Misiones tiene memoria. Y en política, sobre todo cuando se habla de represas, la memoria pesa más que cualquier powerpoint de consultora energética.

Por eso cada vez que aparece la palabra Corpus, en la tierra colorada se activa un reflejo casi automático. Ambientalistas, productores, dirigentes sociales y buena parte de la sociedad recuerdan demasiado bien aquel plebiscito de 1996 donde casi el 90% de los misioneros mandó la represa al archivo muerto. No fue una encuesta. Fue una paliza política. Y además vinculante.

Pero treinta años después, el tema volvió. Y no volvió por nostalgia académica ni por romanticismo hidroeléctrico. Volvió porque Paraguay tiene un problema serio: se está quedando sin margen energético para sostener el modelo económico que el presidente Santiago Peña quiere venderle al mundo.

En Asunción hablan directamente de riesgo de apagón para 2030. No es una exageración. El crecimiento de las maquilas, la demanda industrial y hasta el proyecto para instalar un polo de Inteligencia Artificial impulsado junto a Taiwán obligaron al gobierno paraguayo a mirar otra vez el mapa energético regional. Y ahí apareció Corpus. Otra vez.

La frase que circula en despachos de la Entidad Binacional Yacyretá es brutalmente honesta: “Nuestro mayor impedimento es Argentina”. Más precisamente, Misiones. Porque el plebiscito sigue vigente y jurídicamente todavía funciona como un candado político difícil de romper.

Y ahí empieza la verdadera discusión.

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El fantasma del ‘96

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En el AMBA muchos ni se acuerdan, pero en Misiones el rechazo a Corpus fue un hecho político enorme. No era solamente una pelea ambientalista. Era una discusión de poder, de territorio y de desconfianza hacia Buenos Aires.

La sombra de Yacyretá ya venía pesada. Desplazamientos, promesas incumplidas, inundaciones y negocios oscuros habían dejado una cicatriz enorme en la región. Entonces cuando desde el menemismo empujaron Corpus, gran parte de la provincia sintió que le querían meter otra vez una obra faraónica diseñada desde escritorios porteños.

Y los misioneros dijeron que no.

Ahora la historia vuelve con otro packaging. Más moderno. Más “verde”. Más técnico. Los impulsores del proyecto aseguran que ya no se trata de la vieja represa pensada en Itacuá. Hablan de un nuevo emplazamiento en Pindo-í, con menor impacto ambiental, menos familias afectadas y una central “de pasada”, sin gran volumen de regulación.

El problema es que en política las cicatrices no desaparecen porque un consultor cambie el render.

En la COMIP repiten que Corpus podría generar unos 2.880 megavatios, mejorar la navegación del Paraná y aportar energía más barata para la región. También prometen regalías, empleo y desarrollo industrial. El libreto es el clásico manual hidroeléctrico sudamericano.

Pero enfrente siguen apareciendo voces que recuerdan que el proyecto está prohibido por ley provincial y que cualquier intento de reflotarlo implica volver a discutir la voluntad popular expresada en las urnas.

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Peña acelera, Misiones duda

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Lo más interesante del tema no pasa hoy por la ingeniería sino por la política.

Porque mientras en Paraguay aceleran, en Misiones nadie quiere pagar el costo de abrir formalmente el debate. El gobernador Hugo Passalacqua evita meterse de lleno en el asunto. Y no es casualidad. Sabe perfectamente que tocar Corpus puede transformarse en una bomba electoral.

Sin embargo, algunos sectores ya empezaron a mover fichas. El diputado provincial libertario Martín Arjol presentó un proyecto para impulsar un nuevo plebiscito. La jugada cayó como una piedra en un estanque quieto.

El argumento es simple: la provincia tiene problemas energéticos crecientes, cortes frecuentes y dependencia del sistema nacional. Los defensores de la obra aseguran que el escenario cambió radicalmente desde 1996 y que la discusión merece ser actualizada.

El punto es que del otro lado nadie compra fácilmente esa narrativa.

En Posadas todavía recuerdan cómo muchas veces las grandes obras prometieron progreso y terminaron dejando negocios para pocos y costos ambientales para muchos. Por eso el rechazo sigue vivo incluso entre generaciones que ni siquiera votaron en aquel plebiscito.

Y además hay otro dato incómodo: mientras se habla de transición energética y sustentabilidad, el proyecto vuelve a emerger de la mano de necesidades industriales y geopolíticas mucho más vinculadas al mercado que al ambiente.

Brasil ya le avisó a Paraguay que no puede seguir dependiendo eternamente de la energía ajena para sostener sus planes económicos. Entonces Peña salió desesperadamente a buscar alternativas. Corpus es una. Las otras son al menos 22 proyectos hidroeléctricos menores que el gobierno paraguayo analiza con capital privado.

Lo que está pasando es bastante evidente: la región entra en una nueva guerra silenciosa por la energía.

Y ahí Misiones vuelve a quedar en el medio de una discusión donde los intereses internacionales pesan mucho más que el discurso ambientalista o las promesas electorales de ocasión.

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La política del río

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En el fondo, Corpus siempre fue mucho más que una represa.

Es la discusión eterna sobre quién decide qué hacer con los recursos naturales. Si las provincias. Si la Nación. Si los organismos binacionales. O si el mercado.

También expone otra cosa: el divorcio histórico entre el interior profundo y las decisiones que se toman desde el poder central.

Por eso el debate genera tanta sensibilidad en la tierra colorada. Porque muchos sienten que otra vez aparecen funcionarios, técnicos y empresarios hablando de desarrollo mientras los costos reales quedarían del lado misionero.

Y en esa tensión hay una pregunta que nadie logra responder del todo: ¿cuánto vale hoy la energía frente al costo político de volver a abrir una herida que en Misiones jamás terminó de cerrar?

Lo que tenés que saber sobre Corpus

• Paraguay quiere reactivar la represa por riesgo de crisis energética hacia 2030.
• El plebiscito de 1996 en Misiones rechazó la obra con casi el 90% de votos negativos.
• La nueva propuesta ubica el proyecto en Pindo-í, con menor impacto ambiental.
• La COMIP asegura que la central podría generar 2.880 MW.
• Sectores ambientalistas sostienen que la prohibición sigue vigente por ley provincial.
• En la Legislatura misionera ya aparecieron proyectos para impulsar una nueva consulta popular.
• El debate divide a la política provincial entre necesidades energéticas y costos ambientales.