La política argentina tiene una costumbre peligrosa: cuando estalla un escándalo, corre desesperadamente a buscar un responsable individual para evitar discutir el problema estructural.

Eso ocurre hoy en Córdoba.

La detención de dos agentes que trabajaban en el CPC Jardín, acusados de exigir beneficios indebidos a un vecino para agilizar trámites, y la imputación de un médico ginecólogo de un dispensario municipal por presunto abuso sexual contra una joven de 19 años, golpearon de lleno a la administración de Daniel Passerini.

Pero el problema no termina en esos nombres.

La pregunta incómoda es quién construyó el sistema que permitió que esas situaciones ocurrieran.

En el Palacio 6 de Julio saben que la respuesta es mucho más difícil que una conferencia de prensa o una denuncia judicial.

Porque detrás de cada episodio aparece una discusión que atraviesa décadas de gestión municipal: la forma en que se incorporó personal al Estado.

Durante años, distintos gobiernos municipales alimentaron una maquinaria basada en becas, contratos temporarios, monotributos y designaciones políticas.

Un esquema funcional para construir poder territorial.

Un método útil para pagar favores.

Una herramienta eficaz para sostener estructuras partidarias.

Pero profundamente dañina para la calidad institucional.

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El costo del acomodo

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En cualquier empresa privada de mediana envergadura se exigen antecedentes, experiencia laboral, referencias y evaluaciones antes de contratar a una persona.

En buena parte del Estado ocurre exactamente al revés.

Primero entra la persona y después, si hay suerte, se evalúa si sirve para el cargo.

Esa lógica no nació con Passerini.

Tampoco es patrimonio exclusivo del peronismo cordobés.

Pero hoy es él quien administra las consecuencias.

Cuando un vecino denuncia que le pidieron algo indebido para resolver un trámite, no se trata únicamente de una conducta individual.

Cuando una paciente acusa a un profesional de una situación gravísima dentro de una dependencia pública, tampoco alcanza con señalar a una sola persona.

Lo que queda expuesto es la fragilidad de los mecanismos de control.

Y esa fragilidad tiene responsables políticos.

"Recibimos a un vecino que denunció una situación irregular de agentes que pedían cosas que no correspondían", reconoció el propio intendente.

La frase intenta transmitir reacción.

Sin embargo también deja una lectura incómoda.

El municipio actuó cuando la denuncia ya estaba hecha.

La discusión es qué pasó antes.

Quién supervisaba.

Quién controlaba.

Quién auditaba.

Y por qué los mecanismos preventivos no funcionaron.

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Una estructura que perdió profesionalismo

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En la política se suele hablar mucho de transparencia.

Menos frecuente es escuchar debates sobre profesionalización.

Sin embargo, ahí aparece uno de los grandes déficits de numerosos municipios argentinos.

El Estado local debería ser el escalón más cercano al vecino.

El más eficiente.

El más controlable.

El más transparente.

Pero muchas veces termina siendo exactamente lo contrario.

La expansión de estructuras administrativas sin planificación, la acumulación de cargos políticos y la falta de concursos abiertos generaron organismos sobredimensionados y difíciles de controlar.

La burocracia dejó de ser una herramienta para gestionar y pasó a convertirse en un problema de gestión.

En Córdoba esa discusión  volvió al centro de la escena.

No porque la oposición haya descubierto algo nuevo.

Sino porque los hechos recientes obligan a revisar cómo funciona la administración municipal puertas adentro.

Nadie puede afirmar que todos los ingresos discrecionales terminan en corrupción.

Sería falso.

Tampoco puede sostenerse que todos los empleados municipales carecen de capacidad.

Sería injusto.

Pero resulta imposible ignorar que la ausencia de filtros sólidos aumenta los riesgos.

Y cuando los controles fallan, quienes pagan son los vecinos.

Los mismos que sostienen el sistema con sus impuestos.

Los mismos que esperan atención médica, respuestas administrativas y servicios públicos básicos.

Los mismos que terminan perdiendo confianza en las instituciones.

Passerini enfrenta ahora un desafío político complejo.

No alcanza con denunciar a los involucrados.

No alcanza con abrir sumarios.

No alcanza con mostrarse indignado.

La sociedad espera saber si existe voluntad real de cambiar las reglas que permitieron llegar hasta acá.

Porque los escándalos pasan.

Las noticias cambian.

Los funcionarios se reemplazan.

Pero los sistemas defectuosos permanecen.

Y cuando eso ocurre, la próxima crisis deja de ser una posibilidad para transformarse en una certeza.

Lo que tenés que saber sobre la crisis municipal

• Dos empleados del CPC Jardín fueron detenidos acusados de exigir retribuciones ilegales a un vecino.

• Un médico de un dispensario municipal fue imputado por presunto abuso sexual contra una paciente de 19 años.

• Daniel Passerini reconoció públicamente la existencia de la denuncia presentada por el vecino.

• El debate político se trasladó hacia los mecanismos de ingreso y control dentro de la Municipalidad.

• Crecen los cuestionamientos sobre la falta de concursos y la profesionalización de la administración pública.

• La oposición busca instalar la discusión sobre transparencia y calidad institucional en la gestión municipal.

• El principal desafío del intendente es demostrar que las medidas serán estructurales y no solamente reacciones frente a la crisis.