El laberinto tributario del AMBA ya no soporta más maquillaje estadístico ni parches parlamentarios. El diputado del PRO Cristian Ritondo presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de resolución que le pide al Poder Ejecutivo un informe exhaustivo sobre el Monotributo, en un momento en que el padrón del régimen simplificado acumula más de cuatro años de expansión sostenida sin que eso se haya traducido en una reducción de la informalidad laboral. La jugada del jefe de la bancada amarilla busca meter el dedo en la llaga de una recaudación que se desmorona sobre las espaldas de la golpeada clase media.

La burocracia estatal esconde un enjambre de cuentapropistas precarizados que simulan ser empresarios para no caer en la indigencia. El padrón del régimen simplificado para pequeños contribuyentes rozó los 4,74 millones de inscriptos en septiembre de 2025, según registros oficiales. Los números duros de la cartera de Economía reflejan que el mercado de trabajo tradicional fue reemplazado por la facturación a destajo para sobrevivir al costo de vida metropolitano.

El estancamiento estructural de las empresas privadas para generar empleo de calidad quedó expuesto en el balance oficial. Entre 2012 y 2024, el número de trabajadores adheridos al sistema creció un 56%, mientras que el empleo asalariado formal apenas avanzó un 3% en el mismo período, de acuerdo con datos de la Secretaría de Trabajo. Las corporaciones del conurbano bonaerense trasladaron el costo de las cargas sociales directamente al lomo de los prestadores de servicios.

La iniciativa no nació en los despachos aislados de Palacio Legislativo, sino en las mesas de rosca con los sectores afectados. El proyecto de Ritondo, impulsado también por las inquietudes de la Asociación MARA (Monotributistas Asociados República Argentina) que se reunieron con el presidente del bloque amarillo en la previa a las vacaciones de invierno, busca que el Ministerio de Economía entregue datos desagregados por categoría —de la A a la K—, por tipo de actividad, por provincia y por modalidad de inscripción. Los referentes gremiales de los trabajadores independientes exigieron terminar con la persecución de la AFIP mientras la economía no arranca.

El expediente exige radiografiar la trampa fiscal desde la época de la alta inflación hasta el escenario actual. El legislador pide información que abarque desde 2023 hasta la fecha de respuesta, con el argumento de que esos datos son indispensables para diseñar futuras reformas fiscales. En los pasillos del Congreso se comenta que la oposición colaborativa ya prepara el terreno para la próxima discusión del Presupuesto.

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Ficción laboral y purga estatal

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La mentira de la inclusión social mediante el monotributo choca de frente contra las encuestas urbanas. El pedido llega en un contexto en el que la expansión del padrón convive con una paradoja: la informalidad laboral no cede. Las barriadas de la Provincia de Buenos Aires muestran la cara más cruda de esta precariedad, donde el recibo de sueldo es un privilegio extinto para millones.

Los relevamientos del organismo oficial de estadística muestran la parálisis del modelo previsional. Según la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la tasa de empleo informal se mantiene en torno al 43% de la población ocupada, con cerca de 9 millones de trabajadores sin aportes jubilatorios. La fantasía del blanqueo voluntario chocó contra la realidad de una presión impositiva que asfixia al que intenta estar en regla.

El balance de más de una década de políticas asistenciales revela un estancamiento absoluto en la estructura social. En los últimos 13 años, esa proporción apenas bajó 1,5 puntos porcentuales, al pasar del 41,8% al 40,3%, a pesar del fuerte crecimiento del padrón monotributista. Las cifras desnudan que cada alta nueva en la agencia de recaudación es solo la formalización del desempleo encubierto.

Desde los despachos de Balcarce 50 ensayan explicaciones para maquillar el fracaso de la registración. La explicación que dieron desde la Casa Rosada de ese fenómeno apunta en dos direcciones. Los técnicos del oficialismo prefieren responsabilizar a las distorsiones del mercado antes que revisar las escalas tributarias.

La simulación contractual por parte de las patronales es la maniobra más extendida en las pymes metropolitanas. Por un lado, una parte de los nuevos monotributistas son en realidad trabajadores en relación de dependencia no registrados que aportan al sistema como independientes. Esta práctica elude cualquier tipo de indemnización o protección gremial ante la crisis económica vigente.

Los estudios privados confirman la gravedad de la relación laboral encubierta en las corporaciones. Un estudio del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) estimó que el 14% de los empleados no registrados factura como monotributista para una empresa. Mientras tanto, las pymes del conurbano aprietan los márgenes operativos para evitar la quiebra frente al tarifazo de servicios.

