Lo que inicialmente aparece como un secuestro extorsivo esconde detrás una historia mucho más oscura. Una joven de 19 años, su pareja de 20 y el pequeño hijo de ambos fueron privados de su libertad y mantenidos cautivos en una casilla ubicada en la zona de Gómez, cerca de Brandsen. La familia fue localizada y rescatada por efectivos del Departamento Antisecuestros Sur del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina. La investigación está encabezada por el fiscal federal Guillermo Marijuan y el juez Sebastián Ramos.

Pero para entender cómo tres integrantes de una familia terminaron cautivos en una vivienda precaria hay que retroceder varios meses. Y viajar hasta Quilmes.

El padre del joven secuestrado había sufrido un accidente laboral. Como consecuencia, recibió una indemnización que, según fuentes de la investigación citadas por Infobae, rondó los $100 millones. La aparición de ese dinero habría marcado el comienzo de su pesadilla.

En ese contexto entró en escena un hombre identificado hasta ahora por los investigadores como “D.”, señalado como un prestamista o usurero de la zona. De acuerdo con la denuncia incorporada al expediente, entre ambos habría existido un acuerdo verbal. Lo que sucedió después es precisamente lo que ahora intenta reconstruir la Justicia.

Según la hipótesis que manejan los investigadores, el supuesto prestamista comenzó a exigirle pagos. Hubo transferencias. Pero las exigencias no terminaron. La presunta deuda continuó creciendo hasta convertirse en algo que el hombre aparentemente ya no podía afrontar.

Una de las fuentes consultadas por Infobae va todavía más lejos: los investigadores sospechan que la deuda invocada podría ni siquiera haber existido en los términos denunciados por el presunto usurero. Será la Justicia la que deberá determinarlo.

La escalada habría sido progresiva. Según la reconstrucción judicial difundida hasta el momento, al hombre no solamente le habrían sacado dinero. También habría perdido electrodomésticos. Y después, un terreno.

Otra reconstrucción periodística señala además que la pesquisa analiza la eventual apropiación de vehículos y una propiedad, dentro de lo que podría constituir una estructura dedicada a cobrar préstamos mediante amenazas y violencia.

El hombre que meses antes había recibido una indemnización millonaria terminó prácticamente sin nada.

La secuencia resulta brutal. Según fuentes del expediente, el temor llegó a tal punto que la víctima terminó en situación de calle y decidió trasladarse a la Ciudad de Buenos Aires. El dinero de la indemnización había desaparecido. Parte de sus bienes también. Pero la supuesta deuda seguía persiguiéndolo.

Y entonces ocurrió el salto que transformó una posible maniobra de usura y extorsión en algo muchísimo más grave.

Los encontraron en la calle y los habrían obligado a subir a un auto. De acuerdo con la denuncia que activó la investigación federal, el principal sospechoso se cruzó con el hijo del hombre. El joven estaba junto a su pareja y su pequeño hijo.

Según la hipótesis del expediente, los tres fueron obligados a subir a un vehículo. Desde ese momento desaparecieron. Ya no se trataba de reclamar una deuda. Había una familia entera privada de su libertad.

El mensaje que habría recibido el padre resume la naturaleza de la maniobra investigada: “Lo tenemos a tu hijo”. La frase fue consignada por fuentes del caso.

Para entonces, la situación del hombre era tan precaria que, según la reconstrucción publicada, ya ni siquiera tenía teléfono propio. Le habían quitado prácticamente todo. Ahora tenían a su hijo, a su nuera y a su nieto.

La alerta que permitió activar la investigación no habría partido del padre extorsionado. La denuncia llegó desde el entorno de la madre del pequeño.

El caso aterrizó entonces en la Justicia Federal. El fiscal Guillermo Marijuan dispuso la intervención del Departamento Antisecuestros Sur de la PFA. Comenzó una investigación contrarreloj. Había tres personas desaparecidas. Y entre ellas, un niño pequeño.

Los investigadores comenzaron a reconstruir comunicaciones y movimientos. El análisis telefónico permitió acotar la búsqueda hasta llegar a una zona rural próxima a Brandsen. Finalmente identificaron una casilla en Gómez. Allí podían estar las víctimas.

El lugar quedó bajo vigilancia. Cuando los efectivos consiguieron confirmar la presencia de la familia, se puso en marcha el operativo.

La Policía Federal irrumpió en el lugar. Y allí encontró a las víctimas: la joven, su pareja y el pequeño hijo de ambos. Los tres fueron rescatados. Terminaba el cautiverio.

