En Adolfo Alsina el conflicto no explotó todavía, pero ya huele a pólvora mojada. De esas que tardan en encender, aunque cuando arrancan dejan a todo el pueblo mirando para el mismo lado: el Palacio Municipal.

La gestión del radical Javier Andrés decidió frenar el pago de un aumento salarial del 5% que había sido acordado con los trabajadores municipales en la última negociación paritaria. El argumento oficial es tan viejo como el déficit estructural de los municipios bonaerenses: no hay plata.

El problema es que el compromiso existió. Y el sindicato no está dispuesto a hacerse el distraído.

La discusión parece chica si se la mira desde la política nacional, acostumbrada a hablar en billones y déficit fiscal. Pero en los pueblos del interior bonaerense un cinco por ciento puede ser la diferencia entre llegar o no a fin de mes. Mucho más cuando los municipales vienen corriendo detrás de la inflación desde hace años.

Ahí es donde el relato de austeridad empieza a hacer ruido.

Porque mientras el Ejecutivo local intenta instalar que los salarios “le vienen ganando a la inflación”, en la calle el humor es otro. Más áspero. Más cansado. Más parecido al de un laburante que ya no cree demasiado en las mesas paritarias.

El secretario general de la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales de Adolfo Alsina (ASTMAA), Néstor Coliné, salió a cruzar al municipio sin demasiadas vueltas.

“Vamos a esperar al 20 de junio para ver si en la liquidación está reflejado el 5%. Si no es así, convocaremos a una asamblea urgente para que las bases resuelvan qué medida tomar”, avisó.

La frase cayó como una advertencia directa sobre el despacho del intendente.

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Una comuna atada con alambre

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En el oficialismo local intentan bajarle el tono al conflicto. El secretario de Gobierno, Martín Gavio, reconoció que el compromiso salarial existió, aunque buscó abrir un paraguas político: dijo que el aumento fue un acuerdo “de palabra” y no algo formalmente firmado.

En política, cuando aparece la explicación semántica, normalmente el problema ya arrancó.

Porque el trabajador municipal no distingue entre acuerdo verbal o documento sellado. Lo que escucha es otra cosa: que la plata prometida no aparece.

Gavio además sostuvo que “la situación está re tranquila” y descartó un escenario de paro que afecte servicios públicos. El problema es que esa tranquilidad que describe el funcionario no parece coincidir demasiado con el clima que empieza a respirarse en el distrito.

En los pasillos municipales ya circula una sensación incómoda: la caja quedó al límite.

Y no es solamente un problema de Adolfo Alsina.

En muchos municipios del interior bonaerense el gasto salarial se devora prácticamente todo el presupuesto. La ecuación es brutal. En este caso, sobre un presupuesto anual cercano a los 24 mil millones de pesos, la masa salarial ronda los 2 mil millones mensuales.

Traducido al castellano del conurbano: los intendentes administran municipios donde casi toda la recaudación se va en pagar sueldos.

No sobra margen para obra pública. Tampoco para maquinaria, seguridad o infraestructura. Mucho menos para bancarse una caída de coparticipación o un freno económico.

Por eso varios jefes comunales vienen pateando aumentos, renegociando pagos o directamente sentándose arriba de las paritarias esperando que pase el temporal.

El problema es que el temporal no pasa.

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El deterioro que nadie quiere admitir

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El gremio sostiene que la pérdida salarial viene desde la devaluación de diciembre de 2023. Ahí empezó el verdadero agujero.

“Nunca existió un recupero real”, planteó Coliné, al recordar el impacto del salto inflacionario posterior al cambio de gobierno nacional.

Ese diagnóstico se repite en buena parte de la provincia.

Los municipales son, probablemente, el sector más relegado del empleo público bonaerense. Cobran menos que trabajadores provinciales, menos que estatales nacionales y muchas veces quedan atrapados en intendencias que dependen de recursos cada vez más flacos.

En privado, varios intendentes admiten lo mismo: la motosierra de Javier Milei terminó empujando costos hacia las provincias y municipios, pero sin herramientas reales para compensar la caída de ingresos.

Entonces aparece el ajuste silencioso.

No se anuncia en conferencia de prensa. No sale en cadena nacional. Se traduce en aumentos postergados, pagos desdoblados y sueldos que pierden contra el supermercado.

En los pueblos chicos eso pega distinto. Porque todos se conocen.

El funcionario que firma el decreto se cruza al municipal en la carnicería, en el club o en la estación de servicio. Y ahí ya no alcanza con repetir slogans libertarios ni discursos sobre equilibrio fiscal.

Ahí empieza otra discusión. Mucho más concreta. La de la heladera.