El mileísmo tiene una obsesión. Mira a Estados Unidos como quien mira un espejo. A veces copia ideas. Otras veces intenta importar formatos completos. La nueva Ley de Transparencia y Publicidad en la Gestión de Intereses forma parte de esa lógica.

La iniciativa ingresó al Congreso la semana pasada y busca regular el lobby, una actividad que en países como Estados Unidos funciona bajo reglas específicas y registros obligatorios. El proyecto crea un padrón de gestores de intereses y obliga a transparentar contactos con funcionarios y legisladores.

Hasta ahí, la explicación oficial.

El problema aparece cuando se pasa de la teoría a la realidad política argentina.

Porque el Gobierno que ahora dice querer transparentar reuniones llegó a la Casa Rosada después de una campaña en la que gran parte de las visitas a Javier Milei durante su residencia en el Hotel Libertador nunca quedaron registradas públicamente. Y porque buena parte del poder que rodea hoy al Presidente se mueve precisamente en las zonas grises que la política argentina conoce desde hace décadas.

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El negocio detrás de la lapicera

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La discusión de fondo no es el lobby.

La discusión es quién tiene acceso a la lapicera.

En la Argentina nadie se sorprende porque una empresa quiera influir sobre una decisión pública. O porque una cámara empresaria busque modificar una regulación. Eso ocurre en cualquier democracia.

Lo que genera ruido es otra cosa.

Cuando quienes redactan leyes son los mismos que después asesoran a las compañías beneficiadas por esas normas, el límite entre representación de intereses y conflicto de intereses se vuelve extremadamente fino.

En los últimos meses aparecieron numerosos ejemplos de esa dinámica.

El caso más conocido fue el del estudio Bruchou & Funes de Rioja, que terminó reconociendo participación en aspectos de la reforma laboral incorporada a la Ley Bases. El episodio expuso algo que en los pasillos del poder se comenta desde hace años: los grandes estudios jurídicos dejaron de ser simples asesores para transformarse en actores permanentes de la toma de decisiones.

Ese fenómeno no nació con Milei.

Ocurrió durante el menemismo.

Volvió durante el macrismo.

Y hoy reaparece bajo otra estética, aunque con mecanismos bastante parecidos.

Los nombres cambian. La lógica permanece.

Bufetes especializados en derecho administrativo, regulación económica, energía, infraestructura y privatizaciones participan del diseño de marcos normativos mientras representan a grupos económicos interesados en esos mismos negocios.

Nada de eso es necesariamente ilegal.

Pero sí configura un sistema donde el acceso al poder se transforma en un activo económico de enorme valor.

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Santiago Caputo, el jugador invisible

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En ese tablero aparece una figura que no firma decretos, no encabeza ministerios y tampoco presenta declaraciones juradas.

Santiago Caputo.

El asesor presidencial más influyente del Gobierno sigue siendo una rareza institucional.

No es ministro.

No es secretario.

No es subsecretario.

Sin embargo, nadie en la Casa Rosada toma decisiones relevantes sin medir antes cuál será su reacción.

La nueva ley alcanza a funcionarios públicos y gestores registrados. Allí surge una pregunta inevitable: ¿qué ocurre con quienes ejercen poder político real sin ocupar cargos formales?

La pregunta no es menor.

Caputo trabaja desde la Casa Rosada, participa de reuniones estratégicas, interviene en áreas sensibles y conserva influencia sobre organismos clave. Sin embargo, buena parte de su actividad queda fuera de los mecanismos tradicionales de control administrativo.

Ese punto ya genera debates dentro del propio oficialismo.

La tensión entre el sector que responde a Karina Milei y el grupo político que orbita alrededor del asesor atraviesa prácticamente todas las áreas del Gobierno.

Desde la SIDE hasta la estrategia electoral.

Desde la comunicación hasta la Justicia.

Detrás de cada movimiento aparece una pelea por algo mucho más importante que los cargos: el control de la agenda futura.

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La transparencia que incomoda

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La paradoja del proyecto oficial es evidente.

Mientras promueve un registro obligatorio para sindicatos, fundaciones, asociaciones civiles, empresas y particulares que busquen influir sobre decisiones públicas, deja abiertos interrogantes sobre actores que ya forman parte del ecosistema estatal.

La iniciativa crea un régimen amplio de registración y reemplaza el esquema vigente desde el Decreto 1172 del año 2003. Además incorpora sanciones económicas y penales para quienes oculten gestiones de intereses o representación extranjera.

Sin embargo, la transparencia no se mide solamente por la cantidad de formularios que se completan.

También se mide por la capacidad de conocer quién toma las decisiones.

Y allí aparece el núcleo de la discusión.

La política argentina tiene una larga historia de intermediarios invisibles.

Operadores.

Consultores.

Estudios jurídicos.

Empresarios.

Amigos del poder.

El proyecto de Milei promete iluminar parte de ese entramado.

La duda es si también alumbrará los rincones donde hoy se mueve el verdadero poder.

Porque en la Argentina los grandes negocios nunca pasaron únicamente por los despachos oficiales.

Muchas veces ocurrieron en oficinas privadas, hoteles, estudios jurídicos o mesas reservadas donde nadie firma nada, pero todos entienden perfectamente qué está en juego.

Y esa, justamente, es la frontera que el Congreso deberá discutir cuando empiece el debate de una ley que se presenta como un avance institucional, pero que también expone una pregunta incómoda para el propio oficialismo: quién controla a quienes controlan el Estado.

Lo que tenés que saber sobre la ley de lobby

• Javier Milei envió al Congreso el proyecto de Ley de Transparencia y Publicidad en la Gestión de Intereses.
• Crea un registro obligatorio de gestores de intereses ante el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
• Obliga a informar reuniones, contactos e intermediaciones vinculadas a decisiones públicas.
• Establece sanciones económicas y penales para gestiones clandestinas.
• El debate político gira alrededor de la influencia de asesores, estudios jurídicos y grupos económicos sobre la toma de decisiones estatales.