La política agropecuaria del AMBA y las provincias dejó de oler a bosta y pasto para intoxicarse con el aroma rancio de la rosca política más feroz. La interna entre las dos facciones que se enfrentarán para dirigir la Sociedad Rural Argentina suma un nuevo capítulo. El tradicional salón de la avenida Sarmiento mutó en un aguantadero donde los carpetazos vuelan más rápido que las cotizaciones de la soja en Chicago.

El bando retador pateó el tablero de la hipocresía patricia con una crudeza inédita en los anales de la entidad gremial. Esta vez, la lista opositora, Renovación con Unidad, que encabeza el actual vicepresidente Marcos Pereda Born, lanzó su ataque más frontal hasta el momento contra la conducción de la entidad más antigua del campo argentino, hoy liderada por Nicolás Pino. La pax oligárquica voló en mil pedazos por un agujero negro tecnológico que nadie logra justificar.

El epicentro del terremoto es un software fantasma que costó una fortuna y jamás tiró una línea de datos útiles. En los últimos días, la lista de Pereda emitió un comunicado en el que desmonta la versión oficial sobre el fracaso del sistema de registros genealógicos, un sistema tecnológico malogrado que implicó un costo superior a USD 3 millones y profundizó la disputa por la conducción de la entidad. Los millones verdes se evaporaron mientras los criadores siguen anotando vacas con métodos de la década del setenta.

La cúpula ruralista entró en un juego de pases de factura que roza el ridículo institucional. Pino, por su parte, le adjudicó la responsabilidad a Pereda; mientras que este último señaló que el presidente de la entidad no puede ser ajeno a la situación. En los pasillos de la SRA los directivos ya se esquivan las miradas para no terminar salpicados por la auditoría.

La ofensiva judicial y mediática de la oposición ya tiene nombres y apellidos con cargos bien definidos. Ahora, la denuncia del bando de Pereda señala a tres directivos como responsables del desastre; entre ellos, Nicolás Pino, Raúl Etchebehere -director de Registros genealógicos- y el tesorero de la entidad, Ángel Rossi. La trifecta oficialista quedó expuesta bajo el sol de Palermo justo antes de la muestra anual.

Las cartas orgánicas y las advertencias de los letrados de la city porteña fueron olímpicamente ignoradas. No es la primera vez que las partes discuten por los registros genealógicos. El descalabro financiero tiene ribetes escandalosos que comprometen el patrimonio de los asociados.

La devaluación de la palabra oficial se aceleró tras un intento fallido de limpiar los trapos sucios corporativos. Poco menos de dos semanas atrás, el oficialismo ya había enviado una carta a los socios para explicar el colapso del proyecto de digitalización de los registros de razas animales, cuyo costo escaló de USD 900.000 a USD 4.500.000 en tres años sin que el sistema llegará a funcionar correctamente. Un vuelto sideral que no tiene un solo bit operativo.

La culpa, para la conducción actual, siempre es del eslabón más débil del organigrama administrativo. En ese mensaje, el oficialismo atribuyó el origen del problema a la firma del contrato por parte del gerente general Fernando Mosquera con la empresa Mobile Computing S.A., pese a las advertencias del Estudio Cassagne, asesor legal externo de la entidad. El manual del buen burócrata indica que hay que tirar un subordinado a las fieras.

La contrarréplica del peredismo fue inmediata y destruyó el frágil relato de la inocencia presidencial. Renovación con Unidad rechazó esa explicación. Los estatutos de la entidad de la Provincia de Buenos Aires avalan este planteo opositor.

La lógica de la corporación agraria indica que ningún empleado mueve un dedo sin la venia de arriba. El comunicado señala que Mosquera era "el Gerente General de la SRA, es decir un empleado designado y contratado por Nicolás Pino con aprobación de la Comisión Directiva", y que el gerente solo puede suscribir documentos si cuenta con poderes otorgados por la institución y siguiendo instrucciones de sus superiores. La lapicera no se maneja sola en la calle Florida.

