En el tablero político argentino nadie regala nada y los muertos en el placard siempre eligen el peor momento para salir a cobrar peaje. Martín Llaryora pretendía inaugurar su plan de reelección con aire fresco, pero la realidad de Córdoba le devolvió una postal opaca. La acumulación de causas judiciales contra popes históricos del peronismo cordobés dejó expuesto un régimen territorial agotado tras 28 años ininterrumpidos en el poder.

El foco del escándalo salpica hoy al recinto parlamentario con ribetes bochornosos. Ramón Flores, legislador por el departamento Río Seco, debió pedir licencia tras la detención de su colaborador directo, José Aníbal Villarreal, imputado formalmente por ultraje sexual contra menores de edad. La Unicameral demostró una indolencia institucional mayúscula al mantener contratados a personajes con severos antecedentes penales sin activar ningún filtro preventivo.

La mugre legislativa no frena ahí, ya que en la misma nómina oficial revistaba Ariel Rodríguez, portador de una sentencia firme por peculado y usurpación. Este descalabro resucita el fantasma de los "ñoquis" y el prontuario de punteros como Guillermo Kraisman, detenido oportunamente por choreos comunes. La estructura legislativa cordobesa exhibe fisuras terminales al naturalizar la inserción de operadores oscuros dentro del presupuesto público provincial.

El otro frente de tormenta se ubica en el valle de Traslasierra, donde el histórico caudillo Oscar González encara las audiencias finales por la tragedia vial de las Altas Cumbres. Al exjefe de bancada lo acusan de homicidio y lesiones culposas agravadas por el impacto de octubre de 2022, donde murió Alejandra Bengoa y dos chicas terminaron mutiladas. Las pericias oficiales del perito Ramiro Ojeda confirmaron que el vehículo oficial invadió el carril contrario al momento del siniestro.

Prontuarios pesados al banquillo

El desfile de viejas glorias continúa con el exministro de Seguridad Alfonso Mosquera, a quien la Corte Suprema de Justicia de la Nación le cerró todas las puertas de escape procesal. El exfuncionario de Juan Schiaretti enfrentará juicio oral a partir del 3 de noviembre imputado por abuso sexual con acceso carnal contra una suboficial policial que era su expareja. Mosquera llega a la instancia de juzgamiento en libertad pero con la credibilidad pulverizada tras el rechazo categórico de sus recursos defensivos.

El mapa de la corrupción administrativa sumó también al exintendente de Saldán, Cayetano Canto, investigado por el juez federal Carlos Ochoa en el Juzgado Federal de Río Cuarto. El mandamás municipal quedó procesado por negociaciones incompatibles con la función estatal y continúa acorralado por el presunto desvío sistemático de partidas. La pesquisa rastrea un circuito clandestino de facturación apócrifa diseñado para vaciar las arcas públicas del departamento Colón a través de firmas inexistentes.

El sicariato gremial cordobés

La violencia sindical completó este cuadro desolador con la postergación del juicio por el asesinato a sangre fría de Gabriela Mónica Steffi Pérez, ultimada durante un acto de la entidad Soelsac. El fiscal determinó que el ataque a balazos de 2023 no fue una gresca gremial más, sino un crimen ejecutado por sicarios profesionales. La disputa territorial entre Sergio Fittipaldi y el clan Saillén del Surrbac escaló a niveles criminales nunca antes vistos en la política mediterránea.

En el valle de Punilla, el dirigente de las 62 Organizaciones Peronistas, Ricardo Moreno, reapareció en Villa Carlos Paz buscando reciclarse luego de su estrepitosa dimisión como concejal capitalino. Su caída se produjo tras admitir que recomendó el ingreso comunal de Claudio Barrelier, acusado del femicidio de la joven Agostina Vega. La impudicia de los armadores tradicionales para reciclarse en actos proselitistas desnuda la desconexión total que arrastra la dirigencia local frente a las demandas sociales.

Aunque el actual inquilino del Centro Cívico de Córdoba intente despegarse de estos personajes asegurando que no integran su riñón, la factura política es indivisible. La gobernabilidad llaryorista descansa sobre una maquinaria clientelar obsoleta que el oficialismo utilizó durante décadas para retener el control electoral. Si el gobernador pretende encarar la batalla de 2027, primero deberá dinamitar las raíces podridas de su propio espacio.

Lo que tenés que saber sobre la crisis cordobesa

• Amenaza a la reelección: Martín Llaryora enfrenta un escenario adverso para su proyecto electoral producto del estallido de causas judiciales que involucran a popes históricos del PJ.
• Escándalo en la Legislatura: El parlamentario Ramón Flores pidió licencia por la imputación de su asesor José Aníbal Villarreal en abuso de menores y la condena previa de otro empleado.
• Caudillos cercados: Oscar González encara el tramo final del juicio por la tragedia de las Altas Cumbres y Alfonso Mosquera afrontará debate oral por violación en noviembre.
• Crimen por encargo sindical: El homicidio de Gabriela Pérez expuso una guerra a tiros por cajas gremiales entre el Soelsac de Sergio Fittipaldi y el clan Saillén del Surrbac.