La política del AMBA y del interior conoce de memoria la vieja receta de cartelizar las licitaciones estatales. La Justicia federal avanzó de forma decisiva en el procesamiento del empresario Federico Guillermo Máscolo por desviar fondos públicos hacia el lujo privado. En los pasillos de la política de la Provincia de Buenos Aires comentan que el caso es apenas un espejo de las mañas que rigen en los distritos bonaerenses más calientes.

El golpe sobre la mesa del magistrado sacudió las estructuras de la rosca constructora que solía financiarse en la impunidad. Este fallo expone cómo el dinero de los contribuyentes, que debió financiar infraestructura real, terminó financiando el enriquecimiento ilícito. Las sospechas que se comentaban por lo bajo en los tribunales federales terminaron escritas en un expediente demoledor.

La dimensión económica del desfalco asusta a los inspectores de la AFIP de cualquier seccional del conurbano. El juez Alejandro Sánchez Freytes ordenó trabar un embargo de U$S 17,1 millones sobre los bienes de los imputados, en una causa que investiga el lavado de más de $8 millones y U$S 6.909.618. La caja chica del constructor superaba con holgura los presupuestos de cualquier municipio chico de la cuenca del Salado.

La maniobra repetitiva dejó un tendal de expedientes que los peritos judiciales tuvieron que desarmar hoja por hoja. La pesquisa reveló que el constructor obtuvo al menos U$S 5.549.000 mediante contratos sospechosos distribuidos en más de 200 expedientes administrativos entre 2007 y 2015. No hubo un solo control que frenara la marea de firmas de adjudicación directa que salían de los ministerios públicos.

La complicidad de los funcionarios de turno con las constructoras de amigos quedó expuesta en los párrafos de la resolución judicial. "Se deduce inequívocamente la adjudicación reiterada y direccionada de contrataciones a empresas vinculadas a Máscolo" para configurar el fraude sistemático. Una trampa donde el oferente siempre terminaba compitiendo contra empresas fantasmas que él mismo controlaba por detrás de escena.

Retornos en la avenida Collins

El dinero que salía de las arcas fiscales terminaba convertido en ladrillos caros frente al mar en una de las zonas más exclusivas de los Estados Unidos. Las maniobras de lavado incluyeron la compra de 11 departamentos en la exclusiva avenida Collins de Miami y vehículos de alta gama a nombre de testaferros sin capacidad contributiva. La banda utilizaba indigentes de fantasía para patentar autos deportivos que paseaban por la costanera porteña.

La brecha entre el ciudadano común que padece la inflación en el conurbano y los empresarios prebendarios de la obra pública es total. Mientras los ciudadanos honestos enfrentaban asfixia impositiva, la red corrupta utilizaba firmas como Berfransan LLC para ocultar el patrimonio en el extranjero. Las sociedades de maletín creadas en Delaware sirvieron para diluir el rastro del dinero sucio que salía del asfalto.

La deformación de la economía de mercado ocurre cuando el único cliente que garantiza el éxito comercial es el propio poder estatal. Frente al dinamismo de los empresarios privados que arriesgan capital propio para generar riqueza, este entramado demuestra los peligros del capitalismo de amigos regulado por la burocracia estatal. El modelo de la patria contratista premia la cercanía con el despacho oficial antes que la competitividad del servicio.

El simulacro de competencia era apenas una formalidad administrativa diseñada para cumplir con las exigencias formales de los pliegos de bases y condiciones. Las licitaciones amañadas donde competían socios del propio adjudicatario evidencian que el monopolio de la obra pública sirve para alimentar el parasitismo corporativo. En las mesas de los restoranes de Puerto Madero la rosca empresaria ya se repartía los territorios antes de presentar las ofertas.

Prestamistas de paja y simulación

El foco de la investigación apunta ahora a las terminales políticas que firmaban los giros de fondos sin auditar el avance físico de las obras prometidas. La responsabilidad política recae sobre administraciones estatales que facilitaron adjudicaciones directas a un contratista sistemáticamente denunciado por evasión fiscal. Las advertencias de los organismos de control interno fueron archivadas sistemáticamente para no entorpecer el flujo de las coimas.

El debate de fondo sobre el rol del Estado vuelve a centrarse en la necesidad de cortar de cuajo las cajas de financiamiento de la corporación política. Para desterrar de raíz estos vicios de la vieja política, resulta urgente implementar auditorías externas y reducir el tamaño de un Estado que gasta de manera ineficiente. Una tarea titánica en un territorio acostumbrado a licuar los controles institucionales en nombre de la emergencia pública de turno.

La decisión de avanzar a fondo con la instrucción penal pretende marcar un quiebre en la permisividad histórica de los tribunales de Comodoro Py. El avance de la causa judicial, motorizada por el fiscal federal Enrique Senestrari, envía una señal clara a los mercados sobre el fin de la impunidad en las transacciones con el sector público. Un aviso que pone nerviosos a más de un intendente acostumbrado a pagar obras de bacheo a precio de autopistas de seis carriles.

La mirada de los operadores financieros y de la opinión pública sigue de cerca la suerte del contratista procesado para calibrar el rumbo de la transparencia. Los inversores y los contribuyentes locales observan con atención este proceso, que podría sentar un precedente clave para devolver la seguridad jurídica a la economía argentina. El desenlace de este expediente determinará si el país avanza hacia la transparencia institucional o se hunde en el lodo del feudalismo corporativo.

Lo que tenés que saber sobre el caso Máscolo

• Procesamiento de fondo: El constructor Federico Guillermo Máscolo fue procesado por el juez federal Alejandro Sánchez Freytes en el marco de una millonaria investigación por desvío de fondos de la obra pública.
• Cifras del escándalo: La Justicia trabó un embargo de U$S 17,1 millones sobre el patrimonio de los imputados tras detectar lavado de activos por más de $8 millones y U$S 6,9 millones.
• Modus operandi en Miami: La red corrupta utilizaba la firma Berfransan LLC para adquirir 11 departamentos de lujo en la avenida Collins de Florida y vehículos importados usando testaferros insolventes.
• Complicidad estatal: La fiscalía a cargo de Enrique Senestrari demostró que el contratista obtuvo al menos U$S 5,5 millones mediante licitaciones direccionadas en más de 200 expedientes oficiales sospechosos.