Suprema en Buenos Aires. Es decir: parte de la dinámica previsional provincial depende de decisiones tomadas a 500 kilómetros.

Frigerio quiere cortar ese vínculo. Y eso implica meterse con uno de los sectores más corporativos del sistema político argentino.

Nadie en la provincia cree que esa pelea vaya a ser sencilla.


La billetera de Nación


Mientras tanto, el Gobierno provincial negocia desesperadamente más plata con la ANSES.

Hoy Entre Ríos recibe unos $6 mil millones mensuales para compensar el rojo previsional. La intención es llevar esa cifra a $10 mil millones.

Por eso Frigerio se reunió esta semana con Sandra Pettovello y con el titular ejecutivo del organismo previsional. En paralelo, la provincia mantiene una demanda ante la Corte Suprema por una deuda estimada en $154 mil millones.

Acá aparece otra discusión de fondo. La política previsional argentina hace años funciona como un sistema de parches entre provincias quebradas y una Nación que también vive al borde del déficit.

La armonización que exige ANSES no es gratis. La lógica libertaria que domina hoy la Casa Rosada es sencilla: si querés plata, alineate.

Por eso el gobernador necesita mostrar que avanza con reformas estructurales. Incluso aunque eso implique pagar desgaste interno.

Frigerio lo sabe. Los gremios también.

Y el peronismo provincial encontró ahí una bandera para reagruparse después de la derrota electoral.


El riesgo político


En público, Frigerio habla de “coraje” y “determinación”. “Nadie tuvo el coraje de tratar este problema”, lanzó esta semana.

No es casual. El gobernador intenta construir el relato del dirigente que se anima a hacer lo que otros escondieron debajo de la alfombra.

El problema es que en Argentina las reformas previsionales rara vez terminan siendo sólo técnicas. Acá las jubilaciones son identidad política, poder sindical y conflicto callejero.

Y cuando los gobernadores empiezan a discutir cajas jubilatorias, el termómetro social sube rápido.

Más todavía en un país donde la palabra “armonización” suele ser percibida como sinónimo de ajuste.

En la Legislatura entrerriana ya cuentan que el debate será áspero. Muy áspero. Habrá presión sindical, operaciones cruzadas y una oposición peronista que intentará pegarle a Frigerio por derecha y por izquierda al mismo tiempo.

La pregunta que sobrevuela la provincia no es si la Caja necesita cambios. Eso ya nadie lo discute seriamente.

La duda verdadera es otra: si el gobernador tiene espalda política suficiente para atravesar el incendio que viene.

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