El negocio inmobiliario del AMBA ya no podrá esconder la mugre bajo la alfombra de los fideicomisos ciegos. El Concejo Deliberante de Pilar sancionó el Régimen Municipal de Prevención del Narcotráfico y del Lavado de Activos, una ordenanza que busca impedir que dinero, bienes o patrimonios ligados al narcotráfico ingresen a desarrollos inmobiliarios, negocios u otras operaciones que requieran habilitación, permiso o control municipal. La rosca en el recinto dejó al descubierto cómo el poder territorial intenta blindar un territorio históricamente poroso.

La norma fue bautizada sin pudor como un cerrojo ético para los desembolsos privados. La norma, presentada como una "ficha limpia de inversiones", habilita al municipio a indagar el origen de los fondos de cualquier emprendimiento que necesite aprobación comunal. En los despachos locales admiten que el flujo de efectivo sin declarar venía distorsionando el mercado inmobiliario desde hacía más de una década.

El texto corta de raíz las intermediaciones de pantalla que pululan por los countries de la zona norte bonaerense. También impide que personas o empresas vinculadas a causas por tráfico de drogas o blanqueo de dinero inviertan en el distrito, incluso si operan a través de sociedades, fideicomisos u otras estructuras jurídicas. Se acabó el anonimato para los sellos de goma que compraban hectáreas enteras a cambio de impunidad constructiva.

El poroteo en las bancas reflejó fracturas expuestas y ausencias demasiado oportunas. El proyecto se aprobó por mayoría, con el respaldo de Unión por la Patria. Votaron en contra los concejales de La Libertad Avanza presentes —Andrés Genna, María Ratti, Solana Marchesán y Juan Pablo Casañas— en votación nominal. Sebastián Neuspiller y Analía Leguizamón faltaron al momento del recuento, clavando la pizarra en 18 afirmativos contra 4 negativos.

Desde el sillón de mando municipal salieron rápidamente a capitalizar el resultado de la votación legislativa. Desde el gobierno municipal, que conduce el peronista Federico Achával, afirmaron que el distrito "da un paso firme para decirle no al narcolavado". Para la tropa oficialista, el argumento de venta política fue tajante: "los narcos no se van a poder instalar" porque "el origen de los fondos es importante".

El fantasma del kilómetro 46

El apuro por exhibir pulcritud institucional responde a una bomba de tiempo que le estalló a la propia administración en la Provincia de Buenos Aires. La ordenanza tiene un antecedente inmediato: la investigación por lavado de dinero que alcanza al abogado Mateo Corvo Dolcet y al fondo Pilar Bicentenario, impulsor de un megadesarrollo inmobiliario en el kilómetro 46 de la Panamericana. El predio se convirtió en un símbolo de la desidia estatal.

El escándalo narco sepultó lo que prometía ser una estación modelo de transbordo y cocheras de lujo. El proyecto se frenó cuando quedó en el centro de una causa por presunto lavado vinculado a un cartel colombiano. La Comuna asumió la custodia judicial del inmueble, montando allí un centro de salud provisorio que más tarde derivó en oficinas burocráticas.

El manejo comunal de ese predio terminó en un verdadero fiasco operativo y judicial. En marzo de 2025 la Justicia desalojó a la Comuna y restituyó el predio al abogado investigado, aunque el expediente sigue abierto. Portales como Primera Página revelaron el abandono de insumos sanitarios en el lugar, forzando al intendente a buscar una salida hacia adelante.

Cerrojo financiero y control reforzado

La nueva reglamentación municipal impone un filtro estricto antes de clavar el primer cartel de obra. Quienes pidan autorizaciones, habilitaciones o aprobaciones municipales para inversiones deberán presentar una declaración jurada de origen lícito de fondos y de inexistencia de impedimentos. El trámite exigirá identificar titular, actividad, monto global, estructura de fideicomiso, beneficiario final y antecedentes penales por estupefacientes.

La letra chica no deja margen para que los operadores judiciales sigan jugando a las escondidas procesales. La falta de identificación suficiente del beneficiario final podrá impedir la autorización. Si quien figura detrás del capital arrastra procesamientos activos por drogas, la maquinaria burocrática frenará el expediente de inmediato sin derecho a reclamo económico alguno.

El palacio comunal se reservó facultades extraordinarias para auditar cualquier emprendimiento que despierte sospechas en los mostradores de habilitación. El Departamento Ejecutivo podrá aplicar controles reforzados ante inversiones de gran magnitud, desarrollos inmobiliarios, fideicomisos, estructuras societarias complejas, dificultades para identificar al dueño real, inconsistencias entre la actividad declarada y el volumen invertido, fondos de origen no acreditado o participación —directa o indirecta— de personas investigadas o procesadas por narcotráfico.

El régimen no perdonará las maniobras contables ni los datos dibujados en las carpetas técnicas. También se podrán suspender trámites en curso si hace falta verificar el cumplimiento de la ordenanza o detectar impedimentos. Falsear una declaración jurada derivará en sanciones inmediatas y denuncias ante el Poder Judicial penal federal.

Lo que tenés que saber sobre la ficha limpia en Pilar

• Auditoría obligatoria de capitales: Toda persona humana o jurídica que solicite habilitación para obras o comercios en Pilar deberá justificar el origen lícito de sus fondos.
• El antecedente Corvo Dolcet: La normativa surge tras la causa por lavado narco colombiano en el predio del kilómetro 46 de la Panamericana, devuelto recientemente al principal investigado.
• Quiebre en el recinto: El proyecto salió con 18 votos del peronismo y aliados, mientras que los ediles libertarios votaron en contra y hubo dos ausencias de la oposición tradicional.
• Poder de veto municipal: El Poder Ejecutivo comunal podrá suspender de oficio cualquier desarrollo si detecta firmas fantasma o inversores procesados por la ley de drogas.