La rosca mediterránea tiene esa magia de vender humo pintado de azul policial para distraer a la gilada. ¿Quién se cree el cuento de la guerra contra las drogas cuando hay urnas de por medio? Martín Llaryora encontró en la seguridad uno de los ejes para intentar perforar la resistencia que tiene el peronismo cordobés en los sectores medios de Córdoba, proclives a votar a La Libertad Avanza en las últimas elecciones. La obsesión por el electorado desencantado empujó al oficialismo a buscar golpes de efecto.

El gobernador del Panal no da puntada sin hilo cuando se trata de su supervivencia territorial. Por eso decidió que la flamante Ley Antibúnker tenga un protagonista indiscutido: el ministro del área, Juan Pablo Quinteros, un dirigente que no pertenece al peronismo, que construyó su carrera política desde la oposición y cuyo apellido remite a una de las familias tradicionales de la aristocracia capitalina. El elegido para la trinchera no tiene el sello del justicialismo en la frente.

La tribuna aplaude el marketing de los operativos espectaculares mientras la realidad sigue su curso. La sanción de la Ley Provincial Antibúnker y Antiaguantaderos terminó así convirtiéndose en una herramienta más política que efectiva contra el narcotráfico. El texto aprobado es pura pirotecnia para consumo de la clase media.

Detrás del decorado normativo se esconden las limitaciones reales de una gestión atada de manos por la corporación judicial. Aunque la ley le otorga al Ministerio de Seguridad un rol central y podrá iniciar actuaciones de oficio o por denuncias, inspeccionar inmuebles, ordenar intimaciones a propietarios, disponer clausuras preventivas, tapiados, cerramientos, bloqueos de accesos y custodia perimetral, el funcionario no podrá ordenar demoliciones por decisión propia; una decisión que quedará en manos de un juez. La botonera real del desalojo sigue bajo llave en los tribunales.

El trampolín hacia el palacio

En los pasillos de la política mediterránea nadie cree en las casualidades filantrópicas de la gestión. En el Centro Cívico la leen como una plataforma para seguir instalando al ministro como uno de los aspirantes del oficialismo a disputar la intendencia capitalina (histórico dolor de cabeza del PJ) cuando concluya el mandato de Daniel Passerini. La carrera para suceder al actual intendente ya largó de manera encubierta.

El jefe provincial sabe que para armar un heredero competitivo hay que ponerle el cuerpo y la firma al proyecto. De hecho, el mandatario se encargó personalmente de darle centralidad cuando lo sentó a su lado durante la presentación del proyecto. La foto del binomio en el atril oficial fue un mensaje directo a la interna.

La retórica oficialista apela al miedo colectivo para justificar el avance del aparato estatal sobre las propiedades dudosas. El gobernador sostuvo que los búnkeres representan mucho más que un punto de venta de drogas: son la expresión territorial del poder narco y el Estado debe recuperar esos espacios para devolverles tranquilidad a los vecinos, sostuvo Llaryora: "Los búnkeres representan mucho más que un punto de venta: son la expresión territorial del poder narco". El relato securitario busca calmar las demandas del conurbano.

La preocupación real no es el paco sino la boleta electoral de medio término que se viene encima. En las oficinas gubernamentales reconocen que la Capital sigue siendo el distrito más complejo para el oficialismo. El bastión urbano es esquivo para el peronismo desde tiempos históricos.

Un extrapartidario para la intendencia

La gestión de la capital provincial arrastra un desgaste silencioso que alarma a los armadores de la coalición. El jefe comunal transita el desgaste natural de la gestión municipal y todavía no aparece un heredero indiscutido dentro del peronismo. La falta de renovación interna enciende luces rojas en el búnker oficialista.

Ante la malaria de nombres propios atractivos, la billetera pública sale a comprar voluntades en la vereda de enfrente. En ese escenario, el gobernador volvió a demostrar que no tiene reparos en apostar por dirigentes extrapartidarios si considera que pueden ampliar la base electoral. El pragmatismo absoluto sepulta cualquier debate de doctrina partidaria.

El perfil del ministro es ideal para un electorado que asocia al peronismo con el pobrismo o la ineficacia. El funcionario de seguridad encaja perfectamente en esa lógica. Su origen opositor funciona como un desinfectante para los votantes conservadores.

La apuesta final consiste en licuar la marca del cordobesismo tradicional con caras amigables para el establishment porteño y local. Llegó al gabinete desde la oposición, sin pertenecer al justicialismo ni al cordobesismo tradicional. El arribo de esta figura sirvió para abrir un puente con los desencantados.

La jugada de laboratorio busca romper el techo histórico que tiene la fuerza gobernante en el distrito principal. Su incorporación fue una señal de apertura política que ahora adquiere una nueva dimensión: la posibilidad de transformarse en candidato del oficialismo para la intendencia e intentar aligerar el peso de los 28 años de peronismo. La candidatura de un aristócrata es el último recurso para maquillar la hegemonía.

Lo que tenés que saber sobre la Ley Antibúnker

• Estrategia electoral: Martín Llaryora impulsa la Ley Antibúnker para sintonizar con los sectores medios de Córdoba, históricamente esquivos y afines a La Libertad Avanza.
• Protagonismo a medida: La norma posiciona al ministro Juan Pablo Quinteros, un extrapartidario de origen opositor y apellido tradicional, dándole vidriera de gestión.
• Límites reales: Pese a las facultades de clausura y custodia del Ministerio de Seguridad, el derribo efectivo de los inmuebles continuará dependiendo de la autorización de un juez.
• Sucesión capitalina: El oficialismo proyecta a Quinteros como el sucesor de Daniel Passerini, buscando mitigar el desgaste de casi tres décadas de hegemonía peronista en la capital.