La fiesta recaudatoria sin rendición de cuentas acaba de chocar contra un paredón en los tribunales del cuarto piso porteño. La Corte Suprema de Justicia de la Nación pulverizó la discrecionalidad con la que los caciques comunales disfrazan impuestos bajo el ropaje de contribuciones urbanas. Para cobrar, los intendentes deberán comprobar tareas efectivas, periódicas y mesuradas en sus balances.

El primer misil impactó contra la ordenanza cordobesa que pretendía inventar potestades con descripciones abiertas e infinitas. En el pleito del Banco de Galicia frente a la Municipalidad de Córdoba, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz e incluso Ricardo Lorenzetti tumbaron el cobro retroactivo por carecer de sustento comprobable.

Aquel texto local utilizaba una fórmula residual para pescar recursos bajo el pretexto de cualquier auxilio al bienestar general. “La contraprestación concreta, efectiva e individualizada de un servicio municipal es la clave de bóveda del sistema de distribución de competencias tributarias entre las distintas jurisdicciones”, sentenció tajante el máximo tribunal argentino.

La resolución rescató el criterio sentado en el viejo antecedente Quilpe, originado en La Rioja, clausurando la típica trampa burocrática de asfixiar al vecino. “No es justo imponer al contribuyente, cuando ha negado la prestación del servicio, la carga de probar que ha sido efectivamente prestado”, remarcaron los magistrados para obligar al Estado a transparentar sus cuadrillas.

El fósforo que incendia despachos

El expediente más peligroso para el tablero bonaerense recayó en el norte provincial con el reclamo de la Mutual de Ayuda entre Ferroviarios contra la Municipalidad de Pergamino. El conflicto desnudó las mañas de la célebre Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, un agujero negro donde la política rasca recursos sin control.

La intendencia ensayó inspecciones tardías para maquillar el expediente una vez que el conflicto ya transitaba los pasillos judiciales. La picardía fue rechazada de plano porque nadie puede inventar hacia atrás controles que jamás existieron ni fiscalizaciones fantasmas.

“Si la puesta a disposición y prestación del servicio es un presupuesto de hecho que justifica el cobro del tributo, no resulta suficiente si el servicio no se ha prestado o se lo ha llevado a cabo mediante actividades realizadas con posterioridad a su cuestionamiento judicial”, fustigó la sentencia de Buenos Aires.

Además, el fallo estableció que una visita aislada cada muerte de obispo no habilita liquidar gravámenes mensuales automáticos. “El mandato específico de una prestación efectiva del servicio hace de la periodicidad de la prestación un atributo esencial de la tasa”, definió la pluma de los cortesanos para frenar abusos crónicos.

El freno a la voracidad

El mazazo definitivo apunta directo a la recaudación inflada que desborda el valor operativo real de las prestaciones municipales. La desproporción entre la suma recaudada y el costo del servicio transforma la tasa en un impuesto encubierto.

Esa metamorfosis tributaria viola la Constitución Nacional y abre una catarata de amparos corporativos en cada parque industrial del conurbano. Las empresas ya instruyeron a sus letrados para frenar tributos exorbitantes calculados sobre la facturación bruta en vez de inspecciones técnicas.

“El juicio de razonabilidad exige una proporción entre el costo del servicio y el monto de lo recaudado por el tributo”, concluyó el tribunal al inaugurar un doble cerrojo global e individual. Si los números de las Secretarías de Hacienda no cierran con la realidad de las calles, la factura quedará bloqueada en tribunales.

En La Plata y en los distritos metropolitanos cunde el temblor porque este doble dictamen desarma la caja negra que financia el clientelismo comarcal. Los intendentes se quedaron sin margen para seguir inventando tasas sin contraprestación efectiva.

Lo que tenés que saber sobre el cepo judicial a las tasas

• Servicio real y comprobable: Los municipios no pueden escudarse en ordenanzas con fórmulas genéricas; deben demostrar con documentación pública la prestación efectiva e individualizada al vecino.

• La prueba corre por la comuna: Siguiendo la doctrina del caso riojano, es el aparato municipal el que tiene la obligación de acreditar los operativos y no el contribuyente.

• Prohibido dibujar inspecciones: Quedaron desestimados los controles improvisados o armados de apuro tras el inicio de una demanda judicial, exigiendo periodicidad obligatoria.

• Tope a la recaudación desmedida: Se fijó un doble límite: la suma percibida por el municipio debe guardar correlato con el costo operativo de la tarea y no castigar asimétricamente a ningún usuario.