La política santafesina tiene una particularidad que la distingue del resto del país. Cada tanto aparece una causa judicial que desnuda lo que durante años se comenta en voz baja en despachos oficiales, estudios jurídicos y mesas de café. Esta vez volvió a ocurrir.

La imputación presentada por los fiscales Marisol Fabbro y José Luis Caterina no sólo apunta contra abogados, empresarios y operadores. La acusación vuelve a colocar al senador Armando Traferri en el centro de una estructura que, según la investigación, habría funcionado durante años brindando protección política y judicial al juego clandestino.

No es un dato menor.

Traferri es probablemente el dirigente más influyente del Senado santafesino de las últimas dos décadas. Sobrevivió a cambios de gobierno, internas partidarias, crisis económicas y expedientes judiciales. Mientras gobernaban socialistas, peronistas o radicales, su nombre siempre apareció asociado a los grandes acuerdos de poder.

Por eso la audiencia realizada esta semana tiene un peso político difícil de ignorar.

Los fiscales sostuvieron que la organización tenía una división de tareas tan precisa como cualquier estructura empresarial. Había quienes manejaban la recaudación, quienes garantizaban cobertura institucional y quienes operaban sobre el sistema judicial cuando aparecía algún problema.

En el centro de esa maquinaria aparece el empresario del juego Leonardo Peiti.

Su nombre ya era conocido en la provincia. Lo que ahora intenta demostrar la investigación es que detrás de sus negocios existió una red mucho más amplia destinada a garantizar que las apuestas ilegales siguieran funcionando sin sobresaltos.

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El dinero que lubricaba el sistema

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Según la acusación, Peiti logró expandir una estructura que incluía más de 200 minicasinos y máquinas distribuidas en distintos puntos de Santa Fe.

La clave no habría sido únicamente la rentabilidad del negocio.

La verdadera fortaleza estaba en la protección política y judicial que permitía que el circuito siguiera funcionando aun cuando las denuncias comenzaban a acumularse.

Los fiscales describieron un esquema donde el dinero circulaba hacia distintos sectores con capacidad de influencia.

En ese entramado reapareció el nombre de Ricardo Paulichenco, histórico secretario legislativo del Senado provincial fallecido en 2019.

Las conversaciones incorporadas al expediente muestran una relación de extrema confianza con Peiti.

Los investigadores sostienen que, tras su muerte, parte de ese rol habría sido ocupado por el ex diputado provincial Darío Scattaglini.

La definición utilizada durante la audiencia fue contundente.

Lo señalaron como una pieza fundamental del brazo político de la organización.

La acusación sostiene que utilizó contactos, conocimiento del funcionamiento legislativo y capacidad de gestión para facilitar decisiones favorables a los intereses del grupo.

No se trata de una imputación menor.

Porque cuando una investigación judicial comienza a describir vínculos entre dinero ilegal y estructuras institucionales, deja de ser un expediente penal para transformarse en un problema político.

Y eso es exactamente lo que está ocurriendo.

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Prestanombres, subsidios y protección judicial

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Uno de los aspectos más delicados de la audiencia estuvo vinculado a las maniobras de presunto lavado de activos.

Allí aparecen el ex piloto de Fórmula Uno Oscar "Popi" Larrauri y el abogado José Francisco Fernández Chemes.

Los fiscales sostienen que ambos actuaron como prestanombres en operaciones destinadas a ocultar la verdadera titularidad de sociedades vinculadas al negocio.

La empresa Southgame SRL ocupa un lugar central en esa hipótesis.

Según la investigación, la firma habría servido para canalizar fondos provenientes de actividades ilegales mientras se simulaban operaciones comerciales legítimas.

Pero el expediente va más allá.

También describe una trama destinada a garantizar beneficios judiciales para Peiti cuando la presión comenzaba a acercarse.

En ese punto cobra relevancia la imputación contra el abogado Fernando Moschini.

Los fiscales sostienen que intervino para conseguir informes psiquiátricos que terminaron facilitando una internación médica para Peiti, evitando que permaneciera detenido en una unidad penitenciaria.

La maniobra habría incluido contactos con profesionales de la salud y la utilización de subsidios legislativos que terminaron beneficiando indirectamente a quienes participaron del proceso.

Si esta hipótesis logra sostenerse durante el juicio, el impacto institucional será enorme porque involucra recursos públicos, operadores políticos y decisiones judiciales dentro de una misma secuencia.

La acusación también alcanzó al abogado Aníbal Porri.

Según los investigadores, habría aconsejado destruir evidencia sensible y acompañó personalmente algunas entregas de dinero destinadas a funcionarios judiciales que luego terminaron condenados.

Todo esto ocurre mientras sigue pesando sobre la política santafesina una pregunta incómoda.

¿Cuánto sabía el sistema político sobre el funcionamiento de esta estructura?

La respuesta todavía no existe.

Pero la audiencia de esta semana dejó algo claro.

La causa ya no discute solamente apuestas clandestinas. Discute la relación entre poder, impunidad y dinero en una de las provincias más importantes de la Argentina.

Y cuando una investigación llega a ese punto, los daños suelen trascender largamente a los tribunales.

Lo que tenés que saber

• Los fiscales imputaron a cuatro abogados, al ex diputado Darío Scattaglini y al ex piloto Oscar Larrauri.

• La investigación sostiene que existió una asociación ilícita destinada a proteger el juego clandestino.

• Armando Traferri fue señalado como presunto líder político de la estructura.

• Leonardo Peiti aparece como el empresario beneficiado por la red de protección.

• También se investigan maniobras de lavado de activos, subsidios presuntamente irregulares y vínculos con funcionarios judiciales condenados.

• El expediente podría tener consecuencias políticas e institucionales de alto impacto en Santa Fe.