La corporación judicial del centro del país atraviesa su temblor más severo y el impacto resuena con fuerza en los pasillos de Comodoro Py y Balcarce 50. La Justicia Federal de Córdoba atraviesa la mayor crisis institucional de las últimas décadas. El sillón de los magistrados intocables cruje mientras la sociedad civil exige explicaciones ante semejante obscenidad.

El matrimonio más poderoso del fuero cordobés quedó entrampado en un doble frente penal que expone la matriz de impunidad de la rosca con el capital concentrado. En menos de cuatro meses, los camaristas Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi (pareja entre sí) quedaron en el centro de dos investigaciones penales que, combinadas, amenazan con sacudir el funcionamiento del principal tribunal federal de la provincia y con exponer un presunto entramado de favores entre la pareja de magistrados y el poder económico. La indignación social escaló hasta los despachos del Poder Ejecutivo nacional.

La embestida fiscal no se anduvo con chiquitas a la hora de tipificar las conductas de la dupla de la Cámara Federal de Córdoba. La última ofensiva llegó este viernes, cuando los fiscales Pablo Turano, de la Procuración General de la Nación, y Maximiliano Hairabedián, titular de la Fiscalía Federal N° 3 de Córdoba, promovieron una nueva acción penal contra ambos jueces por el presunto delito de admisión de dádivas. El expediente describe ventajas indebidas imposibles de maquillar en una declaración jurada.

La prueba de fuego que aceleró las actuaciones judiciales se sustenta en una excursión aérea exclusiva que rozó el escándalo internacional. El expediente sostiene que la pareja de magistrados habría recibido un vuelo privado a Punta del Este, valuado en unos 34.000 dólares, mientras intervenían en expedientes vinculados con empresarios que aparecen relacionados con la aeronave utilizada para el viaje. Un lujo astronómico para funcionarios del Poder Judicial que juraron imparcialidad.

El prontuario contable y procesal de los investigados ya acumulaba sospechas de gravedad institucional previa. La nueva causa se suma a otra investigación, iniciada en abril, en la que Sánchez Torres y Montesi ya están siendo investigados por supuestamente manipular la integración de las salas de la Cámara Federal de Córdoba para intervenir en expedientes de alto impacto económico, especialmente causas tributarias y penales contra empresarios. El fórum shopping interno funcionaba a pleno rendimiento.

El modus operandi de la pareja consistía en usar la burocracia de los tribunales como una ventanilla de servicios para el círculo rojo. La hipótesis de los fiscales apunta a un mismo patrón de comportamiento: la utilización de la estructura interna de la Cámara Federal para influir en causas sensibles y la posible existencia de contraprestaciones indebidas provenientes de sectores empresarios beneficiados por algunas resoluciones judiciales. Las sospechas que ventiló el portal primerapagina.info encontraron finalmente correlato en la formulación de cargos de los funcionarios de la Procuración General de la Nación.

El seguimiento del trayecto uruguayo no dejó margen para las desmentidas de gabinete ni los comunicados defensivos. La investigación más reciente reconstruyó un viaje realizado entre el 29 de marzo y el 2 de abril de 2024. Las planillas oficiales de la Dirección Nacional de Migraciones sellaron la suerte de los camaristas.

Las fechas del vuelo coinciden milimétricamente con períodos de definición de causas multimillonarias. Según los registros migratorios incorporados al expediente, Sánchez Torres y Montesi viajaron desde Córdoba hacia Punta del Este en un avión privado matrícula LV-WTP y regresaron cuatro días después en la misma aeronave. El ostentoso traslado despertó alarmas automáticas en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.

El costo del trayecto excede por completo cualquier capacidad de ahorro basada en sueldos del Estado. Los fiscales calcularon que un vuelo de esas características tiene un costo cercano a los 17.000 dólares por tramo, por lo que el beneficio económico recibido rondaría los 34.000 dólares. Una cifra prohibitiva para cualquier ciudadano de a pie.

La ruta del dinero del fuselaje destapó las conexiones con la burguesía industrial mediterránea. El principal interrogante de la investigación es quién pagó ese viaje. Las actas de allanamiento empezaron a estrechar el cerco sobre los sospechosos.

