La rosca parlamentaria de la provincia de Buenos Aires suele ser un laberinto de favores y expedientes durmientes. La Cámara de Diputados de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó, en las últimas horas, la ampliación del Régimen Previsional Especial para Oficiales y Suboficiales Combatientes de Malvinas. Lo que debía ser un trámite estrictamente administrativo y de estricta justicia se transformó, casi por deporte, en un nuevo barro de trinchera ideológica.

El tablero electrónico de la cámara baja provincial reflejó un consenso que pocas veces se ve en la rosca diaria platense. Con 66 votos afirmativos, y por unanimidad, la ley modifica el artículo 2 de la Ley 15.386 e incorpora a más de 400 veteranos que habían quedado afuera del sistema por particularidades en sus bajas entre 1983 y 1985. Esos sobrevivientes del frío austral esperaron décadas arrumbados en el olvido de las planillas estatales.

La paternidad del proyecto fue compartida por sectores que suelen mirarse de reojo en los pasillos de la avenida 53. La iniciativa, impulsada por los legisladores María Rosa Martínez y Adrián Santarelli, y que contó con el acompañamiento de todos los bloques, logró cumplir el objetivo principal: la reparación histórica de los excombatientes. La foto de los autores del texto rodeados de banderas celestes y blancas buscaba escenificar una tregua en el conurbano.

Sin embargo, en el barro del debate parlamentario bonaerense, la concordia suele durar menos que un suspiro. Pese al consenso, la sesión fue escenario de cruces políticos sobre la figura del presidente Javier Milei y su afinidad con la primera ministra durante la Guerra de Malvinas, Margaret Thatcher. Los discursos rápidamente abandonaron los números previsionales para mudarse a la alta geopolítica de la soberanía.

La tropa leal al gobernador Axel Kicillof no dejó pasar la oportunidad de facturarle el ajuste general al bloque libertario en su propia cara. El titular del bloque de Fuerza Patria, Facundo Tignanelli, cargó contra la bancada de La Libertad Avanza por la postura geopolítica del Ejecutivo nacional y la desfinanciación provincial. El camporista usó el micrófono para raspar la sensibilidad de sus rivales con el manual de la soberanía popular bajo el brazo.

El cruce dialéctico escaló rápidamente, subiendo el tono en un recinto colmado de veteranos que observaban todo desde las gradas de madera. El legislador afirmó que "a la patria y a las Malvinas se las defiende todos los días". La frase retumbó con fuerza de consigna electoral en las paredes de la legislatura.

La respuesta de la bancada violeta intentó enfriar el partido para evitar que el acting kirchnerista se quedara con todo el protagonismo de la jornada. En respuesta, desde La Libertad Avanza, Nahuel Sotelo pidió separar el debate partidario y resaltó la importancia de la sesión. Para el oficialismo nacional, la jugada del peronismo consistía en montar un show mediático aprovechando la emotiva presencia de los héroes en el lugar.

La estrategia libertaria bonaerense fue desdoblarse: mientras unos contenían las chicanas, otros se sumaban al aplauso general para no regalarle la bandera a la oposición bonaerense. A su vez, Héctor Gay (LLA) calificó la norma como "un acto de reparación histórica" para los veteranos. Nadie de la bancada libertaria quería quedar retratado votando en contra de los excombatientes en un año preelectoral clave.

El centenario partido de Alem aportó su habitual cuota de moderación, remarcando la vía del acuerdo institucional por encima del griterío reinante. El radical Diego Garciarena destacó el consenso para hacer justicia con los excombatientes. Sin embargo, detrás del clima festivo y los abrazos en los pasillos, sobrevolaban serias advertencias sobre el verdadero alcance de lo aprobado.

La letra chica del texto encendió las alarmas de los centros de exsoldados conscriptos platenses, siempre alertas a las filtraciones de la dictadura. La sesión, que contó con presencia de veteranos, incluyó restricciones del CECIM La Plata para excluir a condenados por delitos de lesa humanidad. La memoria histórica en el distrito bonaerense no admite grises ni amnistías encubiertas bajo el paraguas previsional.

La trampa de los aportes mínimos

El nudo técnico del proyecto aprobado generó una fuerte discusión sobre el financiamiento real de las cajas del golpeado estado provincial. Cabe recordar que la propuesta inicial establecía que estos excombatientes de Malvinas deberían acreditar un mínimo de ocho años de aportes efectivos al Instituto de Previsión Social (IPS) bonaerense para gozar del beneficio, que será equivalente al 80% de la mejor remuneración percibida en la PBA, y que incluye el goce del 100% de los subsidios mensuales estipulados en la Ley 13.659. Una suma tentadora que hace crujir las ya debilitadas arcas del organismo previsional comandado por el oficialismo provincial.

La advertencia de las agrupaciones de base del territorio bonaerense apuntaba a un viejo vicio de la política: colar beneficiarios colados en las listas oficiales. Sin embargo, en octubre del año pasado los héroes de guerra alertaron que, si la Legislatura bonaerense sancionaba esa ley, se legalizarían “beneficios jubilatorios ilegales” que no solo comprometerían los recursos del Gobierno provincial, sino que también reconocerían a exmilitares que tomaron cargos como auxiliares en escuelas bonaerenses sin respetar la Ley 10.430 sobre los requisitos para el ingreso a la Administración Pública. La sospecha de que la generosidad legislativa termine financiando a cuadros que vistieron el uniforme militar durante los años de plomo sigue flotando en el aire de la capital de la provincia de Buenos Aires.

Lo que tenés que saber sobre la jubilación de los veteranos

• Ampliación clave: La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad incorporar a más de 400 excombatientes de la Guerra de Malvinas al régimen jubilatorio especial del Instituto de Previsión Social (IPS) bonaerense.

• Grieta en el recinto: El peronismo aprovechó el proyecto para facturarle a La Libertad Avanza la admiración de Javier Milei por Margaret Thatcher y el recorte de recursos nacionales a Buenos Aires.

• Filtros de lesa humanidad: A propuesta del CECIM La Plata, la norma sancionada cuenta con restricciones expresas que excluyen de este beneficio a cualquier condenado por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura.

• Polémica por los fondos: Diversas agrupaciones de veteranos habían advertido sobre posibles irregularidades en la acreditación de aportes de exmilitares que ingresaron al Estado provincial sin cumplir con los requisitos correspondientes de la ley de empleo público.