La política bonaerense conoce de memoria el arte de armar carpetazos con humo mediático antes que con expedientes sólidos. La Justicia de Moreno-General Rodríguez archivó la investigación contra el concejal de General Rodríguez, Javier Tarragona, a raíz de una denuncia que lo vinculaba con una presunta red de narcotráfico y con la supuesta elaboración y comercialización de cocaína. En el territorio del oeste, donde las lealtades cambian al ritmo de los fondos comunales, el intento de fusilamiento político terminó en un papelón judicial.

El trámite en los tribunales departamentales expuso la fragilidad de una maniobra carente de rigor procesal y fáctico. La resolución corresponde al expediente en el que se investigaba una posible infracción a la Ley de Estupefacientes. Tras semanas de pasearse por portales y canales, el fiscal interviniente concluyó que no existían elementos suficientes para relacionar al edil con los delitos denunciados y ordenó archivar las actuaciones.

La génesis del conflicto responde a las clásicas internas de palacio donde los secretarios locales juegan al sheriff sin medir las consecuencias penales. La causa había comenzado a partir de una denuncia presentada por Nicolás Rappazzo, quien se identificó como secretario de Seguridad, Justicia y Política Criminal de la Municipalidad de General Rodríguez. Amparado en un presunto dato callejero, el funcionario municipal acudió a la fiscalía con un testimonio anónimo para detonar una bomba en el deliberativo local.

El relato original pintaba un cuadro digno de una serie criminal internacional pero sin un solo elemento verificable en el asfalto. De acuerdo con ese relato, Tarragona habría estado vinculado con una asociación ilícita, la comercialización de estupefacientes y una estructura dedicada al narcotráfico en el distrito. La presentación también hacía referencia a una presunta “cocina” de droga blanca y a supuestos lazos clandestinos que nadie pudo certificar.

Cuando llegó el momento de ratificar los dichos y presentar las pruebas correspondientes, el castillo de naipes se derrumbó por completo. Sin embargo, al momento de ratificar la denuncia ante la Justicia, Rappazzo no habría sumado información adicional ni elementos distintos de los incluidos en la presentación original. El instructor penal dejó en claro que no había direcciones exactas ni referencias sobre personas u operaciones concretas.

Fuego de artificio municipal

Los argumentos del dictamen judicial desnudaron la orfandad probatoria de una acusación que jamás debió tomar semejante envergadura institucional. Uno de los principales argumentos para disponer el archivo estuvo relacionado con la falta de precisión de la acusación. Ni fechas, ni apodos, ni una sola coordenada geográfica que justificara mover el aparato persecutorio del Ministerio Público Fiscal.

La supuesta infraestructura clandestina mencionada en el escrito resultó ser una simple entelequia creada para alimentar titulares escandalosos. La misma dificultad apareció en relación con la supuesta cocina de cocaína. El documento judicial remarcó que nunca se arrimó una sola prueba material que demostrara la existencia o localización de semejante laboratorio en el partido.

En tribunales advirtieron que la persecución penal no se ejerce a través de la simple sospecha o el espionaje indiscriminado de dirigentes. En ese marco, la Fiscalía sostuvo que contar únicamente con el número de teléfono de Tarragona o con información sobre sus eventuales ingresos a un barrio privado no alcanzaba para justificar medidas de persecución penal. Los datos aportados resultaban inocuos sin elementos de convicción objetivos que los respaldaran.

El fiscal a cargo del trámite fue tajante al rechazar la intromisión arbitraria en las comunicaciones privadas del dirigente comunal. Incluso, la resolución cuestionó la posibilidad de avanzar sobre el contenido del teléfono celular del concejal sin contar previamente con elementos que justificaran esa medida. Para la justicia, semejante excursión de pesca procesal representaba una inadmisible “caza de brujas”.

La pesquisa preliminar incluyó consultas a los organismos oficiales especializados para descartar cualquier sospecha previa sobre el legislador. La Fiscalía, por su parte, realizó distintas averiguaciones para determinar si existían investigaciones previas o antecedentes vinculados al concejal. El cruce de registros determinó que ni la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) ni las fiscalías departamentales tenían abierto legajo alguno contra el concejal.

El costo de la opereta

El manual de la vieja política indica que cuando una denuncia carece de sustento jurídico, se compensa con filtraciones a la prensa amiga. Otro de los aspectos destacados por el fiscal fue la rápida exposición pública que tuvo la denuncia. La causa saltó a las portadas digitales antes de que el propio funcionario ratificara su firma en sede judicial.

Esa desesperación por instalar el tema en la agenda pública perjudicó la seriedad del trabajo institucional en una materia tan sensible para la comunidad. Para el investigador, esa difusión resultó especialmente problemática debido a la naturaleza de los delitos denunciados, ya que el avance de este tipo de investigaciones requiere preservar determinado nivel de reserva. La publicidad desmedida funcionó como un claro obstáculo procesal para cualquier pesquisa seria.

En el conurbano bonaerense, las disputas territoriales no pueden resolverse judicializando rumores sin chequear para limar a los adversarios de turno. Finalmente, la Fiscalía entendió que la denuncia podía ser considerada válida como punto de partida para abrir una investigación, pero que por sí sola no tenía valor suficiente para acreditar los hechos denunciados. El carpetazo quedó archivado en un cajón y dejó en evidencia a quienes utilizan la seguridad pública para hacer política barata.

Lo que tenés que saber sobre el caso Tarragona

• Archivo definitivo: El departamento judicial de Moreno-General Rodríguez cerró la causa por presunto narcotráfico contra el concejal Javier Tarragona por falta total de pruebas.
• Denuncia sin sustento: La acusación fue impulsada por Nicolás Rappazzo, funcionario municipal del área de Seguridad, basándose en el testimonio anónimo de un vecino sin datos concretos.
• Sin antecedentes: Informes oficiales de la PROCUNAR y fiscalías temáticas confirmaron que el edil no posee registros ni investigaciones abiertas por venta de estupefacientes.
• Rechazo a la “caza de brujas”: La Justicia desestimó intervenir teléfonos o avanzar sin indicios objetivos, cuestionando además la inmediata filtración mediática del caso.