Las diligencias judiciales no tardaron en poner bajo la lupa a los sospechosos de siempre. Los allanamientos realizados hasta el momento no permitieron identificar al supuesto financista, pero la fiscalía encontró una serie de vínculos societarios que conducen hacia dos grupos empresarios con fuerte presencia en Córdoba: Porta Hermanos y el Grupo Astori. La rosca empresaria y judicial al descubierto.

La nave pertenece a una firma instrumental ligada históricamente a la familia del gigante del alcohol. La aeronave pertenece a Airjet S.A., una sociedad que durante años fue presidida por José Vicente Ramón Porta. La trama comercial detrás del vuelo VIP complica la situación procesal de la firma.

El control operativo del avión continuó bajo la misma tutela familiar sin importar los cambios de directorio. La investigación sostiene además que integrantes de la familia Porta continuaron utilizando ese avión aun después de dejar formalmente la conducción de la compañía. La coincidencia con la tramitación de expedientes ambientales resulta estremecedora.

La imparcialidad de la camarista quedó sepultada por la cronología de sus propios votos. Ese dato adquirió relevancia porque Montesi intervino durante años en el expediente ambiental iniciado por vecinos de barrio San Antonio, de la ciudad de Córdoba, contra Porta Hermanos por la actividad de su planta de bioetanol. Los vecinos organizados venían denunciando favoritismo judicial.

Las decisiones de la jueza favorecieron sistemáticamente a la patronal en detrimento de la salud pública. En varias oportunidades la camarista votó en disidencia respecto del resto de sus colegas para rechazar medidas reclamadas por los vecinos, entre ellas la exigencia de una evaluación de impacto ambiental. La sintonía con la empresa era total.

La generosidad de la pareja judicial con la firma no se limitó a la fuero socioambiental. Más recientemente, en septiembre de 2025, Sánchez Torres y Montesi integraron la mayoría que dejó sin efecto una multa tributaria applied a Porta por la entonces AFIP, hoy ARCA. El perdón fiscal a medida alimentó las sospechas de los investigadores.

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Favores cruzados en el aire

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La nómina de pasajeros del jet ejecutivo reveló conexiones con otros gigantes de la construcción. La segunda línea investigativa conduce al Grupo Astori. La relación entre los magistrados y los litigantes rozó lo promiscua.

Las asientos del avión privado no eran ocupados por desconocidos sino por partes interesadas en litigios contra el Estado. Según la reconstrucción realizada por los fiscales, los camaristas habrían compartido el viaje a Uruguay con María Pía Astori y Guillermo Alberto Assales, presidente de Astori Estructuras S.A. El pasaje aéreo funcionaba como un despacho itinerante de la rosca.

El conflicto de intereses explotó al revisar las propiedades inmobiliarias en disputa en la provincia. Esa empresa aparece vinculada al Fideicomiso Barrio Ampliación Palmar, protagonista de una larga disputa judicial contra el Estado Nacional y la Fuerza Aérea por terrenos ubicados en Córdoba. Cientos de hectáreas y millones de dólares en juego.

La ética republicana exigía la inhibición inmediata de los magistrados, algo que jamás ocurrió. Lo que llamó la atención de los investigadores es que Sánchez Torres y Montesi continuaron interviniendo en esos expedientes antes y después del viaje sin excusarse pese a la presunta relación personal con empresarios ligados al litigio. La falta de decoro salta a la vista.

El dictamen acusatorio de los fiscales del Ministerio Público Fiscal es categórico sobre la comisión del delito. Los fiscales consideran que esos elementos son suficientes para sospechar que los jueces aceptaron una dádiva de personas con intereses concretos en causas bajo su competencia. Las pruebas acumuladas asfixian a la defensa.

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Aprietes y caída del sueño supremo

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La causa del avión VIP destapó la olla a presión del manipuleo de expedientes en el tribunal. Pero el expediente por el vuelo privado no es el único problema judicial de los camaristas. La interna de la alzada estalló de la peor manera.

La manipulación del sorteo de expedientes era una práctica cotidiana para direccionar fallos sensibles. En abril, Hairabedián y Turano impulsaron otra investigación que puso bajo la lupa el funcionamiento interno de la Cámara Federal de Córdoba. El ardid administrativo beneficiaba a clientes selectos.

