La política argentina tiene una extraña habilidad para convertir las buenas ideas en discusiones inconclusas. Eso fue exactamente lo que ocurrió en Campana, donde el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que obliga a los integrantes del cuerpo legislativo local a someterse a narcotests periódicos.

La medida tiene un dato político imposible de ignorar. Es la primera experiencia de este tipo aprobada en un distrito del AMBA, una región donde conviven algunos de los municipios más poblados, complejos y politizados de la provincia de Buenos Aires.

El proyecto nació en el bloque de La Libertad Avanza y tuvo como principal impulsor al concejal Maximiliano Corio, quien planteó la necesidad de establecer mecanismos de control sobre quienes tienen la responsabilidad de redactar normas, debatir ordenanzas y tomar decisiones que impactan sobre miles de vecinos.

Hasta ahí, pocos podían discutir el objetivo.

Después de todo, si un conductor de colectivo, un piloto comercial o un operario industrial deben acreditar determinadas condiciones para ejercer tareas sensibles, resulta razonable que quienes administran recursos públicos también puedan ser sometidos a controles.

Pero la política nunca se queda en la superficie.

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La grieta apareció rápido

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La sesión mostró algo más interesante que la propia ordenanza: dejó expuesta la dinámica interna del poder local.

A medida que avanzaba el debate, las acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición fueron subiendo de temperatura. Lo que parecía una discusión técnica terminó convirtiéndose en una pelea sobre coherencia política.

El texto fue aprobado gracias a los votos del bloque oficialista alineado con el intendente Sebastián Abella y al acompañamiento decisivo de los libertarios.

La nueva normativa establece que los estudios toxicológicos serán voluntarios al momento de asumir una banca y luego deberán renovarse anualmente para concejales y personal jerárquico del Concejo Deliberante.

La palabra clave es voluntario.

Y ahí apareció la primera observación de quienes cuestionan la iniciativa.

Porque si el objetivo es fortalecer la confianza pública, algunos sostienen que la obligatoriedad hubiese sido una señal mucho más contundente.

Sin embargo, el verdadero foco de conflicto apareció por otro lado.

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El detalle que incomodó al oficialismo

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Los concejales de Fuerza Patria pusieron el dedo en una contradicción que rápidamente dominó la discusión.

La ordenanza no alcanza al intendente ni a los principales funcionarios del Departamento Ejecutivo.

Dicho de manera más sencilla: quienes administran el presupuesto municipal, firman licitaciones, manejan áreas sensibles y toman decisiones ejecutivas todos los días quedaron fuera del alcance de la medida.

Y esa omisión abrió una pregunta incómoda.

Si el narcotest es una herramienta de transparencia, ¿por qué no aplicarlo también a quienes concentran la mayor cuota de poder político dentro del municipio?

La respuesta nunca apareció de manera contundente durante el debate.

Por eso la oposición interpretó que la norma corre el riesgo de transformarse en una herramienta de control parcial.

La transparencia selectiva siempre genera sospechas.

No porque exista evidencia contra alguien en particular, sino porque la ciudadanía suele reclamar reglas iguales para todos.

Más aún en una época donde la desconfianza hacia la dirigencia política alcanza niveles históricamente altos.

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La avanzada libertaria

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Más allá de la polémica, la aprobación representa una victoria política para La Libertad Avanza en un distrito gobernado por el PRO.

No es un dato menor.

Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, los espacios libertarios vienen intentando instalar una agenda vinculada al control del Estado, la reducción de privilegios y la fiscalización de la dirigencia.

En ese contexto, el narcotest funciona también como una bandera política.

Permite conectar con una demanda social concreta: la exigencia de que quienes ejercen cargos públicos rindan cuentas de manera permanente.

El desafío aparece cuando esa lógica debe aplicarse sin excepciones.

Porque en política las medias tintas suelen durar poco.

Lo que hoy puede presentarse como un avance histórico corre el riesgo de transformarse mañana en una discusión sobre privilegios si parte del poder queda resguardado detrás de una cláusula de exclusión.

En Campana se abrió una puerta que probablemente otros municipios intenten copiar.

La pregunta es si replicarán el modelo completo o si se animarán a ir un paso más allá.

Porque la discusión ya dejó de ser sobre narcotests.

La verdadera pelea gira alrededor de otra cuestión mucho más sensible para la política argentina: quién controla a los que controlan.

Lo que tenés que saber

• Campana se convirtió en el primer municipio del AMBA en aprobar narcotests para concejales.

• La iniciativa fue impulsada por La Libertad Avanza a través del concejal Maximiliano Corio.

• Los estudios deberán realizarse al asumir y renovarse una vez por año.

• También alcanzan al personal jerárquico del Concejo Deliberante.

• La oposición cuestionó que la norma excluya al intendente Sebastián Abella y a los funcionarios del Ejecutivo.

• El debate dejó al descubierto diferencias entre oficialismo y oposición sobre el alcance real de los controles.

• La medida podría convertirse en antecedente para otros municipios de la provincia de Buenos Aires.