El gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto presupuestario diseñado al milímetro para asfixiar las cuentas de las provincias argentinas mientras blindan una caja hermética en el despacho oficial. En los pasillos parlamentarios de Buenos Aires, el diputado entrerriano Guillermo Michel encendió las alarmas tras detectar una acumulación de 10 mil millones de dólares sin destino fijado que funcionará como palanca de extorsión directa sobre los gobernadores. La maniobra no es fruto de la improvisación técnica: combina la quita total de transferencias no automáticas con el traspaso compulsivo de obligaciones cotidianas que dejan a los mandatarios provinciales sin margen operativo.

Las planillas oficiales revelan el salto patrimonial de la denominada Jurisdicción 91, una partida reservada tradicionalmente para amontonar recursos discrecionales al servicio de la jefatura de gabinete y de Luis Caputo. El cálculo técnico indica que este casillero presupuestario trepará abruptamente de los $5,6 billones iniciales hasta los $14,8 billones para disciplinar caciques provinciales antes de cada votación clave. En la tropa peronista la sorpresa fue mayúscula por la magnitud de la concentración fiscal: mientras la Casa Rosada pregona el déficit cero en los atriles públicos, en las sombras retiene partidas equivalentes a dos dígitos del producto para sentar a los gobernadores a pedir clemencia de rodillas.

Dentro de esa estructura opaca se esconde el programa 99, catalogado administrativamente como Otras Asistencias Financieras, un pozo ciego que absorbe $7,7 billones sin metas físicas, sin control legislativo y sin pauta de reparto federal. Michel desnudó que ese dinero funcionará como el salvavidas selectivo que administrará la Nación para premiar lealtades y castigar disidencias territoriales cuando no alcancen las arcas locales. La advertencia opositora apunta directamente al corazón del armado libertario: es la moneda de cambio para el año electoral que definirá la supervivencia política de distritos enteros.

El estrangulamiento al interior federal se consuma mediante la supresión de partidas históricas que sostenían el transporte público y las aulas. El Fondo Compensador del Transporte, que supo subsidiar a más de 14.000 colectivos en todo el país con una inyección de $102.000 millones, quedó congelado en cero absoluto, mientras que el FONID acumuló una deuda asfixiante con la docencia de todas las jurisdicciones. Los intendentes y gobernadores deben financiar el servicio básico con fondos propios o pagar el costo de la furia vecinal: quedan apenas $14.290 millones para salarios escolares en todo el territorio bajo el fondo remanente.

La infraestructura pública no escapó a la motosierra y trasladó el costo del deterioro a los distritos, con la disolución del ENOHSA y la clausura total del Procrear. La administración central transfirió 457 obras inconclusas y el mantenimiento de las rutas nacionales sin enviar un solo peso de coparticipación, llevando la función vivienda a un insignificante 0,01% del gasto global. Los números fríos que expuso el equipo técnico marcan que las transferencias de capital a las provincias caen un 20% real mientras el deterioro vial ya amenaza la seguridad logística en las principales arterias productivas.

El esquema tributario termina de cerrar la trampa recaudatoria a favor del Tesoro central en detrimento de los ingresos coparticipables. Mientras los gravámenes a las exportaciones crecen un 41,3% y a las importaciones un 39,2%, ese flujo queda retenido en su totalidad dentro del puerto central, dejando a los gobernadores mendigando apenas una cuarta parte del impuesto a los combustibles. Con más de $1,1 billones inmovilizados en fideicomisos sin ejecución, la advertencia del bloque opositor resume la gravedad del escenario: “¿Para qué sirve?: es la plata con la que se presiona a la provincia que no llega a pagar sueldos”.

Lo que tenés que saber sobre la caja discrecional del Presupuesto

• La caja oculta: El proyecto presupuestario acumula más de $14,8 billones en la Jurisdicción 91, de los cuales $7,7 billones corresponden a partidas sin destino específico ni control parlamentario.
• Asfixia al interior: El Fondo Compensador del Transporte y el FONID continúan sin partida asignada, forzando a los gobernadores a asumir costos operativos sin asistencia nacional.
• Obra pública paralizada: Se traspasaron 457 obras viales y civiles a provincias y municipios sin fondeo, mientras las transferencias de capital caen 20% en términos reales.
• Retención de recursos: Los impuestos que más recaudación sumarán no son coparticipables, concentrando los ingresos en la Nación para condicionar el apoyo legislativo.