La política bonaerense tiene una regla no escrita que atraviesa gobiernos de todos los colores: cuando las negociaciones son duras, los acuerdos suelen dejar huellas. Algunas quedan plasmadas en leyes. Otras aparecen en estructuras estatales que crecen silenciosamente y que, con el tiempo, terminan convirtiéndose en territorio de disputa.

Eso es exactamente lo que acaba de ocurrir con el Banco Provincia.

La avanzada de La Libertad Avanza no apunta contra una dependencia menor ni contra un organismo desconocido para el gran público. Va directo al corazón de uno de los instrumentos financieros más poderosos de la provincia y, sobre todo, a una arquitectura política que nació durante las frenéticas negociaciones de diciembre de 2025.

Aquella madrugada del 4 de diciembre, mientras en la Legislatura se discutían el Presupuesto y la autorización para endeudarse, el oficialismo necesitaba votos. Y los votos, en la política argentina, rara vez son gratis.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Provincia terminó siendo una de las piezas centrales de ese tablero de negociación.

El resultado fue una ampliación de la estructura de conducción de la entidad que abrió lugares para prácticamente todos los sectores con representación parlamentaria.

La conducción pasó a tener catorce cargos políticos: nueve integrantes del Directorio, tres directores asociados y dos síndicos.

Desde el oficialismo defendieron la medida como una modernización institucional. Desde la oposición la leyeron de otra manera: una distribución de espacios de poder construida para garantizar gobernabilidad.

Y ahora llegó la factura.

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Curestis busca desarmar el esquema

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El senador libertario Carlos Curestis presentó un proyecto para volver atrás con esa reforma.

La iniciativa reduce el Directorio a seis integrantes: un presidente y cinco vocales. Además elimina el Consejo de Asesores Asociados y también la Sindicatura incorporada durante la modificación impulsada por el Ejecutivo provincial.

El mensaje político es tan importante como el contenido legislativo.

Los libertarios pretenden instalar una discusión incómoda para el oficialismo: cuántos cargos se crearon, quiénes los ocupan y cuánto le cuestan a los bonaerenses.

La propuesta también establece que dos de los cinco vocales representen a las minorías legislativas y dispone el cese de los mandatos vigentes para adecuar la estructura al nuevo esquema.

Traducido al castellano político: si la ley avanzara, varios dirigentes deberían abandonar los despachos que obtuvieron durante la negociación presupuestaria.

Y ahí aparece el verdadero conflicto.

Porque detrás de cada sillón hay una terminal política.

Por el espacio alineado con Axel Kicillof desembarcaron Julio Pereyra, Alejandro Formento, Carlos Orsingher y Carlos Moreno.

La Cámpora sumó a Rodrigo Rodríguez y Laura González.

El Frente Renovador consiguió lugares para Javier Osuna y Sergio Bordoni.

También fue incorporada Gabriela Demaría, vinculada al peronismo tradicional.

Pero la distribución no quedó exclusivamente en manos del oficialismo.

El reparto alcanzó también a sectores opositores.

Ingresaron Fernando Rozas por Unión Renovación y Fe, los dirigentes del PRO Matías Ranzini y Adrián Urreli, además de Marcelo Daletto y el radical Fernando Pérez.

La foto refleja una vieja lógica bonaerense: cuando se trata de estructuras de poder, las fronteras partidarias suelen volverse bastante flexibles.

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El otro frente: Grupo Bapro

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La ofensiva libertaria tiene un segundo capítulo.

Y posiblemente sea el más delicado.

En paralelo, Curestis presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo detalle cómo funcionan las empresas y sociedades vinculadas al Grupo Bapro.

El objetivo es conocer cuántos cargos directivos, gerenciales y jerárquicos existen, cómo fueron designados y cuánto dinero se destina a salarios, dietas, honorarios y viáticos.

La solicitud incluye información correspondiente a los años 2024, 2025 y 2026.

También reclama datos sobre incorporaciones, bajas y evolución de las estructuras mes por mes.

En otras palabras, La Libertad Avanza quiere seguir la ruta completa de los cargos políticos vinculados al ecosistema del Banco Provincia.

No es un movimiento casual.

La administración de Javier Milei convirtió el cuestionamiento a las estructuras estatales en uno de los ejes centrales de su construcción política.

Por eso el debate excede al banco.

Lo que está en juego es una discusión mucho más amplia sobre cómo se construyen los acuerdos de poder en la provincia más grande del país.

Porque detrás de la pelea por los cargos aparece una pregunta incómoda que atraviesa a oficialistas y opositores.

¿La ampliación respondió a necesidades de gestión o fue el costo político que hubo que pagar para garantizar la aprobación del paquete económico de Kicillof?

Por ahora, la respuesta divide aguas.

Lo que nadie discute es que la pelea recién empieza.

Y que el Banco Provincia volvió a convertirse en una pieza clave de la batalla política bonaerense.

Lo que tenés que saber sobre la ofensiva libertaria

• La Libertad Avanza presentó proyectos en Diputados y Senado bonaerense.
• Buscan modificar nuevamente la Carta Orgánica del Banco Provincia.
• Pretenden reducir la estructura de conducción de catorce cargos a seis.
• También buscan eliminar organismos creados durante la reforma de 2025.
• Reclaman información detallada sobre todas las empresas del Grupo Bapro.
• Piden datos sobre cargos, salarios, honorarios, viáticos y designaciones.
• La medida impactaría sobre dirigentes del oficialismo y también de sectores opositores.
• El debate reabre la discusión sobre el costo político de los acuerdos que permitieron aprobar el Presupuesto y el endeudamiento provincial.