El intendente de San Isidro fue el único opositor que se sentó en la mesa convocada por el ministro Javier Alonso para discutir una reforma de la Ley de Seguridad bonaerense. En esta nota te contamos por qué el alcalde del PRO decidió ir al frente, qué diferencias tiene con el esquema que empuja la gestión de Axel Kicillof y cómo la crisis de inseguridad del AMBA terminó acelerando una discusión que la política provincial viene pateando desde hace años.

La escena fue bastante elocuente. En un salón cargado de intendentes oficialistas, funcionarios provinciales y técnicos de seguridad, el único alcalde opositor que levantó la mano para marcar diferencias fue Ramón Lanús. Y no lo hizo en voz baja.

Mientras el gobierno de Axel Kicillof intenta abrir una discusión para aggiornar la vieja Ley de Seguridad bonaerense, el jefe comunal de San Isidro decidió poner arriba de la mesa algo que en el conurbano se comenta hace rato: los municipios ya están haciendo de policías, pero sin mando real, sin respaldo jurídico y poniendo la billetera.

Traducido al idioma de la política bonaerense: los intendentes se hacen cargo del quilombo mientras la Provincia administra la lapicera.

Y ahí aparece el verdadero trasfondo de esta discusión. No se trata solamente de patrulleros, cámaras o uniformes. La pelea de fondo es por poder. Poder territorial. Poder operativo. Poder político. En el AMBA, quien controla la seguridad maneja una parte decisiva del humor social.

Porque en el conurbano la inseguridad dejó de ser un tema electoral para convertirse en una experiencia cotidiana. El vecino ya no discute estadísticas; discute si puede llegar vivo a su casa.

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La Provincia quedó corriendo atrás

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La reunión encabezada por el ministro Javier Alonso buscó mostrar apertura política y construir una foto de consenso. Pero la postal tuvo un detalle incómodo: el único que salió públicamente a marcar diferencias fue justamente un intendente opositor que gobierna uno de los distritos más ricos y más exigentes del Gran Buenos Aires.

Lanús no fue diplomático. Reconoció la convocatoria, pero enseguida dejó claro que el proyecto provincial no alcanza.

“La realidad ya cambió y la ley tiene que ponerse al día con lo que ocurre todos los días en los municipios”, planteó.

Detrás de esa frase hay una crítica bastante más profunda al modelo de seguridad bonaerense. Los municipios vienen invirtiendo fortunas en prevención mientras la Provincia conserva el control político y operativo de la Policía Bonaerense, una estructura gigantesca, atravesada históricamente por internas, cajas, vínculos oscuros y una burocracia que desespera a cualquier intendente.

En el PRO dicen algo por lo bajo desde hace años: ningún gobernador quiere soltar el control de la Bonaerense porque perdería una de las principales herramientas de construcción territorial.

Pero también admiten otra cosa. Cada vez más intendentes —inclusive peronistas— están cansados de poner plata sin poder decidir demasiado.

Por eso la discusión empezó a atravesar incluso a varios alcaldes del PJ que, aunque no lo digan en público, vienen reclamando más autonomía para manejar patrullas locales.

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La caja, el mando y el desgaste

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Lanús fue más allá y puso el dedo en otra llaga sensible: la plata.

Hoy San Isidro financia patrullas municipales, tecnología, centros de monitoreo, motos, camionetas y hasta horas adicionales de efectivos bonaerenses. Todo con fondos locales.

En otras palabras: el municipio paga una estructura que, formalmente, depende de otro.

“Estamos absorbiendo con recursos propios competencias que son netamente provinciales”, disparó.

En La Plata escucharon el mensaje. Porque el reclamo no llega solamente desde un distrito opositor. Empieza a aparecer en varios municipios que sienten que la Provincia les descarga responsabilidades mientras los recursos nunca alcanzan.

Y ahí aparece otro problema político para Kicillof. La seguridad se transformó en el principal agujero negro de su gestión.

Cada crimen resonante en el conurbano termina golpeando directo sobre la Gobernación. Cada video viral de motochorros, entraderas o robos violentos erosiona la imagen provincial mucho más rápido que cualquier debate económico.

Por eso el Ejecutivo necesita mostrar reacción.

La convocatoria de Alonso apunta justamente a eso: construir una señal política de modernización y cooperación con los intendentes.

Pero en la práctica todavía nadie explica cómo convivirían esas eventuales policías municipales con la Bonaerense, las fuerzas federales y la Justicia.

Y en la política argentina, cuando nadie explica quién manda, normalmente termina mandando el caos.

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El conurbano cambió para siempre

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Hay algo que en la dirigencia todavía cuesta admitir públicamente. El viejo esquema de seguridad bonaerense quedó viejo frente a una criminalidad mucho más dinámica, violenta y profesionalizada.

Los municipios ya no discuten solamente robos callejeros. Hablan de narcomenudeo, bandas organizadas, motochorros con logística, mercados ilegales y delitos cada vez más conectados con redes criminales regionales.

En ese contexto, los intendentes empezaron a construir sus propios mini sistemas de seguridad. Algunos con más profesionalismo que otros.

El caso de San Isidro es uno de los modelos que el PRO intenta mostrar como ejemplo de gestión urbana moderna: cámaras, lectores de patentes, centros de monitoreo, móviles propios y patrullas locales visibles en la calle.

Pero incluso ahí reconocen límites. Sin atribuciones legales claras, los agentes municipales quedan atrapados en una zona gris.

Pueden observar, reportar, asistir. Pero no actuar plenamente.

Lanús quiere romper justamente con eso. Pretende oficiales municipales con mando operativo, carrera profesional y atribuciones específicas bajo control político directo del intendente.

Es, básicamente, una policía local con otro nombre.

Y eso abre una discusión explosiva dentro del peronismo bonaerense.

Porque si los municipios ganan autonomía en seguridad, la Provincia pierde centralidad política.

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La pelea que viene

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En la Legislatura bonaerense ya saben que este debate puede convertirse en uno de los grandes conflictos políticos del año.

No sólo porque toca el tema más sensible para los vecinos del AMBA. También porque expone una discusión histórica jamás resuelta: quién se hace cargo realmente de la seguridad en la provincia más grande del país.

Mientras tanto, en la calle, la política corre atrás de una demanda social que ya perdió paciencia.

El vecino no distingue jurisdicciones, competencias ni internas partidarias. Quiere llegar a su casa sin que le peguen un tiro por un celular.

Y en esa desesperación cotidiana, varios intendentes empezaron a convencerse de algo: si la Provincia no resuelve el problema, terminarán construyendo su propia policía de hecho.

Aunque después haya que discutir cómo legalizarla.