El Gobierno entró en una etapa incómoda. No es una crisis terminal, pero tampoco el clima triunfalista que intentan vender algunos despachos oficiales.

La inflación bajó respecto de los picos más calientes de la gestión. El dólar se mantiene relativamente controlado. Sin embargo, los números dejaron de alcanzar para tapar la política.

Y cuando la política vuelve a ocupar el centro de la escena, aparecen los problemas que durante meses quedaron escondidos detrás de los indicadores.

La situación de Manuel Adorni es uno de ellos.

El jefe de Gabinete sigue bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y la demora en la presentación completa de su declaración jurada se transformó en un dolor de cabeza para la administración libertaria. La causa impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita ya activó medidas de prueba sobre su patrimonio, bienes y movimientos financieros. Incluso trascendieron investigaciones vinculadas a operaciones con criptomonedas y diferencias detectadas en documentación presentada ante organismos de control.

En cualquier otro gobierno que llegó prometiendo transparencia absoluta, semejante escenario habría generado una respuesta inmediata.

Pero en Balcarce 50 eligieron otro camino: resistir.

Porque el problema ya no es solamente Adorni.

El problema es lo que podría ocurrir si cae Adorni.

La Casa Rosada sabe que una eventual salida del funcionario abriría una caja de Pandora política en un momento donde sobran conflictos y faltan fusibles.

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El Congreso como refugio

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Por eso el oficialismo necesita mover la agenda.

No por convicción institucional.

Por necesidad política.

Mientras la oposición intenta instalar temas incómodos, el Gobierno busca cambiar la conversación.

La apuesta pasa por llevar al Congreso proyectos que permitan recuperar iniciativa y mostrar capacidad de gestión.

El principal es el denominado "Súper RIGI".

La iniciativa busca ampliar incentivos para inversiones y se convirtió en una de las obsesiones del equipo económico. La intención es conseguir un dictamen rápido y llevarla al recinto antes de que el Mundial monopolice la atención pública.

No es casual.

En la política argentina los campeonatos mundiales funcionan como una especie de tregua social involuntaria.

Lo saben los oficialismos.

Lo saben las oposiciones.

Y lo saben los gobernadores que ya empiezan a mirar más el fixture que el Boletín Oficial.

El problema para Milei es que las leyes no salen por Twitter.

Salen con votos.

Y ahí aparece una dificultad que persigue al oficialismo desde el primer día: la falta de volumen parlamentario.

Cada negociación implica sentarse con dirigentes a quienes hace pocos meses acusaban de integrar la casta.

Cada acuerdo exige concesiones.

Cada avance tiene costo político.

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Gobernadores, PASO y pragmatismo

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La otra discusión que obsesiona al Gobierno es la reforma electoral.

La eliminación de las PASO sigue siendo un objetivo estratégico.

Pero en la Casa Rosada saben que no alcanza con querer.

Necesitan convencer a mandatarios provinciales que no están dispuestos a regalar herramientas de poder.

Por eso vuelve a sonar el nombre de Diego Santilli como articulador político con las provincias.

Una situación curiosa para una administración que construyó buena parte de su identidad denunciando la intermediación política.

La realidad terminó imponiendo sus propias reglas.

La motosierra sirve para los discursos.

La gobernabilidad exige operadores.

Mientras tanto, en el Senado, Patricia Bullrich escucha propuestas alternativas que contemplan mantener las primarias bajo otro formato.

No entusiasman a los libertarios puros.

Pero en la política real muchas veces se firma lo posible y no lo ideal.

La discusión recién empieza.

Y nadie garantiza que el oficialismo consiga imponer su posición.

Como tampoco está asegurado el futuro de la llamada Ley de Hojarasca impulsada por Federico Sturzenegger, otra de las apuestas para sostener la narrativa desreguladora.

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Una carta inesperada

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En medio de ese panorama apareció un dato que en el Gobierno consideran estratégico.

La posible visita del Papa León XIV.

El Vaticano todavía no confirmó oficialmente el viaje, pero el propio Presidente afirmó que es altamente probable que el pontífice llegue a la Argentina durante noviembre gracias a gestiones diplomáticas encabezadas por el canciller Pablo Quirno.

Para una administración que atravesó meses de tensión con el mundo eclesiástico, la foto con el Papa podría representar mucho más que una postal institucional.

Sería una señal de normalización política.

Un gesto hacia sectores moderados.

Y una oportunidad para cambiar el eje de conversación.

Porque si algo necesita hoy el Gobierno es exactamente eso.

Cambiar el eje.

Salir de la discusión sobre declaraciones juradas.

Escapar de las internas libertarias.

Recuperar control sobre la agenda.

El problema es que la política argentina suele castigar a quienes creen que el tiempo juega siempre a favor.

Y en la Casa Rosada empiezan a descubrir una verdad tan vieja como el poder mismo: gobernar es bastante más difícil que ganar una elección.

Lo que tenés que saber

• Manuel Adorni continúa bajo investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
• El oficialismo busca aprobar el denominado Súper RIGI antes de que el Mundial absorba la agenda política.
• La eliminación de las PASO enfrenta resistencia de varios gobernadores.
• La Ley de Hojarasca es otra prioridad legislativa de la gestión.
• Javier Milei apuesta a concretar la visita del Papa León XIV en noviembre.
• La principal preocupación de la Casa Rosada ya no es económica: es política.