La proliferación del trabajo sin registros legales neutraliza cualquier intento de ordenamiento en los papeles. Por otro lado, el trabajo independiente informal creció en paralelo al formal, neutralizando los avances en la registración. El changuerío digital y las ventas por redes sociales se mueven por fuera de cualquier radar estatal.

El pedido de los diputados amarillos pretende desmenuzar las trampas del padrón para separar la paja del trigo. El proyecto de Ritondo pide precisamente datos que permitan dimensionar ese fenómeno. La lupa legislativa busca medir la profundidad del daño en las arcas del sistema de seguridad social.

Las excepciones tributarias ocultan quiénes sostienen realmente el financiamiento del Estado argentino. Entre los puntos del informe solicitado figura la distinción entre Monotributo “Puro” —quienes pagan los tres componentes del régimen: impuesto integrado, aporte jubilatorio y obra social— y Monotributo “No Puro”, que incluye a jubilados, trabajadores en relación de dependencia, profesionales con cajas provinciales y menores de 18 años, todos con exenciones parciales o totales. Esta atomización dificulta el sostenimiento de los servicios de salud privada del sector.

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Números rojos y exclusión automática

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Las cajas del Estado sufrieron un tijeretazo feroz cuando el Poder Ejecutivo decidió limpiar los padrones sociales. El legislador también pide datos sobre el Monotributo Social, una modalidad subsidiada destinada a efectores sociales que quedó en el centro de la polémica en diciembre de 2024, cuando una depuración del padrón provocó la baja de cerca de 400.000 inscriptos en un solo mes. La motosierra oficial cortó por lo más delgado sin contemplar situaciones de vulnerabilidad extrema.

Las auditorías del área social justificaron el hachazo argumentando irregularidades administrativas rampantes. Un estudio de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia había detectado que menos del 10% de los titulares del Monotributo Social emitía facturas, y que no se realizaban bajas por incompatibilidades desde marzo de 2021. El festival de subsidios sin control alimentó cajas políticas durante la gestión saliente.

El seguimiento de las deudas impositivas marcará el nivel real de morosidad en los comercios de barrio. El informe solicitado deberá incluir además indicadores de morosidad y cobrabilidad entre 2023 y 2026, y la cantidad de contribuyentes que durante ese período abandonaron el régimen simplificado para pasar al régimen general de autónomos, ya sea por exclusión de oficio o de forma voluntaria. El paso al régimen general actúa como una guillotina financiera para cualquier profesional independiente.

Las tablas impositivas se convirtieron en un laberinto donde un error de facturación liquida la rentabilidad del pequeño comercio. La categoría K —la más alta del sistema— permite facturar hasta $108.357.084 anuales con los valores vigentes desde abril de 2026, y su superación implica la salida automática del régimen. Cruzar ese umbral significa caer al infierno de Autónomos, un abismo fiscal que invita a la evasión inmediata.

El entorno de la jefatura del bloque de la provincia bonaerense busca acorralar al Palacio de Hacienda con datos duros. Desde el despacho del presidente del bloque amarillo explicaron que el pedido tiene que ver con la intención de "contar con información precisa y actualizada sobre la situación de los monotributistas en Argentina desde 2023 hasta hoy". La presión parlamentaria responde a los reclamos crecientes de las cámaras de comercio del interior bonaerense.

El objetivo final de la movida política apunta a reestructurar la tabla de impuestos en las próximas sesiones. Y que, con esos datos, "tener un diagnóstico real que permita diseñar mejores políticas de alivio fiscal, inclusión y formalización, adaptadas a las necesidades concretas de los monotributistas". La pelota quedó en la cancha del equipo económico nacional, que deberá rendir cuentas antes de que la crisis laboral dinamite el consenso fiscal en la provincia.

Lo que tenés que saber sobre el informe del Monotributo

• Ofensiva del PRO: Cristian Ritondo presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la situación real del Monotributo tras reunirse con la Asociación MARA.
• Precarización en alza: Entre 2012 y 2024, el padrón monotributista creció un 56% mientras el empleo privado formal apenas subió un 3%, reflejando que se usa para tapar la informalidad.
• Depuración bajo sospecha: Exigen precisiones sobre la baja de 400.000 Monotributistas Sociales a finales de 2024 y la diferencia entre contribuyentes puros e integrantes con exenciones.
• Salto al abismo: El proyecto busca transparentar cuántos trabajadores son excluidos del régimen por superar el tope de la categoría K de $108.357.084 y pasan al asfixiante régimen de Autónomos.