La pregunta del millón apunta al corazón del despacho principal y destruye cualquier defensa corporativa. Desde esa lógica, la lista opositora pregunta: si el gerente firmó sin poder suficiente y en contradicción con los asesores legales, ¿por qué el presidente validó ese contrato en lugar de invalidarlo de inmediato? El silencio oficialista ante este interrogante enciende alarmas en todo el sector agropecuario.

Los plazos de la sospecha huelen a complicidad guardada bajo llave para evitar el ruido electoral anticipado. “Resulta muy extraño que si el Gerente General hubiera firmado sin tener poder otorgado y en contradicción con lo indicado por los asesores legales de la SRA, el Presidente haya dado validez a ese contrato y no lo haya invalidado inmediatamente. Además de que hubiera debido tomar medidas disciplinarias por el uso indebido de la firma social”, dice el texto. Y remata: “Más extraño aún es que estos hechos hayan sido comunicados a los asociados tres años después de haberse firmado el contrato.”

La contraofensiva de la lista oficialista apeló al clásico ventilador para salpicar al vice denunciante. Por su parte, del lado de Pino, publicaron un escrito titulado “La situación del área de Sistemas de la SRA y la responsabilidad del actual vicepresidente, Marcos Pereda Born”, en el que revela que “la actual gestión ha dispuesto todas las medidas de evaluación, ordenamiento y remediación necesarias con el objeto de corregir los desvíos detectados, atender las incidencias identificadas y resguardar la adecuada prestación de los servicios a nuestros socios”. La respuesta burocrática no logra tapar el olor a quemado de los servidores inexistentes.

El contraataque discursivo busca ubicar al retador como cómplice por omisión de las decisiones tomadas. Y sostiene: “Resultan absolutamente falsas las manifestaciones formuladas por Marcos Pereda Born, quien ha sido un partícipe necesario y responsable, tanto por el nivel de conocimiento que tuvo de todo el proceso como por las responsabilidades inherentes a su función y por el aval y respaldo —directos e indirectos— brindados a las personas que ocuparon posiciones clave durante las gestiones con el proveedor, seleccionado y recomendado por ese mismo equipo". La interna se transformó en un lodo del que nadie saldrá con las botas limpias.

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La multa del tesorero

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El escándalo sistémico sumó un segundo frente contable que dinamitó la credibilidad del manejo de los fondos del campo. El segundo frente que se abrió en los últimos días involucra directamente a Rossi, ganadero y uno de los nombres más destacados de la lista Presencia Federal que encabeza Pino. La transparencia campera quedó en jaque por una filtración digital demoledora.

Las redes sociales se transformaron en el cadalso virtual donde se exponen las miserias de los popes rurales. Según denunció la cuenta de X Campo Patria, la empresa Establecimientos La Negra S.A., de su propiedad, recibió en noviembre de 2023 una multa automática por inscribir 39 animales fuera de término. La tecnología implementada andaba bien sólo para facturar los errores de los propios directivos.

El sistema informático no entiende de apellidos ilustres ni de influencias en la comisión directiva. La sobretasa, generada por el sistema informático de la SRA sin margen de discrecionalidad, quedó integrada en la Factura 52 del 16 de noviembre de 2023. El pago inicial demostró que la infracción existía y era indiscutible.

La ingeniería financiera para saldar la deuda incluyó las herramientas típicas del comercio agropecuario moderno. La firma abonó el monto mediante cinco cheques electrónicos escalonados a 30, 60, 90, 120 y 150 días. Sin embargo, el verdadero truco de magia contable ocurrió en las sombras veraniegas.

El beneficio express otorgado entre gallos y medianoches encendió la furia de los socios de a pie. Dos meses después, el 22 de enero de 2024, la SRA recibió una “solicitud” —cuyo origen no queda registrado en la documentación interna, según la denuncia— para emitir notas de crédito, reducir la sobretasa ya cobrada y devolver tres de los cinco cheques. Un trámite fantasma que benefició directamente al custodio de la caja de la entidad.