Pero comenzaba otra parte de la investigación. Porque dentro de esa casilla había personas que ahora deberán explicar qué hacían allí y qué participación tuvieron.

Cuando llegaron los patrulleros, el hombre señalado como cabeza de la maniobra presuntamente estaba dentro del lugar. Pero consiguió escapar.

Según fuentes de la causa, huyó por una ventana al advertir la llegada de la Policía Federal. El sospechoso identificado como “D.” permanece prófugo y es intensamente buscado.

La Justicia deberá determinar ahora si actuaba solo o si detrás de las extorsiones existía una organización más amplia.

Durante el procedimiento ocurrió además un episodio que llamó poderosamente la atención de los investigadores. Una mujer señalada como posible pareja del principal sospechoso salió de la casilla cuando llegó la Policía y preguntó: “¿Ustedes vienen por una denuncia?”

La pregunta generó inmediatamente una inquietud entre los investigadores. ¿Cómo sabía que existía una denuncia? La respuesta puede ser importante para determinar cuánto conocía sobre lo que estaba ocurriendo y cuál era su eventual participación.

Las informaciones difundidas en las primeras horas difieren respecto de la situación procesal exacta de las personas encontradas en el lugar: algunas hablan de una persona demorada y otras de una mujer detenida. Por eso será necesario esperar la información judicial consolidada antes de atribuir responsabilidades definitivas.

La investigación quedó caratulada como secuestro coactivo, bajo el artículo 142 bis del Código Penal, según la información difundida sobre el expediente. La figura contempla precisamente la privación de libertad utilizada para obligar a una persona o a terceros a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad.

Y ésa es la hipótesis que ahora intenta probar la Justicia: que el secuestro de la pareja y su hijo habría sido utilizado como instrumento de presión para cobrar la supuesta deuda del padre del joven.

Éste puede convertirse en el próximo gran capítulo del expediente. Los investigadores sospechan que el principal acusado podría formar parte de una estructura dedicada a prestar dinero y posteriormente utilizar amenazas y violencia para conseguir los pagos.

Si esa hipótesis avanza, el caso dejaría de ser solamente la historia de una deuda que terminó en un secuestro. La Justicia deberá buscar otras posibles víctimas. Revisar operaciones, transferencias, bienes, propiedades y vehículos. Y determinar si existieron otros préstamos cobrados mediante mecanismos similares.

Existe un dato que atraviesa toda la historia: los cerca de $100 millones que habría cobrado el padre.

La investigación deberá establecer cómo tomó conocimiento el presunto prestamista de la existencia de ese dinero, qué relación mantenía previamente con la víctima, cuánto dinero efectivamente le entregó, qué tasa o condiciones fueron pactadas, cuánto terminó cobrando, qué bienes recibió y, fundamentalmente, si existía realmente la deuda que invocaba para seguir reclamándole dinero.

Porque si se confirma la hipótesis más grave, el mecanismo habría sido perversamente sencillo: detectar a una persona con dinero, generar o aprovechar una deuda, multiplicarla, quitarle sus bienes y, cuando ya no quedaba patrimonio disponible, ir por su familia.

La noticia más importante es que las tres víctimas fueron encontradas con vida. Pero judicialmente el expediente recién empieza.

Sus declaraciones serán decisivas para reconstruir cómo fueron capturadas, quiénes participaron, cuánto tiempo permanecieron cautivas, qué amenazas recibieron, quién las vigilaba y qué exigencias realizaron los captores.

También deberá esclarecerse la actuación de cada persona vinculada con la casilla y localizar al sospechoso que consiguió escapar.

La secuencia que investiga Marijuan tiene una progresión difícil de asimilar. Un trabajador sufrió un accidente. Cobró una indemnización cercana a los $100 millones. Apareció un supuesto prestamista. Comenzaron las exigencias. Hubo transferencias. Después habrían desaparecido los electrodomésticos. Luego el terreno. El hombre terminó en situación de calle.

Pero todavía faltaba lo peor.

Su hijo de 20 años, su nuera de 19 y su pequeño nieto fueron capturados y terminaron encerrados en una casilla cerca de Brandsen.

Esta vez, la historia tuvo un desenlace que pudo ser muchísimo peor. El análisis de comunicaciones permitió encontrarlos. La Federal llegó hasta el lugar. Y los tres salieron con vida.

Ahora queda una tarea igualmente importante: encontrar al principal sospechoso y determinar si detrás del secuestro funcionaba una red de usura y extorsión con más víctimas que todavía no se animaron a hablar.