El clima en el Palacio Municipal de Chacabuco venía raro desde hacía meses. Nadie lo decía abiertamente, pero en los pasillos del Concejo Deliberante varios concejales oficialistas admitían por lo bajo que el aumento de tasas estaba agarrado con alambre.

La sesión de la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes había sido áspera, tensa, cargada de rosca y de cuentas finitas. De esas jornadas donde cada voto se negocia como si fuera el último vaso de agua en el desierto.

Y ahí apareció el problema.

El gobierno de Rubén Golía quiso empujar un paquete fiscal pesado, con incremento de tributos y creación de una Tasa de Salud, usando un mecanismo que jurídicamente hacía ruido desde el minuto uno: el doble voto del presidente del Concejo Deliberante para desempatar. Una salida habitual para ordenanzas comunes, pero extremadamente delicada cuando se trata de aumentar impuestos.

La oposición ya había avisado que iba a judicializar todo. No era una amenaza de café. Era una advertencia concreta.

Y la Suprema Corte de Justicia bonaerense terminó dándoles la razón.

Porque el asunto no era solamente el desempate.

El problema de fondo es que el oficialismo ni siquiera alcanzaba la mayoría absoluta exigida por la Constitución provincial para aprobar tributos municipales. Y eso cambia todo.

La matemática política de Golía terminó chocando contra el derecho constitucional.

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Una derrota que duele

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En el peronismo del interior bonaerense hay una frase vieja: “las tasas son la coparticipación propia”. Y en un contexto de caída de transferencias nacionales, ajuste libertario y municipios cada vez más secos de recursos, aumentar tributos se volvió casi una necesidad de supervivencia política.

Pero una cosa es recaudar y otra muy distinta es forzar procedimientos.

La Corte fue clarísima. El cálculo debía hacerse sobre la totalidad de integrantes de la Asamblea y no sobre los presentes. O sea: aunque el presidente del cuerpo pudiera desempatar —cosa que el tribunal también cuestiona— al oficialismo igual le faltaba un voto.

Traducido al castellano brutal de la política bonaerense: al gobierno local no le daban los números y quiso pasar igual.

Eso explica la incomodidad que hoy atraviesa al oficialismo chacabuquense.

Porque el fallo pega en un lugar sensible: la legitimidad política de la recaudación.

En municipios medianos del interior, donde el vecino conoce al concejal en el supermercado y el contribuyente ve la boleta municipal antes que cualquier indicador macroeconómico, estos errores no pasan desapercibidos.

Mucho menos cuando la tasa suspendida era justamente la vinculada a Salud.

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El fantasma del impuestazo

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La pelea por las tasas municipales se transformó en uno de los grandes campos de batalla entre intendentes y el gobierno de Javier Milei.

La Casa Rosada viene hace meses construyendo un discurso contra lo que llama “la creatividad fiscal” de los municipios. Desde el Ministerio de Economía salieron varias veces a cruzar intendentes por cargos incluidos en facturas de servicios públicos y por aumentos considerados “distorsivos”.

En ese contexto, el caso de Chacabuco cayó como anillo al dedo para el relato libertario.

En La Plata, varios intendentes miraron el fallo con preocupación. No por solidaridad con Golía, sino porque muchos municipios aprobaron subas similares con reglamentos interpretados al límite.

El antecedente puede convertirse en una bomba expansiva.

Sobre todo porque la Corte bonaerense recordó jurisprudencia previa, particularmente el caso “Anaya”, donde ya había fijado criterio sobre las mayorías necesarias para aprobar aumentos tributarios.

O sea: no hubo sorpresa jurídica. Hubo una apuesta política que salió mal.

Y eso en política se paga.

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El detalle más polémico

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Ahora bien, el dato más llamativo del fallo apareció casi escondido entre tecnicismos judiciales.

La suspensión del aumento no beneficia automáticamente a todos los vecinos de Chacabuco. Sólo alcanza a quienes iniciaron la demanda judicial.

Ahí la Corte eligió una salida quirúrgica.

Ni demolió completamente el esquema tributario ni dejó plenamente firme el aumento. Optó por un punto intermedio que, en la práctica, abre una puerta peligrosa: el vecino que quiera evitar la suba deberá litigar.

Y eso puede generar un efecto dominó.

Porque si empiezan a multiplicarse presentaciones similares, el municipio podría entrar en un laberinto administrativo y financiero bastante complicado.

En la oposición ya hablan de “papelón institucional”.

En el oficialismo intentan bajar el tono.

Pero en privado varios dirigentes reconocen que el impacto político es serio.

Golía quedó expuesto en el peor lugar posible: entre la necesidad de recaudar y la sospecha de haber querido forzar las reglas.

Y en la provincia de Buenos Aires, cuando un intendente pierde autoridad sobre el manejo de las tasas, empieza a perder algo mucho más delicado: capacidad de conducción.