La matemática del privilegio societario dejó un tendal de sospechas insalvables para el oficialismo. La entidad aceptó el pedido y recalculó el monto. El resultado final expone un trato preferencial indignante.

El porcentaje del perdón económico para la firma del administrador de las cuentas es obsceno. El resultado: una reducción del 61% sobre la multa original. “Por cada $100 de multa que el sistema informático había aplicado de forma justa, la entidad le perdonó $61 a la empresa de su Tesorero”, publicó la cuenta anónima Campo Patria.

La defensa del acusado se basó en una supuesta democratización del error técnico para licuar su caso. Rossi respondió públicamente que el beneficio no fue exclusivo para su empresa, sino que alcanzó a varios socios afectados por una multa mal aplicada. El argumento del mal de muchos no convence a los productores castigados por la sequía.

El cuestionamiento de las bases apunta a desvelar quién maneja el botón de los indultos financieros. Desde el sector opositor, la pregunta que circula ahora es otra: ¿quién ordenó perdonar una deuda que al resto se le exige? La discrecionalidad de los jefes rurales quedó expuesta en el peor momento posible.

La infantería mediática de la actual conducción intentó justificar el desaguisado argumentando fallas de origen del propio software fallido. Según comentaron a Infobae fuentes del oficialismo, Rossi no es el único beneficiado de esta situación, a la vez que se trata de un error de cálculos por parte del sistema tecnológico que se utiliza en la entidad. Una excusa floja de papeles que agrava el problema del fraude informático inicial.

El bando opositor tampoco tiene las manos libres de sospecha frente a la conveniencia de los tiempos de la denuncia. En este escenario, hay también un dato que complica el relato opositor: Pereda, quien integra la Comisión Directiva como vicepresidente desde 2021, tampoco denunció el caso en el momento en que se produjo, según consignó el medio especializado Bichos de Campo. El silencio de conveniencia mutua duró hasta que las urnas se mudaron al horizonte cercano.

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El escenario electoral

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La cuenta regresiva hacia el sufragio ruralista se tiñó del peor barro de la política tradicional argentina. La disputa se desarrolla a menos de dos meses de las elecciones internas previstas para el 9 de septiembre, en las que Pino buscará un cuarto mandato consecutivo al frente de la SRA con la lista Presencia Federal —con Carlos Odriozola como compañero de fórmula— frente a Renovación con Unidad, que postula a Pereda junto a Santos Zuberbühler. Un choque de titanes donde se juega el control del aparato de lobby agrario más potente de la Argentina.

La tradicional pasarela de la recoleta palermitana será el ring definitivo para esta batalla de chequeras y prestigio. La Expo Rural de Palermo, que se realizará entre el 16 y el 26 de julio y contará con la presencia del presidente Javier Milei en el acto inaugural, será el primer gran escenario público donde ambos espacios se medirán ante los socios. Las sonrisas frente a las cámaras presidenciales no podrán tapar la guerra total que desangra a la centenaria institución.

Lo que tenés que saber sobre la Rural

• Fraude millonario: La interna de la Sociedad Rural Argentina estalló por el colapso de un sistema informático de registros genealógicos que costó entre USD 3 y USD 4.5 millones sin llegar a funcionar.

• Denuncias cruzadas: La oposición liderada por Marcos Pereda Born acusa a Nicolás Pino de encubrir al gerente general, mientras el oficialismo replica que el vicepresidente conoció y avaló todo el proceso tecnológico.

• Privilegios bajo la lupa: El tesorero Ángel Rossi quedó expuesto tras filtrarse una reducción del 61% de una multa aplicada a su firma agropecuaria por el propio sistema de la entidad.

• Guerra en Palermo: El conflicto estalla en vísperas de la Expo Rural, donde ambas facciones medirán fuerzas ante los socios antes de los comicios del 9 de septiembre y ante la mirada de Javier Milei.