Las maniobras estaban diseñadas para salvar las papas a los gigantes agroexportadores acorralados por el fisco. En esa causa se denuncia que Sánchez Torres habría alterado deliberadamente la integración de las salas para asegurarse intervenir en expedientes específicos, particularmente investigaciones por evasión tributaria vinculadas a ejecutivos de la cerealera Bunge y otros procesos de gran impacto económico. El sesgo a favor del gran capital no dejó dudas.

Las irregularidades dinamitaron el juez natural de las causas tributarias. La denuncia sostiene que el mecanismo consistía en modificar las integraciones naturales de las salas de la Cámara que ambos magistrados integran, lo que podría haber beneficiado a grandes empresarios en casos de evasión. La impunidad del cuello blanco en su máxima expresión.

El expediente sumó el testimonio de una empleada que quebró el pacto de silencio de la burocracia. Ese expediente incorporó además un capítulo especialmente delicado: una secretaria judicial denunció haber sufrido violencia laboral por negarse a participar de esas maniobras administrativas. El testimonio expuso el clima de hostigamiento interno.

La parálisis y el estupor dominan los pasillos del edificio judicial más imponente de la capital mediterránea. En los tribunales federales nadie recuerda un escenario semejante. El desprestigio de la institución roza mínimos históricos.

El peso de la Cámara Federal de Córdoba en el mapa político e institucional de la Argentina es estratégico. La Cámara Federal de Córdoba es el órgano revisor de todas las decisiones adoptadas por los juzgados federales de la provincia. Un fuero clave para la gobernabilidad del país.

El alcance de las decisiones de ese tribunal impacta directo en el corazón financiero y la seguridad de la región. Allí se resuelven causas por narcotráfico, corrupción, delitos tributarios, lavado de dinero y conflictos con los principales grupos económicos del centro del país. Por eso la gravedad de la cooptación por el poder privado.

El avance de las causas promete abrir cajas de seguridad y revisar patrimonios sin justificar. Fuentes judiciales no descartan que las próximas medidas incluyan un análisis patrimonial de ambos magistrados y la profundización de las pericias sobre los vínculos societarios entre Airjet, Porta y el Grupo Astori. La Unidad de Información Financiera ya toma nota de los movimientos.

El escándalo fulminó las aspiraciones del camarista de ocupar un sillón en el palacio de la calle Talcahuano. Las investigaciones acabaron con la estrategia de Sánchez Torres de convertirse en ministro de la Corte Suprema de la Nación, con el aval de Martín Llaryora y otros gobernadores. La rosca política que lo apadrinaba le soltó la mano de inmediato.

La trastienda del armado político fallido dejó al descubierto las roscas de café del poder económico. El propio Sánchez Torres le expuso su plan a Roberto Urquía en un bar de Córdoba meses atrás. El banquete de la política tradicional se quedó sin postre.

El candidato a la máxima instancia judicial buscó el visto bueno del establishment sin medir los costos de la exposición pública. Allí, Sánchez Torres intentó convencer al dueño de General Deheza de que lo avale en el círculo rojo para destrabar cualquier resistencia a su llegada al máximo tribunal. El lobby empresarial no alcanzó para frenar el avance del Poder Judicial.

El intento de desembarco en la cúspide del sistema de justicia pretendió capitalizar las vacantes y el descalabro de otras postulaciones. La jugada fue coincidente con la caída de Ariel Lijo. El sueño supremo de la parejita de la Cámara Federal de Córdoba terminó estrellado en la pista de aterrizaje de la realidad penal.

Lo que tenés que saber sobre la causa de los camaristas

• Vuelo VIP bajo sospecha: Los camaristas Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi son investigados por recibir un vuelo privado de USD 34.000 a Punta del Este financiado por empresarios.
• Causas a la carta: Los fiscales imputan a la pareja por favorecer a Porta Hermanos y al Grupo Astori en expedientes ambientales, tributarios y de tierras mientras utilizaban la aeronave ligada a los mismos grupos.
• Manipulación de salas: La causa se suma a una investigación por alterar las salas de la Cámara Federal de Córdoba para beneficiar a ejecutivos querellados por evasión, como los de la cerealera Bunge.
• Sueño supremo frustrado: El escándalo liquidó la candidatura de Sánchez Torres para la Corte Suprema de la Nación, apadrinada por sectores de la política y el círculo rojo.